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Fernández de la Vega se someterá al examen del Congreso antes de su nombramiento como presidenta del Consejo de Estado
La jueza y exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, propuesta por el Ejecutivo para presidir el Consejo de Estado, se someterá al examen del Congreso de los Diputados antes de que el Consejo de Ministros proceda a su nombramiento, han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes su decisión de proponerla para ser la primera presidenta que tenga el Consejo de Estado, el supremo órgano consultivo del Gobierno donde la exvicepresidenta del Gobierno ejerce actualmente de consejera.
Pero antes de que el Consejo de Ministros apruebe su nombramiento, el Gobierno de Pedro Sánchez quiere que la candidata se someta al examen de la Comisión Constitucional del Congreso, en cumplimiento de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos, explican a Europa Press las fuentes consultadas.
Esta norma establece en su disposición adicional tercera que el Gobierno pondrá en conocimiento del Congreso de los Diputados, con carácter previo a su nombramiento, el nombre del candidato propuesto para presidir el Consejo de Estado con el fin de que pueda disponer su comparecencia parlamentaria.
HABRÁ UN DICTAMEN
El objetivo es que el Congreso pueda examinar a la candidata, a la que los diputados podrán formular las preguntas o solicitar las aclaraciones que crean convenientes. La Comisión emitirá posteriormente un dictamen en el que se pronunciará sobre si se aprecia su idoneidad o la existencia de conflicto de intereses, especifica la norma.
Aunque la Ley Orgánica del Consejo de Estado señala que el presidente del órgano consultivo será nombrado “libremente” por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere ser escrupuloso en su relación con el Parlamento.
Por eso, dará la opción al Congreso de examinar a su candidata, tal y como contempla la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos. En 2012, el PSOE se quejó de manera formal al entonces presidente del Congreso, Jesús Posada, por el nombramiento de José Manuel Romay Beccaría como presidente del Consejo de Estado. Lo consideraba “contrario a la ley” porque no había sido sometido al preceptivo examen parlamentario.
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