Santamaría destaca la rapidez de la Oficina de Conflictos investigando a Arístegui

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado hoy que la Oficina de Conflictos de Intereses ya investiga las supuestas comisiones cobradas por el embajador en la India, Gustavo de Arístegui, para lograr contratos para empresas españolas y ha destacado su rapidez de actuación.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha respondido así al ser preguntada sobre las informaciones de los presuntos cobros para desbloquear contratos en Argelia por parte de Gustavo de Arístegui.

La vicepresidenta ha recordado que el pasado día 9 la Oficina de Conflictos de Intereses le requirió al embajador en Nueva Delhi que diera explicaciones, antes del inicio del procedimiento correspondiente sobre las informaciones aparecidas en los medios.

Ha explicado que esta “manera inmediata de actuar” es posible gracias a dos cambios legislativos llevados a cabo por el Gobierno estos cuatro años: la ley reguladora del ejercicio de alto cargo y la ley de transparencia, información y buen gobierno.

“La Oficina de Conflictos de Intereses tiene la capacidad de actuar de oficio e inmediatamente tan pronto como tenga noticia de un posible o supuesto incumplimiento de las leyes en materia de incompatibilidades”, ha subrayado.

Y ha insistido: “En cuanto hay cualquier información que pudiera suponer un incumplimiento de las leyes, la Oficina de Conflictos de Intereses abre un procedimiento y así se ha hecho”.

Sáenz de Santamaría también ha destacado que, tras la aprobación del estatuto del alto cargo, todos presentan su declaración de bienes al inicio del mandato y al final, también los embajadores.

“La Oficina de Conflictos de Intereses analiza con qué entras y con qué sales y si es normal a tus ingresos”, ha dicho.

La vicepresidenta ha considerado que las dos normas “fortalecen mucho la capacidad de la administración de depurar posibles responsabilidades que pudiera producirse”.

El presidente del Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, ordenó ayer la apertura de un expediente disciplinario a Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, después de conocerse, según se publicó, que supuestamente cobraron comisiones millonarias en el extranjero por lograr contratos para empresas españolas de gobiernos de África y Latinoamérica.