Ecuador dice que condena CorteIDH por despido de jueces acoge sus argumentos

La Procuraduría General de Ecuador consideró hoy que la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) al Estado ecuatoriano por la destitución arbitraria de ocho vocales del Tribunal Constitucional en 2004 acoge sus argumentos sobre las remuneraciones que no percibieron los jueces.

La (CorteIDH) condenó al Estado por la “cesación arbitraria” de los vocales, decidida durante el Gobierno de Lucio Gutiérrez, y señaló que tal decisión, junto a “los juicios políticos” contra los vocales en el Congreso, provocó la violación de las garantías judiciales, la independencia judicial, la garantía de imparcialidad y de acceder a un recurso judicial efectivo.

En su fallo, hecho público ayer, la CorteIDH, que tiene su sede en Costa Rica, ordenó a Ecuador pagar 60.000 dólares a cada uno de los ocho jueces destituidos como indemnización por la imposibilidad de retornar a sus cargos.

Además, un total cercano a los 1,7 millones de dólares por daño material que se repartirá en diferentes montos entre los ocho afectados, así como 7.000 dólares por los costos y gastos del proceso.

La Procuraduría, en un comunicado, subrayó hoy que con este fallo se ha establecido que el cálculo de reparaciones a los vocales ha de ceñirse al periodo 2004-2008, ya que en este último año se produjo una reforma constitucional en el país, y no como pretendían los abogados de los exmagistrados y vocales, por el período comprendido entre 2004 y 2013.

Con ello se ha conseguido “un importante ahorro de recursos públicos”, agregó el comunicado de la Procuraduría.

En cuanto a la indemnización compensatoria decidida por la CorteIDH para los afectados, dada la imposibilidad de que retornen a sus funciones, el organismo público ecuatoriano consideró que se han cerrado “categóricamente las puertas a la posibilidad de que sean reincorporados a sus cargos”.