Juez mantiene la imputación de Prada por su gestión en el Campus de la Justicia

El juez José de la Mata ha rechazado la petición del exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada de que se anule la causa contra él por corrupción en su gestión del Campus de la Justicia (CJM), al entender que “tomaba parte directa” en las “decisiones estratégicas” de la entidad investigada.

El magistrado de la Audiencia Nacional ha desestimado la petición del consejero de Justicia durante la etapa de Esperanza Aguirre de anular el procedimiento, en la que se planteaba “una inconstitucional politización de la justicia” y acusaba a De la Mata de haber puesto en marcha una “guerra jurídica”.

El juez niega esas acusaciones y desgrana los motivos por los que Prada está investigado en el procedimiento. En primer lugar, recuerda que fue presidente de la CJM y ostentó por tanto la “gestión efectiva de la sociedad”, que está bajo la lupa del juez por supuestas irregularidades en los contratos.

Luego, en 2005, fue designado presidente de su consejo de administración y como tal, dice el juez, “tenía todas las facultades del consejo legal y estatutariamente delegables”.

“Ha quedado evidenciado, adicionalmente, que tomaba parte directa, de modo personal e inmediato, en las decisiones estratégicas y operativas de la compañía”, afirma el magistrado, y como tal suscribió contratos en nombre del CJM y tuvo firma autorizada en su cuenta, con la que ordenó transferencias, así como una tarjeta bancaria ligada a esa cuenta.

Para el juez, estos “son elementos objetivos suficientes para mantener su situación de persona investigada en el procedimiento. Y son los elementos, los únicos elementos, como no podía ser de otro modo, que sustentan la actuación judicial”.

Por ello, desestima la petición de nulidad de actuaciones de Prada y le mantiene como investigado en el procedimiento.

El pasado marzo Prada declaró ante el juez de la Audiencia Nacional por delito societario y malversación, dentro de una causa abierta por supuestas irregularidades en el proyecto del CJM, por el que se llegaron a pagar 91,7 millones, pero del que sólo se levantó finalmente un edificio: el Instituto de Medicina Legal.

El juez investiga contratos por valor de 355,5 millones de euros, de los que 324,7 millones correspondían a contratos para las construcciones del Campus, que debían sustituir a 21 inmuebles que se ocupaban en la ciudad de Madrid.