El Gobierno británico analizará los costes y beneficios de los comunitarios en el Reino Unido

El Gobierno británico ha encargado un “análisis detallado” sobre los costes y los beneficios de los comunitarios en el Reino Unido como parte de los planes en materia de inmigración tras el “brexit”, informaron hoy fuentes oficiales.

La ministra de Interior, Amber Rudd, ha pedido al Comité de Asesoramiento de Migración, un organismo independiente, que estudie las actuales tendencias migratorias y evalúe la labor de los ciudadanos de la Unión Europea (UE) en la economía y la sociedad.

La situación de los comunitarios que viven en el Reino Unido y de los británicos que residen en la Europa continental es uno de los puntos más difíciles y prioritarios que tienen que atender los responsables de las negociadores sobre la salida del Reino Unido de la UE, sin que hasta el momento se consiguiesen avances.

El estudio tendrá en cuenta factores como la distribución regional de los comunitarios en el país, los niveles de preparación para los empleos y también la situación de los ciudadanos de la UE que hacen trabajos temporales, especialmente en el sector agrícola.

Rudd señaló que se trata de un “importante paso en asegurar que creamos un sistema que funciona para el mejor interés del país”, tras las inquietudes manifestadas por distintos sectores sobre el efecto negativo que pueda tener para la economía británica la partida de comunitarios, especialmente de médicos, enfermeras o de científicos que trabajan en las universidades.

El asunto de la inmigración centró los debates en la campaña para el referéndum sobre la permanencia o salida del Reino Unido del bloque europeo celebrado el 23 de junio del año pasado.

El Gobierno ha prometido reducir el nivel de migración neta -la diferencia entre las personas que entran y las que salen- a 100.000 al año, pero en 2016 la cifra alcanzó 248.000 individuos.

“El Reino Unido se mantiene como un centro para el talento internacional. Debemos mantener el atractivo de los mejores y más brillantes inmigrantes de todas partes del mundo”, dijo Rudd.

Los expertos a cargo del informe tendrán la misión de evaluar en detalle asuntos como el impacto en materia económica y social de una caída en la llegada de inmigrantes comunitarios.

El comité deberá completar su documento en septiembre del año próximo, seis meses antes de la fecha calculada para la salida del Reino Unido de la club comunitario, en marzo de 2019.

Antes de septiembre de 2018, se espera que el comité entregue al Gobierno informes provisionales mientras las autoridades buscan un nuevo régimen migratorio para cuando el país esté fuera de la UE y quede sin efecto el principio comunitario de libre movimiento.

Entre los puntos más importantes que tendrá que evaluar el comité figura evaluar los sectores de la economía que más dependen de la fuerza laboral de la UE y el actual impacto de la inmigración, tanto comunitaria como fuera del bloque europeo.

El subdirector general de la Confederación de la Industria Británica (CBI), Josh Hardie, expresó hoy su satisfacción por la elaboración de este documento, que calificó como “un primer paso sensato” y “vital” para atender los interrogantes de las empresas, pues muchas dependen de la fuerza laboral comunitaria.

“Los negocios necesitan saber en forma urgente cómo será el nuevo sistema (de inmigración) durante (un periodo) de transición y después”, añadió Hardie.

Sin embargo, la medida del Gobierno ha sido criticada por el pro-europeo Partido Liberal Demócrata, cuyo portavoz de Interior, Ed Davey, dijo que las autoridades tienen que explicar por qué este estudio no fue encargado hace un año, después del referéndum.

“La Sanidad pública, las empresas y las universidades que dependen de los ciudadanos comunitarios necesitan respuestas ahora, no dentro de 14 meses”, añadió Davey.