Tribunal de Cuentas detalla los excesos de Diplocat: gastos injustificados, subvenciones a dedo y contratos fraccionados

El Tribunal de Cuentas ha remitido este martes a las Cortes su informe sobre las denominadas 'embajadas' catalanas y al Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) que el Gobierno central liquidó bajo el amparo del artículo 155 de la Constitución, una auditoría que detalla gastos no justificados, subvenciones 'a dedo' y contratos fraccionados para eludir controles. Su conclusión es que buena parte de esos fondos públicos se usó para promocionar en el extranjero el desafío independentista, incumpliendo la legalidad e invadiendo competencias del Estado.

Se trata del informe que a finales de 2017 le encargó la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para aclarar si los fondos destinados a la acción exterior catalana se habían utilizado “conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia”.

416 MILLONES EN SEIS AÑOS

El texto final del informe, recogido por Europa Press, revela que el presupuesto total de la Generalitat destinado a la acción exterior entre 2011 y 2017 fue de al menos 416,84 millones de euros, si bien en esta cantidad no figuran otros gastos de personal de la Secretaría de Acción Exterior y de la UE del Departamento de la Presidencia del periodo que va entre 2011 y 2015.

El gasto total de las delegaciones catalanas en el extranjero durante el periodo fiscalizado ascendió al menos a 27,21 millones a actividades de las delegaciones catalanas en el extranjero --sin incluir gastos por seguros sociales--.

Eso sí, el informe del órgano fiscalizador constata que es imposible saber la finalidad y justificación de todo el presupuesto ya que las llamadas 'embajadas' gozaban de autonomía financiera y carecían de control, y todo ello derivó en actuaciones al margen de su marco competencial y fuera de su ámbito geográfico, incumpliendo por tanto sus funciones.

De hecho, dice no disponer de documentación justificativa de gastos de las 'embajadas' por un importe de 302.794 euros, sobre todo del Reino Unido, Estados Unidos, Austria, Croacia y Polonia, y añade que se han detectado pagos de 171.613 euros que resultan injustificados (gastos privados, pagos a personas ajenas a las delegaciones, etc).

MEDIO MILLÓN EN ASESORES E INFORMES QUE NO APARECEN

Las 'embajadas' catalanas abonaron 515.675 euros para servicios de asesoramiento o elaboración de informes referidos en varios casos al 'procés' cuyo objeto se desconoce o es contrario a las competencias de las delegaciones o de la comunidad autónoma. Eso sí, todos los gastos se tramitaron como contratos menores, a pesar de que en ocasiones los pagos se realizaron en un mismo año y a una misma empresa. Además, se han detectado pagos de las delegaciones a trabajadores sin contrato por un importe de 123.476 euros.

La institución que preside María José de la Fuente detectó al menos 456 actividades de las delegaciones entre 2013 y febrero de 2016, todas ellas relacionadas “expresamente en la propia documentación de la Generalitat con el proceso soberanista” y cuyo gasto “no justificado” asciende a 327.736,34 euros.

Además, el Tribunal de Cuentas confirma que buena parte de las delegaciones catalanas en el extranjero llegaron a utilizar sus locales para albergar las votaciones para la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.

Asimismo, se calcula que durante el periodo fiscalizado se elaboraron más de 10.000 notas, memorandos e informes para apoyo del presidente, los miembros de su Gobierno y el propio secretario de Acción Exterior, pese a que el Tribunal de Cuentas recalca que sólo ha recibido 2.795 documentos y referidos hasta febrero de 2016.

OTRO MEDIO MILLÓN EN VIAJES PARA VENDER 'EL PROCÉS'

Por otro lado, de la ejecución de los recursos públicos aplicados a la acción exterior se han analizado también 45 viajes internaciones de cargos públicos con un coste total de 479.633 euros vinculados a la promoción del proceso soberanista.

La institución fiscalizadora constata igualmente que la Secretaría de Acción Exterior y de la UE no contaba con planes anuales de acción exterior y critica que, pese a ello, realizó contratos sobre materias ajenas a su competencia y concedió subvenciones de manera directa, sin concurrencia pública, a entidades que promocionaban el proceso soberanista.

El examen de las actividades de la Secretaría de Asuntos Exteriores revela además un gasto de al menos 49.509 euros en viajes para cumplir con el objetivo de impulsar, fomentar y publicitar el respaldo internacional al proceso separatista, todo ello sin gastos de personas ni recursos materiales.

Entre esas actividades figuran contactos con países con procesos semejantes, buscando paralelismos y contradicciones, contactos con embajadas para dar a conocer el proceso, reuniones con periodistas y parlamentarios extranjeros. También se encargaban de redactar argumentarios en los que se pedía evitar hacer referencia a una declaración unilateral de independencia (DUI) y se culpaba al Gobierno español de la negativa a establecer un diálogo político para resolver el problema.

Por su parte, el Diplocat gastó 15,80 millones de euros en todas las actividades desarrolladas entre 2011 y 2017, de las cuales más de 74,3% tuvo como objetivo “promocionar, publicitar, justificar, promover o impulsar el proceso soberanista”.

MILLONES Y MILLONES

En concreto, se destinaron 644.904 euros a comparecencias y reuniones institucionales; 543.014 euros, a programas de visitas internacionales tanto de políticos como de periodistas; y 308.530 euros, a elaborar documentos sobre la dimensión internacional del 'procés'. Además, se gastaron 86.088 euros en actuaciones en el ámbito de la comunicación y 451.171 euros en la web Catalonia Votes.

Uno de los gastos más llamativos se refiere a los pagos por un importe de 1,5 millones de euros a un lobby norteamericano que se encargó de cerrar una reunión con el subsecretario de la OTAN y reuniones con miembros de gobiernos y parlamentarios extranjeros. Según publica el diario ABC, su nombre es Independent Diplomat (ID), cuyos servicios, según el Tribunal de Cuentas, también contrataron las 'embajadas' catalanas, en concreto la delegación en Estados Unidos.

Además, el Diplocat ha incurrido en numerosas irregularidades en materia de contratación, incluyendo el fraccionamiento de contratos, el pago a varios observadores internacionales, la elaboración de informes relacionados con el procés y la concesión de subvención sin justificar.

Así, habla de una subvención de 7.400 euros a la fundación de un partido político y otra de 120.000 euros a una fundación que edita una revista en inglés --que a su vez recibió otros 200.000 euros para artículos--, y de cuyo consejo editor formaban partes altos cargos d ela Secretaría de Exteriores.

Otra subvención bajo sospecha, de otros 100.000 euros, es la que se dio a dedo a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sin participación de los órganos de Cooperación al Desarrollo, lo que deja sin justificación la decisión de no convocar un concurso público. Lo mismo pasó con otros 100.000 euros otorgados al Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento.

INVASIÓN DE COMPETENCIAS DEL ESTADO

La conclusión es que tanto los objetivos como los resultados de ejecución de Diplocat son ajenos al ámbito de las competencias de una comunidad autónomas e invaden tareas exclusivas del Estado, lo que en la práctica supone un incumplimiento de la legalidad.

Por último, el Tribunal de Cuentas analizó la actividad de otras entidades del sector exterior catalán, como el Instituto Ramón Llull, y ha propuesto la supresión de la Casa de la Generalitat en Perpiñán (Francia).