Prohíben a Kuczynski salir de Perú mientras es investigado por caso Odebrecht

El expresidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski se convirtió hoy en el blanco de la investigación fiscal por el caso Odebrecht, después de que un juez dictase una orden que le impide salir del país durante 18 meses y del registro de sus casas en Lima, apenas tres días después de su renuncia a la presidencia.

El juez anticorrupción Juan Carlos Sánchez consideró fundada la petición de una orden para impedirle abandonar Perú, planteada por el fiscal Hamilton Castro, durante año y medio, sin necesidad de mayor análisis ya que la defensa del exmandatario aceptó la medida.

El abogado de Kuczynski, César Nakazaki, anunció que aceptaba esa orden, aunque cuestionaba su legalidad por tratarse de una investigación preliminar.

Nakazaki se quejó de que, al mismo tiempo que se decidía esta medida, la fiscalía había ordenado el registro de dos casas de Kuczynski en Lima, en búsqueda de indicios sobre el presunto delito de lavado de activos.

La televisión local mostró la entrada de los fiscales a la casa de Kuczynski en el distrito de San Isidro, en medio del control policial, mientras que otro equipo del Ministerio Público se dirigió a la vivienda de campo en el distrito de Cieneguilla, en las afueras de la capital.

Nakazaki indicó al juez que el expresidente de Perú, de 79 años, “en algún momento tendrá que ausentarse del país, por motivos familiares, previo a la etapa de la investigacion penal”.

La esposa de Kuczynski, la estadounidense Nancy Lange, viajó a Estados Unidos la semana pasada y pidió la reprogramación del interrogatorio que le hará la Fiscalía sobre los depósitos de Odebrecht en cuentas mancomunadas con su cónyuge.

La fiscalía explicó en la audiencia que hay indicios para el inicio de una investigación preliminar contra Kuczynski por la relación que mantuvo, directamente o a través de empresas suyas, con Odebrecht desde que fue ministro del Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), denunciado por un soborno de 20 millones de dólares entregado presuntamente por la firma brasileña.

El fiscal Hamilton Castro explicó que “es necesario indagar el origen de los pagos” y “si hubo actos de corrupción y favorecimiento a la empresas proveedoras del Estado”.

También detalló que las sospechas sobre Kuczynski se basan en varias transferencias realizadas entre 2007 y 2015 por tres empresas extranjeras a una cuenta bancaria en Perú.

El fiscal indicó que esas transferencias suman aproximadamente un millón de dólares y que se trata de determinar su origen, dado que Kuczynski participó en dos campañas electorales en 2011 y 2016.

Igualmente, la fiscalía investiga los depósitos efectuados por Odebrecht Latinvest en cuentas de Latin American Enterprise, vinculada a Kuczynski, y a First Capital del empresario chileno Gerardo Sepúlveda.

El fiscal Castro dijo que el núcleo de la investigación son los pagos realizados por empresas del grupo Odebrecht a Westfield Capital, de propiedad de Kuczynski con sede en la ciudad estadounidense de Miami (Florida).

También precisó que, según la información obtenida por la fiscalía, los pagos por 1,4 millones de dólares a Westfield se realizaron de 2004 a 2007, periodo durante el que Kuczynski fue ministro de Economía y primer ministro de Toledo.

El exmandatario ha declarado que, durante ese periodo, su empresa de asesoría financiera Westfield era administrada por el chileno Sepúlveda y que él no conocía de los contratos que suscribía porque habían levantado una “muralla china”.

Sin embargo, Castro aclaró que Sepúlveda dijo, en el interrogatorio realizado el 5 de marzo, que “no hacía gestión ni administración” de Westfield, sino que se limitaba a prestar un servicio de estructuración financiera por el cual recibió un pago en cuentas de la misma compañía.

“Hay una grave contradicción que merece ser contrastada en el ámbito de la investigación para el estándar de sospecha criminal”, afirmó el fiscal anticorrupción.

Kuczynski renunció el miércoles a la presidencia de Perú, después de la difusión de unos vídeos en los que se reveló el intento de compra de votos en el Congreso para evitar su destitución, durante el proceso de una moción de destitución abierta por sus vínculos con Odebrecht.