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Exasesora de Podemos este lunes de nuevo ante el juez por el robo de su móvil

El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, toma este lunes declaración de forma presencial a la exasesora de Podemos Dina Bousselham en el marco de la pieza en la que se investiga el robo de su móvil en 2016 para extraer los datos de su tarjeta.

EFE

Madrid —

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El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, toma este lunes declaración de forma presencial a la exasesora de Podemos Dina Bousselham en el marco de la pieza en la que se investiga el robo de su móvil en 2016 para extraer los datos de su tarjeta y que fueron encontrados en poder del excomisario.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, el juez ha decido mantener su comparecencia como perjudicada -la segunda por esta causa- después de que Bousselham, por un lado, y el abogado de Villarejo, Antonio José García Cabrera, por otro, pidieran la suspensión de la declaración, han informado a Efe fuentes jurídicas.

Ambos reclamaron al juzgado poder acceder antes de la comparecencia a una copia de los datos del móvil intervenidos a Villarejo, a lo que García Castellón se negó en un auto, al que ha tenido acceso Efe, argumentando que la entrega de copias es “un riesgo inadmisible al que se verían expuestos los legítimos intereses de las personas perjudicadas”.

No obstante, les dio la posibilidad de poder “comparecer en la secretaria de este juzgado al objeto de proceder al examen del volcado de los efectos informáticos aportados a las actuaciones”, y, según ha informado Vozpopulí, Bousselham optó por acudir el pasado jueves a la Audiencia Nacional para consultar esos contenidos.

El abogado de Villarejo también alegó para pedir la suspensión de esta comparecencia “las dificultades de desplazamiento por el estado de alarma y por razones sanitarias y de protección”.

Ante esta circunstancia, el magistrado ha permitido a los abogados personados en esta pieza del caso Tándem, la número 10, que sigan la comparecencia a través de un sistema de videoconferencia, según las citadas fuentes.

Con esta nueva citación, el juez pretende aclarar los pormenores en torno al robo del móvil de la exasesora de Podemos, que hace unos días anunciaba que dejaba el partido para dirigir un diario digital llamado La Última Hora.

El teléfono, según ella misma relató en su primera declaración, le fue sustraído en un establecimiento comercial en el que se encontraba junto a su pareja, quien posteriormente también fue llamado a declarar.

La sustracción del móvil se produjo en los meses previos a las negociaciones para formar Gobierno en 2016 y se investiga si está relacionado con un presunto espionaje político al partido de Iglesias o si solo se trató, como afirmó Villarejo, de un acto de venganza o despecho.

Tras producirse el robo, el material extraído del móvil de la exasesora de Podemos llegó a la redacción de Interviú en un sobre de forma anónima.

Por eso fue llamado a declarar el exdirector de Interviú Alberto Pozas, que explicó que tras revisarlo consideraron que esos datos no eran publicables.

Confirmó que él fue quien le dio a Villarejo el “pendrive” con la copia de los datos del teléfono que fue hallado en el registro de la casa del excomisario porque éste se lo requirió, mientras que el presidente del Grupo Zeta -editora de Interviú-, Antonio Asensio, decidió entregar la tarjeta del móvil a Pablo Iglesias.

De este modo, se confirmaba parte de la versión que prestó el propio Villarejo al respecto al revelar que fue Pozas quien le entregó ese “pendrive”, una constatación que derivó en la imputación del periodista por presunta revelación de secretos y que le llevó a dimitir de su puesto de director general de Información Nacional de Moncloa.

Con el contenido del lápiz USB, según la versión del propio Villarejo, el excomisario elaboró un informe que elevó a sus superiores y en el que señalaba que el contenido del dispositivo carecía de “interés policial”, por lo que lo archivó, como hacía con todos sus trabajos.

Sin embargo, desde Podemos sostienen que ese robo forma parte de una operación para desacreditar al partido y en la que se enmarcaría el llamado informe Pisa sobre la presunta financiación iraní y venezolana de la formación morada. Un informe policial que aparentaba haber sido elaborado por la UDEF, pero no llevaba firma ni sello, y fue rechazado en todos los tribunales.

Según expuso en uno de sus escritos la representación del vicepresidente Pablo Iglesias, personado también como perjudicado en esta pieza, el hallazgo en poder de Villarejo de los datos del móvil de Dina, “y su utilización por el medio de comunicación okdiario”, parece estar “encuadrado en una presunta orden del Gobierno del PP para perjudicar los resultados electorales de Podemos”.

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