Los Mossos buscan al preso fugado por la periferia de Tarragona y Reus

Los Mossos d'Esquadra buscan por los barrios periféricos de Tarragona y Reus al preso fugado el pasado lunes de la prisión de Tarragona, ha confirmado a Efe la Policía catalana.

Después de que ayer los Mossos desplegaran diversos dispositivos por El Catllar (Tarragona) y por poblaciones cercanas a Tarragona, los controles se mantienen durante el día de hoy en los barrios periféricos de Tarragona y Reus, donde el evadido podría tener contactos y personas conocidas.

El huido, Manuel L.P., de nacionalidad española, vecino de Reus y preso por diversos robos con intimidación, se fugó junto con otros dos reclusos, que luego fueron detenidos y con los que no tenía ningún tipo de relación.

Nada más saltar la valla perimetral de la prisión, Manuel, de 30 años, se dirigió hacia el cercano Hospital Joan XXIII.

Su último domicilio conocido se situaba en el barrio de Sant Josep Obrer de Reus, aunque antes había residido en La Plana, barriada de Vila-seca cercana a Reus. Ambos barrios poseen casi exclusivamente población de etnia gitana.

Los otros dos reclusos fugados, el venezolano Guillermo G.S., y otro preso español, intentaron evadirse juntos, pero este último fue inmediatamente detenido al lado de la cárcel cuando pretendía robar el coche a una mujer que estaba aparcando en ese momento.

Por su parte, Guillermo G.S. fue detenido unas horas después cuando caminaba por un camino rural cerca de El Morell y esperaba que le pasaran a recoger, según las fuentes.

Los tres hombres se fugaron el lunes por la mañana después de que se suicidara en la enfermería de la cárcel un preso de 33 años encarcelado después de que en marzo del año pasado asestara 26 puñaladas a su expareja sentimental en Reus.

En medio de la confusión creada por el suicidio, los presos lograron escapar aprovechando, según el director general de Servicios Penitenciarios, Xavier Martorell, un error que se ha atribuido a un funcionario con 20 años de servicio y al que se le ha abierto un expediente y sancionado con 6 meses de empleo y sueldo, según fuentes sindicales.

En el momento de los hechos, había en la prisión de Tarragona una quincena de funcionarios para 415 reclusos.