El Senado aprueba esta semana la comisión sobre financiación de partidos que quiere el PP, que no pone de momento plazos

El Pleno del Senado aprobar el miércoles la creación de la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos que defiende el PP, con mayoría absoluta en la Cámara Alta, aunque los 'populares' no van a poner de momento un plazo para que estos trabajos comiencen.

El PP registró en el Senado la creación de esta comisión como reacción a la que se va a organizar en el Congreso centrada exclusivamente en sus cuentas y en su supuesta financiación ilegal. La iniciativa en la Cámara Alta, va dirigida a “conocer a fondo” la financiación de todos los partidos y hacer “recomendaciones” para evitar ilegalidades en el futuro.

Pero aunque la aprobación de la comisión tendrá lugar el miércoles, fuentes 'populares' han asegurado a Europa Press que no se ponen un plazo para que se constituya y arranquen los trabajos; aseguran que quieren negociar el contenido de la comisión con el resto de las fuerzas políticas.

El PP insiste en que plantea esta comisión en positivo, como un foro de trabajo para mejorar la financiación de los partidos políticos y la transparencia, pero la oposición denuncia que tiene otras intenciones. Desde el PSOE se asegura a Europa Press que no se apoyará la comisión de investigación del Senado porque sólo busca contrarrestar la investigación del Congreso y se añade: si quieren proponer medidas, pueden aprovechar la comisión de la Cámara Baja.

Los 'populares' tienen mayoría absoluta en la Cámara Alta por lo que podrán hacer y deshacer sobre esta comisión según su criterio y según vayan las cosas en el Congreso, aunque el portavoz del grupo, José Manuel Barreiro, ha afirmado desde el principio que tenían intención de colaborar con el resto de partidos.

El portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, ha explicado que su partido no se niega a que se revisen sus cuentas, pero quiere que se conozcan también las del resto de partidos aún sin “prejuzgar nada sobre la financiación de ninguno”. Ha recalcó que las finanzas del PP “son archiconocidas, hay claridad total”, mientras que “otros” tendrán que explicar “por qué se oponen a que se conozcan sus números”.

Fuentes parlamentarias han explicado a Europa Press que su composición será igual que la del resto de comisiones del Senado: 15 senadores del PP, seis del PSOE, dos de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, uno de ERC, uno del PNV y dos del Grupo Mixto.

20 AÑOS DESPUÉS

El Senado abrirá así una comisión de investigación veinte años después de la última, creada en 1995 para analizar las responsabilidades políticas derivadas de la actuación de los Grupos Antiterroristas de Liberación, los GAL.

En la solicitud de creación de la comisión, el PP explica que busca la revisión de la financiación de todos los partidos y fórmulas de más transparencia para el futuro. Asegura que la corrupción es un problema que ha afectado a todos y enumera una treintena de asuntos conocidos en los últimos años, pero entre ellos sólo cita dos que le afectan directamente: Púnica y Gürtel.

El escrito del PP arrancan con el 'caso Filesa' de financiación ilegal del PSOE, que provocó una comisión de investigación en el Congreso en 1994. Añade que entre 1987 y 2007, los partidos ingresaron más de 100 millones de euros a través de donaciones anónimas, según los informes del Tribunal de Cuentas: “CiU se llevó 42 millones, el PNV 27, el PP 25 y el PSOE 8”.

Dice a continuación que también hubo condonaciones de deuda bancaria, que califica de “donaciones exorbitantes”: “Tan sólo en 2005 al PSC se le perdonaron 6,6 millones y otros 7,8 fueron renegociados con el PSOE, IU y otros con un tipo de interés tres veces inferior al aplicable. A ERC se le condonaron 2,7 millones”.

El PP insiste en que ningún partido puede enarbolar “una superior autoridad moral sobre los otros” y sigue enumerando casos de corrupción aunque no menciona a los partidos afectados: el 'caso Tragaperras' y el caso 'De Miguel (PNV), el caso Casinos (CiU); en Andalucía, añade, el fraude de los ERE, cursos de formación, Invercaria, “los casos Avales, Mercasevilla, el de facturas de la UGT, la Agencia Idea y las infraestructuras educativas”, el 'caso JEREME', 'caso Marismas', caso Consorcios UTDELT (que afectan a la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE).

Y continúa: 'Bahía Competitiva', caso PTA (PSOE), los casos gallegos Pokemon, Patos y Santos Héctor Rodríguez (varios partidos), el caso Mercurio (PSC), caso Caja Castilla-La Mancha, los aragoneses caso Plaza/Naves (PSOE) y caso Pagarés/karting, el caso Marea y la ampliación del Puerto del Musel (PSOE asturiano, al que pertenece el actual portavoz socialista del Senado, Vicente Álvarez Areces), la presunta prevaricación en Santoña (PSOE), “la compra de votos en Melilla” (PSOE y Coalición por Melilla), el caso Palau “o el 3% en Cataluña” (CiU) “y otros que hemos ido conociendo a lo largo de los últimos años”.

Añaden que tampoco está permitida la “utilización de las asignaciones de los grupos municipales” para la financiación de nacional de partidos (en referencia a Ciudadanos), ni la financiación de “forma directa o indirecta” por parte de países extranjeros “al entorno de un partido político de ámbito nacional, o el 'crowfunding' ”eludiendo“ algunos requisitos legales (en clara alusión a Podemos)