Supremo salvadoreño ordena a presidente recuperar zonas controladas por maras

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema salvadoreña ordenó hoy al presidente del país, Salvador Sánchez Cerén, recuperar de “forma permanente los territorios bajo control de las pandillas”.

Los jueces constitucionales dieron esta orden a Sánchez Cerén en una sentencia con la que ampararon a una familia de 33 personas desplazadas por la violencia de estas estructuras, con la que un órgano de Estado salvadoreño reconoce oficialmente este fenómeno por primera vez.

En la resolución los jueces mandan al presidente a coordinar con los titulares del Ministerio de Seguridad, Policía, Salud, Educación y otras carteras de Estado “la realización de las acciones necesarias para prevenir y controlar el fenómeno de la violencia”.

Señalaron que esto se debe dar mediante “la formulación y ejecución de las políticas sociales que eviten la marginación de sectores vulnerables en la sociedad” y de “acciones orientadas a recobrar progresivamente y de forma permanente los territorios bajo control de las pandillas”.

Los jueces también determinaron que la actual legislación de protección a víctimas y testigos es “anacrónica, restringida y deficiente” para atender a las personas que tienen que huir de sus casas por la violencia, porque no reconoce el desplazamiento forzado.

“Es necesario que el Estado les provea medidas reforzadas de protección que trasciendan la visión reduccionista que caracteriza a la legislación penal y que tomen en cuenta su calidad de desplazados internos a causa de la violencia”, señalaron los magistrados.

Por otra parte, los jueces declararon que el Gobierno, Congreso y el Órgano Judicial incumplieron sus atribuciones “por la falta de reconocimiento del fenómeno del desplazamiento forzado y de las dimensiones de la violencia que afecta a los territorios controlados por las pandillas”.

Estas instancias deben “revisar y actualizar la normativa sobre víctimas y diseñar e implementar políticas para la protección y la atención humanitaria de los desplazados”, añadió la referida sala, que dejó abierto el camino para que esta víctimas demanden a los funcionarios por la vulneración de sus derechos.

Este recurso de amparo fue presentado en 2017 por una familia de 33 personas, quienes tuvieron que desplazarse de la localidad central de Ciudad Delgado por las amenazas de muerte y acoso de la pandilla Barrio 18 porque 2 de las víctimas eran soldados.

En uno de estos ataques fueron violadas una mujer y una niña de 12 años de edad, por lo que decidieron huir a la localidad oriental de Berlín, donde fueron acosados por los cuerpos de seguridad y la Policía asesinó a la mujer que fue abusada sexualmente.

La relatora especial de la ONU sobre desplazados internos, Cecilia Jiménez-Damary, pidió en agosto de 2017 al Gobierno reconocer plenamente el fenómeno de los desplazamientos forzados que generan la violencia de las pandillas y, en ocasiones, las fuerzas de seguridad.

Las pandillas MS13, Barrio 18 y otras minoritarias poseen más de 600 células en El Salvador y solo en el 24,4 por ciento de los 262 municipios mantienen una “poca presencia”, de acuerdo con datos de la Policía obtenidos por Efe.

Dos expertos de la organización de derechos humanos centroamericana Cristosal dijeron recientemente en una entrevista con Efe que la “violencia generalizada” ha llevado a que se registre una epidemia de jóvenes desplazados.