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El Parlamento de Nicaragua aprobó 30 leyes y 122 decretos este año

El Parlamento de Nicaragua aprobó 30 leyes y 122 decretos este año

Vista de la Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento). EFE

La Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento) cerró este domingo su XXXV legislatura, en un acto en el que su titular, el sandinista Gustavo Porras, elogió al Gobierno que preside Daniel Ortega, así como a la Policía Nacional.

Durante la sesión solemne de clausura, el legislador sandinista dijo que este año aprobaron 30 leyes, 122 decretos, 6 resoluciones y 2 declaraciones.

Entre esas leyes mencionó una polémica Ley de Amnistía, promovida por el Ejecutivo, y que beneficia por igual a los opositores, como a las responsables de las muertes que han dejado las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018.

Además, la reforma a la Ley de Concertación Tributaria, también promovida por el Ejecutivo, que, entre otros, eleva el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto Selectivo al Consumo, así como las rentas de actividad económica, de capital y ganancias.

Asimismo, Porras abundó en ensalzar a Ortega, quien lleva 12 años consecutivos en el poder, y saludó al Ejército, a la que calificó como "institución tan respetada y querida por el pueblo nicaragüense".

Sobre la Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, consuegro de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, también un abrazo a los que llamó "hermanos".

"Un abrazo cariñoso. Es que los azulitos (en alusión al color del uniforme policial) son los preferidos de todos nosotros" los diputados sandinistas, indicó.

Según Porras, por todos los beneficios que ha dejado al Gobierno sandinista, es que "tenemos que salirle al paso a cualquier intentona" de derrocar al presidente Ortega.

Según el Ejecutivo nicaragüense, las protestas que estallaron en abril de 2018 y que han dejado cientos de muertos tenían como fin darle un golpe de Estado a Ortega, una tesis que no ha tenido eco a nivel nacional ni internacional.

Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 328 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 651 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 200 -que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes"- y denuncia un intento fallido de golpe de Estado.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la CIDH han responsabilizado al Gobierno de Ortega de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

Mientras el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelados por la CIDH, asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad en el marco del conflicto.

Ortega, quien lleva más de doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales.

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