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Cotino contrata a uno de los abogados de Francisco Correa para acabar con el policía que investiga Gürtel

Juan Carlos Navarro prepara una querella por el contenido de un informe de la UDEF en el que se cita al político y que fue encargado por el juez Ruz

El Régimen Disciplinario de la Policía prevé la expulsión del Cuerpo de los agentes que sean condenados en firme

El abogado de Cotino está imputado en el caso del plan para secuestrar al expresidente del Valencia CF Vicente Soriano

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Cotino pedirá declarar "voluntariamente" ante el juzgado para explicar su "papel" en la visita del Papa

El presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino

Todo cabe en las maniobras que destacados dirigentes del PP y del Ministerio del Interior vienen practicando contra los policías que investigan la financiación irregular del partido de Mariano Rajoy. El último episodio está protagonizado por Juan Cotino, presidente de las Cortes Valencianas y director de la Policía en el Gobierno de José María Aznar. El político valenciano prepara una querella contra el inspector que dirige las investigaciones que afectan de lleno al PP, con el fin último de apartarlo de las pesquisas. Para ello, según ha podido saber eldiario.es, Cotino ha contratado los servicios del abogado penalista Juan Carlos Navarro, el mismo que defiende en la trama valenciana al principal acusado del ‘caso Gürtel’, Francisco Correa.

El Juzgado de primera instancia número 11 de Madrid celebró este miércoles un acto de conciliación en el que Cotino pretendía que el inspector 81.067, jefe del Grupo XXI de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, se retractara del contenido de un informe en el que se cita al político valenciano. El acto de conciliación es obligado antes de la presentación de una querella por vía penal, según recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si el policía fuera condenado, el Régimen Disciplinario de la Policía contempla la posibilidad de que sea apartado del caso, incluso expulsado del Cuerpo cuando haya una sentencia firme.

La demanda presentada en el Juzgado de Madrid va firmada por Juan Carlos Navarro, aunque el abogado envió a otro letrado de su despacho al acto de conciliación. La defensa del agente 81.067 había recurrido la celebración de la vista al considerar que el asunto tiene trascendencia penal y que Cotino debe recurrir al Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, por ser el que entiende del caso Gürtel y al que se ha incorporado el informe aludido. Durante la vista, la representación legal de Cotino ha insistido en que el policía retire las afirmaciones recogidas en el informe, por lo que no ha habido avenencia.

El juez Pablo Ruz ordenó a la Policía realizar un análisis de la agenda incautada a Pablo Crespo, lugarteniente de Correa, en uno de los registros domiciliarios realizados en 2009. Es uno de los trabajos encargados por el instructor a la Policía en la fase final del caso. En ese informe de la UDEF, incorporado a la causa el pasado 28 de febrero, se constatan dos anotaciones realizadas de su puño y letra por Crespo sobre la participación de Cotino en otras tantas reuniones preparatorias de la visita del Papa a Valencia en 2006. Esos hechos son objeto de una pieza separada en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. En la misma, el exdirector de Canal 9 y los responsables de Gürtel son sospechosos de haber inflado los costes para repartirse 4,4 millones de euros en comisiones. Cotino no está imputado, al menos de momento, en la causa. Un antiguo colaborador de la época en la que Cotino era conseller de Agricultura aseguró en sede judicial que el político valenciano era quien "cortaba el bacalao" en los preparativos de la visita del Papa.

El abogado al que ha recurrido el presidente de Les Corts, Juan Carlos Navarro, es un conocido penalista valenciano experto en casos de narcotráfico. La ‘rama valenciana’ del caso Gürtel obligó a Correa a disponer de un abogado en la capital del Turia distinto al que le representa en la pieza central que investiga la Audiencia Nacional, donde le defiende José Antonio Choclán. Desde el pasado 11 de abril, Navarro se encuentra imputado en la causa por el intento de secuestro del expresidente del Valencia Club de Fútbol Vicente Soriano, un plan urdido presuntamente por otro antiguo presidente del equipo, Juan Soler.

Según un confidente de la Policía, testigo protegido, Soler habría planeado el secuestro para cobrar los 39 millones de euros que le debe Soriano por un paquete de acciones del Valencia. El citado testigo habría relacionado a Navarro con una supuesta labor de mediación para que Soriano pagara la deuda. Cuando fue reclamado, el letrado se negó a declarar acogiéndose al secreto profesional. Después negó su participación en los hechos, en declaraciones a Europa Press, y denunció que alguien quiere perjudicarle por su intervención profesional en asuntos "grandes". El diario ‘El País’ publicó el martes que el confidente ha dejado fuera de la trama a Navarro en una nueva declaración. Fuentes del TSJV confirmaron a eldiario.es que el abogado aún sigue imputado.

Interior acosa a los investigadores

La fase final del caso Gürtel y los avances en la investigación de la financiación irregular del PP han recrudecido las presiones que sufren los investigadores del caso. Eldiario.es reveló en abril que los agentes del Grupo XXI eran objeto de una investigación por parte de Asuntos Internos de la Policía, en relación con la filtración de un informe sobre Ana Mato en 2010, cuando la causa ya no estaba secreta. En total, el inspector 81.067 y sus colaboradores han sido interrogados por la unidad secreta de la Policía en al menos cuatro ocasiones, en todas ellas por su trabajo de investigación al PP.

La presión de Asuntos Internos, que depende directamente de la Dirección Adjunta Operativa, se suma a los relevos en la cadena de mando impuestos desde el Ministerio del Interior ante la imposibilidad de controlar los informes policiales que señalan a dirigentes del PP y acreditan la financiación irregular del partido. El último iba a suponer la colocación como jefe directo del inspector 81.067 de un comisario de la total confianza de la cúpula policial elegida por el Partido Popular. Solo la noticia del relevo, adelantada por eldiario.es horas antes de que se materializara, hizo rectificar a Interior. Fuentes policiales aseguran que fue el propio ministro, Jorge Fernández Díaz, quien ordenó detener el relevo, a pesar de que ya se había informado de él en todos los centros de mando de la Policía.

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