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Aguirre pagó 360.000 euros por el Campus de la Justicia a un investigado por financiar ilegalmente al PP

Esperanza Aguirre, en 2008, durante su intervención tras la colocación de la primera piedra del Campus de la Justicia.

Marcos Pinheiro

Las cuentas del Campus de la Justicia están bajo sospecha. Al igual que con otras adjudicaciones del gobierno de la Comunidad de Madrid durante la época de Esperanza Aguirre, los investigadores del caso Púnica han puesto la lupa en el detalle de los contratos del fallido macroproyecto. En esas cuentas aparecen las empresas de Daniel Mercado, el publicista investigado por amañar contratos con administraciones del PP y desviar dinero para pagar actos del partido.

Según el detalles de las cuentas a las que ha tenido acceso eldiario.es, Over Marketing y Traci Comunicación se encargaron en los primeros años de parte del trabajo de promoción de este proyecto, que buscaba agrupar todas las sedes judiciales en unas instalaciones situadas en Valdebebas. Los edificios del Campus, que ahora se llama Ciudad de la Justicia, siguen abandonados esperando una reactivación que no llega, después años de despilfarro de dinero público y numerosos escándalos políticos.

Francisco Granados fue protagonista de algunos de ellos. Como consejero de Justicia impulsó el proyecto, organizó un acto para poner la primera piedra que costó 1,4 millones de euros y encargo costosos informes que nunca se utilizaron. El ex secretario general del PP de Madrid está ahora en la cárcel de Estremera mientras se investiga sus negocios con la Púnica y su papel en la financiación ilegal del partido.

Over Marketing y Traci Comunicación son dos de las empresas con las que el publicista Daniel Mercado se hacía con adjudicaciones de administraciones públicas del PP, entre las que está el gobierno madrileño. Estas dos compañías recibieron en total 362.000 euros por sus trabajos de promoción para el Campus de la Justicia, según recoge el libro mayor de cuentas que el Ejecutivo de Cristina Cifuentes ha localizado recientemente, tras darlo por perdido en un primer momento.

Ese dinero se pagó por trabajos que se realizaron en los ejercicios de 2005 y 2006. El primer año Over Marketing recibió 65.277 euros y Traci Comunicación cobró 116.145 euros, y ambas percibieron las mismas cantidades en el ejercicio siguiente. Entre sus trabajos, eventos de promoción o elaboración de lonas publicitarias, pero no está claro que el total de esos montantes se destinase a los trabajos para los que habían sido contratadas ambas empresas.

Los investigadores del caso Púnica analizan estas partidas en la pieza separada sobre la financiación ilegal del PP de Madrid. Daniel Mercado se sitúa en el centro de esta trama, como uno de los empresarios que habrían ayudado a nutrir la caja B del partido gracias al dinero que obtenía de contratos como los del Campus de la Justicia.

El juez Eloy Velasco reactivó hace unas semanas esa rama de la Púnica, tras en análisis de la documentación encontrada en casa del excelente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron en pasado 7 de marzo en la Consejería de Sanidad para requerir documentación sobre el plan de infraestructuras sanitarias que se llevó a cabo en los años 2004-2007.

En concreto, los agentes buscaban información sobre el dinero destinado a campañas de buzoneo y vídeos, unos 23 de millones, el 1% del montante total del plan que ascendió a 2.300 millones de euros. Los investigadores sospechan que parte de ese dinero se desviaba para pagar actos del partido a través de varias empresas, entre las que estarían las de Mercado, imputado en otros procesos en los que ya ha admitido que amañaba contratos de administraciones gobernadas por el PP.

Según detalló al juez José Castro, que le ha mandado ahora a juicio por sus tratos con Jaume Matas, sus empresas se hacían con las adjudicaciones públicas. “La práctica consistía en invitar a tres empresas de mi grupo en los contratos negociados sin publicidad ha ocurrido en Baleares, en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Valenciana y en la Junta de Castilla y León”, declaró. A veces se le otorgaban los contratos a dedo si estos no superaban el límite para sacarlo a concurso público.

Sus tratos con los políticos del PP se marchitaron entre 2007 y 2008, cuando apareció otro proveedor para su mismo servicio: Francisco Correa. Según publicó El Mundo, Mercado declaró ante el juez Castro que su buena relación con los populares acabó cuando el cabecilla de Gürtel le amenazó para que no siguiese trabajando con organismo públicos en manos del PP.

“Sentí miedo”, aseguró Mercado, aunque dice que siguió actuando como hasta entonces. Poco después vio cómo una consejería le anulaba uno de los encargos publicitarios a sus empresas y a partir de ahí se acabó su relación con el PP. Dejaba de ser quien le organizaba los actos al partido y su nombre entre los cargos populares dejó de sonar, mientras se alzaban otros como el propio Correa, Pablo Crespo o Álvaro Pérez ‘El Bigotes’.

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