La exasesora de Empleo revela que Guerrero “era el último en enterarse” de la concesión de un ERE

La exasesora de la Dirección General de Trabajo María José Rofa ha asegurado que en su época (2008 a 2011) “venían de más arriba” órdenes para dar ayudas y ha descrito el caos que encontraron al llegar en la documentación de las dadas en la etapa anterior, ya que “no había solicitud” ni “expediente al uso”. La testigo también ha denunciado haber recibido “amenazas de sus superiores”, pero no ha señalado a nadie en concreto ni los fiscales le han interrogado por ello.

Rofa -testigo clave en el caso ERE que aportó mucha documentación para la investigación- ha declarado este lunes en el juicio de la pieza política contra 22 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un “procedimiento específico” con el que durante una década la Junta repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo el control, según la Fiscalía.

Ha estado investigada en varias piezas separadas del caso -aún lo está en alguna- y antes de comenzar a responder preguntas ha destacado su colaboración “en todo lo que se me ha pedido” con “25 declaraciones” y aportando documentos para “explicar la situación de la Dirección General de Trabajo, donde viví situaciones de amenazas de mis superiores”.

Entró en la Dirección General de Trabajo como asesora en julio del 2008 de la mano de Juan Márquez, uno de los acusados en el juicio junto a su antecesor Javier Guerrero, y siendo consejero Antonio Fernández, igualmente procesado (hasta el 2011 también trabajó con Manuel Recio como consejero y Daniel Rivera como director general).

Márquez le encomendó encargarse con el también asesor Ramón Díaz entre otros de las ayudas sociolaborales de la Dirección de Trabajo y recopilar “las deudas y compromisos firmados” de su antecesor, época en la que no “había habido ningún funcionario encargado” sino que lo llevaba Guerrero y sus secretarias según le dijeron.

Cuando preguntó por la normativa que las regulaba, le explicaron que “lo que había era un convenio que se había firmado con IDEA”, agencia pública a través de la cual se pagaban las ayudas con dinero que le enviaba Empleo (según la Fiscalía para eludir la fiscalización previa), un convenio que cuando lo vio le pareció “simple, un acuerdo de política de Gobierno pero no una cosa jurídica”.

Según Rofa, detectaron que “había muchos más compromisos” de ayudas de la disponibilidad presupuestaria para el programa y “toda la deuda estaba vencida generando intereses” porque se habían incumplido los plazos de pago, lo que provocó muchas reclamaciones.

Cajas y archivadores hasta en el despacho que ocupó Guerrero donde “no había un orden” y un “cúmulo de documentación” con “notas de reuniones” mantenidas para la negociación de los ERE, “borradores de lo que iba a costar la póliza” de renta para las prejubilaciones y en algunos casos “el convenio y poco más” era la documentación que hallaron sobre las ayudas pero “no había solicitud” ni “expediente al uso”.

En la mayoría tampoco aparecía la relación de los trabajadores afectados o copia de las pólizas ni aludían a la norma que amparaba la concesión de las ayudas, e incluso vieron “pagos cruzados” en los que Guerrero ordenaba a IDEA pagar ayudas a un colectivo con dinero enviado para otro, lo que “para nosotros era un puzzle”.

De los directivos de mediadores en los ERE Vitalia y Uniter -Antonio Albarracín y José González Matas respectivamente, investigados por el cobro de sobrecomisiones- llegaban reclamaciones de pólizas sin pagar, sobre todo “Albarracín era un machaque continuo”.

Preguntada por el fiscal si su jefe le ordenó arreglar los expedientes haciendo convenios a posteriori de ayudas dadas, ha respondido que se hicieron convenios pero “no porque hubiera que arreglar sino que los expedientes de Guerrero era como que se habían quedado a medias había asumido compromisos y si se decidía pagar, se hacía el convenio para continuar el expediente”.

Según Rofa, en su época todas las órdenes de pago además de por Márquez iban firmadas por el viceconsejero de Empleo, un visto bueno que “según la rumorología” se implantó en época de Guerrero para ejercer un “control” por el “desfase” que causaba en IDEA que asumía ayudas por importe superior al presupuesto.

Además de que “el director general por si sólo no podía pagar”, ha asegurado que en su época “algunas veces era el último en enterarse” de la concesión de una ayuda, que “venían de más arriba”, citando la destinada a los extrabajadores de Delphi que la decidió el viceconsejero Agustín Barberá, la de Boliden acordada “por Presidencia”, la de Santana que atribuye a una “decisión política” o la de Navantia procedente de “Innovación”.

El fiscal le ha preguntado si su jefe le dijo que alguna vez había recibido indicaciones de cargos de fuera de la Consejería de Empleo para conceder ayudas y Rofa ha respondido que “directamente no pero indirectamente sí”.

Márquez encargó en el 2009 un informe al bufete Garrigues para revisar el procedimiento de concesión de las ayudas y el fiscal le ha preguntado por qué hubo un intercambio de borradores de ese informe, a lo que ha dicho que para indicar en qué hacer hincapié o cómo redactarlo más claro porque “hay una tendencia en todos los cargos públicos a no leer, de siempre”.

El informe definitivo al que el consejero dio el visto bueno no estuvo hasta diciembre pero según la testigo en la Dirección de Trabajo ya desde verano se cambiaron procedimientos siguiendo las indicaciones del mismo.