PP-A percibe “disposición al diálogo” por parte de PSOE-A para la investidura de Susana Díaz

Así lo ha indicado, en declaraciones a Europa Press, el portavoz del PP-A en el Parlamento, Carlos Rojas, quien ha dicho esperar que esa disposición al diálogo se transforme en hechos que supongan “un cambio de rumbo” de las políticas socialistas en Andalucía.

El dirigente 'popular' ha hecho entrega al portavoz del PSOE-A en el Parlamento, Mario Jiménez, de las 146 propuestas prioritarias para Andalucía que el líder del PP-A, Juanma Moreno, anunció este martes durante su intervención en la sesión de investidura como “base” para llegar a posibles acuerdos.

Rojas ha dicho que el PSOE-A se ha comprometido a estudiar estas medidas y a ofrecer una respuesta a su formación en el menor tiempo posible. Según ha explicado, se trata de un bloque de medidas importantes en distintos ámbitos para que Andalucía “avance” y se cambie “la manera de hacer políticas” en la comunidad.

El dirigente 'popular', que ha asegurado que su formación está cumpliendo el compromiso de “diálogo permanente” con todas las formaciones políticas para sacar adelante medidas necesarias para Andalucía, ha indicado que el PSOE-A tiene que “bajar de donde llevan instalado desde hace mucho tiempo” y empezar a recibir el mensaje de los andaluces: “pluralidad y diálogo” para llegar a acuerdos.

“El ordeno y mando tiene que borrarse ya de la cabeza de la señora Díaz”, ha apuntado Rojas, quien sobre la posibilidad de que el PP-A pudiera abstenerse en una segunda votación ha respondido que ahora mismo la posición es un “claro no” porque no ha habido cambio de rumbo, autocrítica ni aceptación de las propuestas formuladas por su formación.

Según ha indicado el portavoz 'popular', los hechos demostrados por el PSOE-A desde la celebración de las elecciones autonómicas son “muy negativos” y van en la línea contraria de un posible acuerdo, poniendo como ejemplo que se impidiera la proporcionalidad en la Mesa del Parlamento.

DIEZ BLOQUES DE PROPUESTAS

El documento de medidas prioritarias que el PP ha trasladado al PSOE recoge 146 propuestas divididas en diez bloques: reforma fiscal; regeneración; servicios públicos; educación, sanidad y servicios sociales; violencia de género; justicia; vivienda; empleados públicos; empleo; inversiones; y un último apartado para proyectos primordiales en las ocho provincias andaluzas.

El líder del PP-A, Juanma Moreno, ya hizo este martes, durante su intervención en la sesión de investidura ante el Pleno del Parlamento, un resumen de las propuestas recogidas en este documento, a las que calificó como “sensatas, realistas y como una base para llegar a posibles acuerdos”.

En materia de reforma fiscal se encuentran, entre otras, medidas como la bajada de dos puntos del tramo autonómico del IRPF, reducir progresivamente hasta su práctica supresión el impuesto de Sucesiones y Donaciones, o mejorar las deducciones por conciliación de la vida familiar y laboral.

En lo referido a medidas de regeneración, el PP-A solicita una reforma del Reglamento del Parlamento, la creación de una comisión de investigación sobre el caso de las ayudas a la formación, o la puesta en marcha de un plan de vigilancia, supervisión y control de todos los fondos europeos que llegan a Andalucía.

En el ámbito de servicios públicos, los 'populares' demandan el pago inmediato de los servicios que la administración autonómica adeuda a proveedores y organizaciones sociales o dotar durante este ejercicio el Fondo de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad con al menos 600 millones.

En Educación, Sanidad y Servicios Sociales, proponen un gran pacto educativo por la educación, agilizar urgentemente la aplicación de la Ley de Dependencia o arreglar de manera urgente los problemas de saturación de las urgencias hospitalarias en Andalucía.

Entre otras propuestas en otros ámbitos se encuentran un pacto social por el empleo y la competitividad; un plan autonómico de construcción de viviendas sociales en alquiler; o medidas urgentes para la recuperación y compensación de la pérdida de poder adquisitivo acumulada de los empleados públicos.