Texas se queda solo ante las ejecuciones de presos en EE.UU.

Con tres ejecuciones programadas, Texas es el único estado de EE.UU. que tiene previsto aplicar la pena de muerte durante los próximos meses, una situación insólita que se explica por el desafío legal a las inyecciones letales que discute el Tribunal Supremo.

Los planes de Texas son ejecutar a Derrick Charles el 12 de mayo, a Lester Bower el 3 de junio y a Gregory Russeau el 18 del mismo mes; otra cosa es el cómo, ya que el estado de la estrella solitaria tan solo tiene suministros de pentobarbital, el sedante que usa en las inyecciones, para dos de ellos.

Pero las decenas de ejecuciones previstas para las próximas semanas en estados como Alabama, Ohio, Tennessee o Misuri han sido suspendidas progresivamente por diferentes motivos con la decisión del Supremo, que ya paralizó en enero las de Oklahoma, como trasfondo.

Florida las suspendió a principios de año por la misma razón, mientras que Georgia lo hizo por problemas con sus suministros.

De todos estos, tan solo Ohio ha reprogramado sus ejecuciones, un total de 16 que prevé aplicar entre enero de 2016 y mayo de 2018.

El hecho es que Texas, el estado que más presos ejecuta del país, más del 37 % en las últimas cuatro décadas, es ahora el único que no se acobarda ante el desafío legal a las inyecciones letales.

No tiene porqué: Texas es de los pocos que aún utiliza pentobarbital en esas inyecciones y el Tribunal Supremo solo analiza la legalidad del midazolam, otro sedante que en 2014 falló en tres ocasiones causándoles a los presos penosas agonías.

El más notorio de los tres casos sucedió el 29 de abril en Oklahoma, cuando los verdugos del penal de McAlester suministraron una inyección defectuosa a Clayton Lockett, que tardó 43 minutos en morir en un procedimiento que suele durar un cuarto de hora.

Fue entonces cuando los presos que ya tenían fecha y hora para ser ejecutados en Oklahoma interpusieron la demanda que ahora analiza el Supremo.

Los magistrados decidirán antes de julio si el midazolam viola o no la Constitución, que en su texto protege a los ciudadanos de “castigos crueles o inusuales”.

Pese a que Texas tiene la intención de seguir adelante con sus ejecuciones, no está claro que esté en condiciones de hacerlo.

En estos momentos solo tiene suministros para dos inyecciones y conseguir más parece una tarea difícil, ya que las grandes farmacéuticas, amenazadas por los opositores a la pena capital, se niegan a vender medicamentos con este propósito.

Si nada cambia, Texas agotará sus suministros el 12 de mayo con Derrick Charles, un afroamericano de 32 años condenado por el asesinato de tres personas en 2002, y el 3 de junio con Lester Bower, de 67 años, que mató a cuatro personas en 1983.

Lo que pase el 18 de junio con Gregory Russeau, afroamericano de 55 años condenado por un asesinato en 2001, es una incógnita, ya que Texas no tiene en sus protocolos el uso del midazolam y es improbable que los modifique a las puertas de la decisión del Supremo sobre su legalidad.

Tampoco tiene previstos métodos alternativos de ejecución como la silla eléctrica, la asfixia con nitrógeno o el escuadrón de fusilamiento, que otros estados se están afanando por aprobar ante la posibilidad de que los magistrados impidan usar midazolam y no puedan obtener pentobarbital.

En lo que va de año, trece presos ya han sido ejecutados en Estados Unidos, siete menos que en 2014 por estas fechas.

De estos trece, seis lo han sido en Texas, tres en Misuri, dos en Georgia y los otros dos en Oklahoma y Florida.