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El Consejo de Europa concluye la última ronda de evaluación sobre corrupción en Portugal
El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa dio por concluida hoy la tercera ronda de evaluación sobre la criminalización de la corrupción y la transparencia de la financiación de los partidos políticos en Portugal.
La adenda al segundo informe de cumplimiento constata que, de las cinco recomendaciones pendientes en el apartado de criminalizaciones, dos han sido cumplidas y tres parcialmente cumplidas.
Entre las últimas, está criminalizar el tráfico de influencias respecto a funcionarios extranjeros, asegurar que el soborno a árbitros y jurados extranjeros esté penado e incrementar los castigos por sobornos en el sector privado con sanciones efectivas.
El Greco da por cumplidas la criminalización de los sobornos activos y pasivos de funcionarios públicos extranjeros, funcionarios y jueces de organizaciones y cortes internacionales, así como de miembros de parlamentos internacionales.
También se ha cumplido la revisión de la exención total de castigo a los que cometan delito de soborno en el sector público, concedido por un arrepentimiento efectivo.
En el informe de cumplimiento de 2015, se validaron todas las recomendaciones que habían sido realizadas anteriormente en materia de transparencia en la financiación de partidos.
El Greco aplaude la adopción final y la entrada en vigor el 22 de abril de 2015 de las enmiendas a las disposiciones del Código Penal en materia de corrupción.
Portugal se encuentra en la actualidad en el cuarto ciclo de evaluación del GRECO, sobre prevención de la corrupción de parlamentarios, jueces y fiscales.
El pasado 20 de marzo, el organismo europeo lanzó el quinto ciclo de evaluación sobre la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad en los gobiernos centrales (altos cargos del Ejecutivo) y las autoridades policiales.
El Greco está compuesto por los 47 estados del Consejo de Europa, además de Bielorrusia y Estados Unidos (EEUU).
Su objetivo principal es reforzar la capacidad de los países miembros en la lucha contra la corrupción.
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