García Linera: “Nos tienen que matar antes de que aceptemos privatizaciones”

El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, ratificó hoy la oposición del Gobierno de Evo Morales a privatizar la administración de los recursos naturales de su país, e indicó que primero tendrían que matarlos.

“Mientras Evo y Álvaro estemos vivos nunca vamos a privatizar lo que es del pueblo, primero que nos maten y luego si quieren que privaticen”, afirmó el vicepresidente en un acto con campesinos en el altiplano de La Paz.

La autoridad hizo estas declaraciones a propósito del violento conflicto registrado las últimas semanas con cooperativas mineras en el que fue asesinado a golpes el viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, y murieron cuatro mineros.

Tres de los trabajadores murieron por heridas de bala y un cuarto falleció debido a una explosión por mala manipulación de dinamita.

García Linera reiteró que los dirigentes de las cooperativas mineras realizaron las protestas para que el Gobierno les permita “entregar las minas a empresas extranjeras”.

“No hemos aceptado y también por eso han matado a nuestro viceministro, lo han torturado como a Cristo. Lo han llevado al cerro, le han hecho caminar descalzo, lo han pateado, le han hecho rodar como pelota, le han golpeado con palo en sus costillas, le han hecho andar de rodillas, se han roto sus huesos”, señaló.

Según el vicepresidente, Illanes fue a dialogar con los mineros para “defender lo que es de Bolivia: la tierra, las minas, el gas” natural, recursos que no son “para entregar a los extranjeros”.

“Por eso no hemos aceptado y no vamos a aceptar nunca. Nos tienen que matar a nosotros antes de que aceptemos que privaticen las minas (...) Las minas, la tierra, el agua, el gas son de todos los bolivianos y es con esa plata que hacemos las obras”, insistió.

El presidente Morales y sus ministros se reunirán este jueves de forma extraordinaria para tomar medidas ante las supuestas “ilegalidades” en las cooperativas mineras.

Según el Gobierno, hay más de 30 contratos firmados por las cooperativas con privadas sobre yacimientos del Estado que les fueron dados en concesión para estimular el cooperativismo, lo cual se considera una ilegalidad porque las minas pasaron a terceros.