El Gobierno regula el régimen jurídico de control interno de los Ayuntamientos

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un real decreto por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local, tomando como referencia el modelo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Según la información facilitada por el Ejecutivo, el nuevo régimen respeta el principio de la autonomía local y su capacidad para auto-organizarse.

La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local del año 2013 encomendaba al Gobierno la regulación de los procedimientos necesarios para establecer un control económico-presupuestario más riguroso en las entidades locales, reforzando el papel de la función interventora.

Cumpliendo con este mandato, el Ejecutivo ha dado hoy el visto bueno al citado real decreto, que también tiene el respaldo de todos los órganos involucrados, principalmente la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y tras consultar con las comunidades autónomas.

La nueva regulación se aplicará a las entidades locales, los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público dependientes de municipios, así como a los fondos carentes de personalidad jurídica cuya dotación se efectúe mayoritariamente desde los presupuestos generales de entes locales y consorcios adscritos a ellos.

Se fijan en la normativa unos estándares mínimos que debe cumplir el régimen de control de las entidades locales, a las que se dota de una estructura común de control interno que permita aplicar de manera homogénea los tres ámbitos del mismo: la función interventora, el control financiero y la auditoría pública.

Las corporaciones deberán adaptar a su realidad los instrumentos de la nueva normativa en función de los medios disponibles.

Como novedad, el Gobierno destaca la posibilidad de establecer mecanismos de colaboración o contratación.

Estas medidas buscan una gestión más eficaz, homogénea y transparente de los órganos de control interno en todo el territorio nacional; cubrir el vacío legal existente, reforzar el papel y las funciones de los órganos de intervención, homogeneizar los procedimientos de control y garantizar una mayor profesionalización y eficacia en el ejercicio de estas funciones.

Los principales resultados del control interno se recogerán en un informe que deberá elaborarse anualmente y que será puesto en conocimiento del pleno, del Tribunal de Cuentas y de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

En todo este proceso, la IGAE tendrá un papel activo con el objetivo de conseguir una adecuada implementación del modelo, según el Gobierno.

Así, analizará las necesidades de formación para programar las actuaciones que sean necesarias en los centros públicos especializados.

Igualmente, se podrán formalizar convenios de colaboración para actuaciones de apoyo: acceso a bases de datos gestionadas por la Intervención, resolución directa de consultas o realización de informes de consultoría con propuestas para un mejor funcionamiento.