Juzgados de Oviedo, Alicante y Córdoba reciben el premio a la calidad de la Justicia

Juzgados de Oviedo, Alicante y Córdoba han recibido hoy el premio a la Calidad de la Justicia, galardones que otorga el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que reconoce prácticas que mejoran la eficacia, la transparencia y la accesibilidad del sistema.

El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha sido el encargado de entregar el premio a la Justicia eficaz al juzgado de primera instancia de Oviedo , especializado en cláusulas abusivas y que dictó en 2017 casi 1.000 sentencias, resolviendo en siete meses más del 30 % de los asuntos ingresados.

Lesmes ha vinculado la calidad al esfuerzo, el talento, la iniciativa y la ilusión y ha abogado por esos valores recordando que “una justicia sin la confianza de los ciudadanos no es una buena justicia”.

Los galardones premian también a organismos vinculados con la administración de Justicia y la fiscal general del Estado, María José Segarra, ha entregado el premio de la eficacia al equipo técnico de la fiscalía y el juzgado de menores de Castellón.

En colaboración con profesoras del departamento de Psicología de la Universidad Jaume I, que han recogido la distinción, han desarrollado un protocolo para determinar el riesgo de reincidencia de los menores infractores, un sistema que busca la objetividad a la hora de determinar las medidas educativas que pueden imponerse.

En el apartado de “Justicia más transparente” ha sido distinguido el juzgado de lo contencioso número 4 de Alicante, que ha apostado por los trámites orales para acelerar la resolución de procedimientos; y también el servicio de actos de comunicación de Amposta (Tarragona).

El premio a la “Justicia más accesible”, por su parte, ha recaído en esta edición en el juzgado de lo social número 3 de Córdoba, que decidió reorganizar su trabajo y poner en marcha un sistema de acumulación de procesos que ha permitido evitar colapsos y acelerar resoluciones.

También ha recibido en esa categoría el premio el grupo de trabajo de la administración de justicia y de registradores de la propiedad de la Comunidad Valenciana, por su labor a la hora de consensuar criterios en las áreas que intervienen, desde anotaciones de embargo hasta adjudicaciones en subasta, para evitar problemas que retrasar los procedimientos.