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Dos filiales de ACS, investigadas en la trama de influencias de contratos públicos de los González

Esperanza Aguirre e Ignacio González en la inauguración de las instalaciones en marzo de 2007.

elDiario.es Política

Al menos dos empresas vinculadas con ACS están siendo investigadas en la Operación Lezo que trata de desemarañar la red de favores que el clan de los González, Ignacio González expresidente de la Comunidad de Madrid y Pablo González, su hermano, habían tejido gracias a diversas empresas públicas.

Según el auto de prisión de Ignacio González, dictado por el juez Eloy Velasco, dos operaciones con dinero público tuvieron como protagonistas a empresas de ACS.

La primera operación está relacionada con Mercasa, la empresa pública que gestiona los mercados de abastos españoles y que está siendo tramitada en una pieza separada por el juez José de la Mata. Sin embargo, ambos casos parecen confluir durante la investigación y en el auto el juez hace mención especial a una operación que gestionó el hermano de Ignacio González, Pablo.

Según el juez, Pablo González “instrumentaliza la gestión de la empresa pública Mercasa” con una “sociedad instrumental, Asesora 25, que percibe fondos de Urbaser entre 2011 y 2015 por un importe total de más de 370.000 euros”. Urbaser era hasta diciembre de 2016 la empresa de “limpieza viaria” del grupo ACS. Fue vendida al grupo chino Finion hace apenas cuatro meses pero pertenecía a ACS en la operación objeto de investigación.

El auto dice que “existen indicios que está concertado [sic] un directivo de dicha empresa para influir en procesos de contratación pública de Mercagranada”. La sede de Urbaser fue registrada junto con el resto de empresas involucradas en la operación Lezo el pasado miércoles.

Campo de Golf de Chamberí

La segunda operación guarda relación directa con el Canal de Isabel II, eje principal de la pieza que ha llevado al expresidente de la Comunidad de Madrid a prisión. Según el escrito, Gonzalez intercedió para que el gobierno regional aprobara en 2007 el proyecto de la construcción de dos campos de golf en Chamberí declarando las obras de interés general y dando luz verde al operativo del Canal de Isabel II en el momento en que era presidente del consejo de administración del mismo.

El magistrado concluye en su auto que González tramitó una comunicación desde el consejo de la empresa de agua madrileña al gobierno regional resaltando que estaba al frente del Canal y que era vicepresidente del Ejecutivo regional en ese momento.

El objetivo era conseguir que se aprobara el nuevo proyecto para Chamberí (el originario se basaba en parques públicos, un campo de fútbol y un pequeño helipuerto) pese a que el Consistorio advirtió en 2006 que esta solicitud no era acorde a las normas de urbanismo.

El proyecto siguió adelante gracias a la intermediación de la Comunidad de Madrid y se adjudicó al consorcio Green Canal Golf, a pesar de que la mejor oferta provenía de otro licitador que le aventajaba en 11 puntos. Dicho consorcio estaba integrado por varias empresas, entre ellas Tecnoconcret, participada por su hermano Pablo González y su cuñado José Juan Caballero.

Por ello el magistrado, concluye en su auto que estos hechos ponen de manifiesto que existió un “riesgo potencial de manipulación en la adjudicación del contrato que pudo permitir a los investigados orientar el procedimiento a sus intereses particulares”.

El papel de Dragados

En el auto, el juez reseña cómo “en el año 2003 se adjudicó la construcción de unas instalaciones de parques en el Tercer Depósito del CYII a la sociedad ACS”. Y prosigue. “Existen indicios de que instó y tramitó [en referencia a Ignacio González] la modificación de un parque para construir un campo de golf en el año 2006 y 2007 en el solar del Tercer Depósito del CYII”, siendo utilizada la operación supuestamente para desviar fondos que finalmente revirtieron en su círculo familiar más cercano a través de la sociedad Tecnoconcret, que estuvo participada entre otros por su hermano Pablo González y su cuñado José Juan Caballero“.

El auto recuerda que Dragados, filial de ACS, era la adjudicataria del contrato de construcción de las instalaciones deportivas del Canal pero facturaba Tecnoconcret. Así, Tecnoconcret declaró entre 2006 y 2007, años en los que se construyó el campo de golf, ventas a Dragados por importe de 3,26 millones de euros.

Además precisa que a pesar de desvincularse “formalmente” del consorcio, Tecnoconcret declaró ventas a Green Canal Golf entre los años 2007 y 2012 por importe de 623.000 euros por lo que la sociedad siguió facturando en el periodo en el que estaba participada por el entorno de González.

De manera paralela a los ingresos, se detectaron “importantes movimientos de dinero en efectivo” en las cuentas de dicha sociedad, el de mayor cantidad el efectuado entre 2008 y 2011 por más de medio millón de euros. También se registraron disposiciones de efectivo por parte de los socios José Antonio Clemente Martín y Fernando Manuel Serrano Fuentes.

El auto concluye que esta empresa era “un canal de extracción de grandes cantidades de efectivo” que podrían coincidir con el dinero en efectivo que Ignacio González maneja actualmente.

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