El Tribunal de Cuentas traslada a la Fiscalía la información sobre el sobrecoste del hospital de Burgos
El cerco sobre las “posibles irregularidades” del sobrecoste del hospital privatizado de Burgos se estrecha. El Tribunal de Cuentas ha trasladado a la Fiscalía los datos que ha recabado sobre el gasto del centro, que costó 286 millones más de los presupuestados inicialmente y que supondrá unos 2.000 millones de euros en 30 años a las arcas públicas. La investigación del órgano fiscalizador responde a una denuncia presentada por el PSOE para aclarar “las irregularidades contables y administrativas en el proceso de adjudicación, contratación y gestión del hospital”.
El PSOE, que ha recibido la notificación del traslado vía oral, entiende que esa decisión del organismo responde a que ha encontrado “indicios de irregularidades” en el proceso de adjudicación y gestión del nuevo hospital, que se inauguró en 2012, tres años más tarde de lo previsto. “Hay indicios de que el procedimiento ha sido irregular”, ha expresado el secretario general del PSOE en la región, Luis Tudanca, que se ha comprometido a hacer “todo lo posible” para que el centro pase a ser público en su totalidad.
a. El Tribunal de Cuentas remite a Fiscalía la denuncia del PSOE contra las Ampliar foto “Hay indicios de que el procedimiento ha sido irregular”
a. El Tribunal de Cuentas remite a Fiscalía la denuncia del PSOE contra las Ampliar foto “Hay indicios de que el procedimiento ha sido irregular”
a. El Tribunal de Cuentas remite a Fiscalía la denuncia del PSOE contra las Ampliar foto “Hay indicios de que el procedimiento ha sido irregular”
El centro, que tiene privatizados todos los servicios no asistenciales, se presupuestó en 242 millones de euros; pero, a través de varios modificados, esa cantidad se disparó hasta los 528 millones. Los socialistas burgaleses aseguran que los “motivos que se habían utilizado para justificar el sobrecoste no se han ejecutado” y reprochan al Gobierno de Castilla y León que no haya ofrecido ninguna explicación.
El Banco Europeo de Inversión concedió un crédito de 128 millones de euros a una empresa pública con el aval del Gobierno de Juan Vicente Herrera y que acabó en manos de la empresa privada que gestiona el hospital. El dinero de este banco público europeo no se puede destinar a iniciativas privadas.
Además, el PSOE dice que hay encima de la mesa un tercer modificado sobre el presupuesto inicial que va a “incrementar aún más” la cuantía del sobrecoste.
Las arcas públicas terminarán desembolsando más de 2.000 millones de euros en 30 años por la privatización del hospital burgalés. La Junta se comprometió a pagar al consorcio adjudicatario un canon de 38 millones de euros anuales durante tres décadas. Al dispararse los costes, esa cantidad también lo hizo alcanzando los 71 millones en 2013. Fuentes del PSOE sospechan que este año sucederá lo mismo ya que los presupuestos recogen una partida por un valor de 70 millones de euros.
La Gerencia Regional de Salud maniobró para que los inversores no perdieran rentabilidad, pese a que los gastos se habían disparado. El consorcio adjudicatario de la construcción y la gestión del Nuevo Hhospital de Burgos está integrado por varias sociedades, entre ellas un fondo de capital riesgo del Banco Santander, la constructora OHL y una compañía de Miguel Méndez Pozo, el empresario condenado por corrupción en los 90 que está detrás de los grandes proyectos urbanísiticos de Burgos, como las obras del bulevar del barrio de Gamonal, que tuvo que ser paralizado por las protestas vecinales, o la plaza de toros, un proyecto que costará a los contribuyentes 6 millones de euros y que cuenta con el rechazo de todos los agentes implicados.
Más frentes abiertos
La documentación que la Fiscalía tendrá a partir de ahora encima de la mesa no es el único frente de investigación que el sobrecoste del hospital tiene abierto. El Ministerio de Economía abrió un expediente contra la concesionaria por no presentar en tiempo y forma sus resultados anuales de 2011. Poco después de iniciarse este procedimiento, la adjudicataria depositó las cuentas.
La Comisión Europea también investiga el sobrecoste tras la presentación de una denuncia de un particular. Bruselas está analizando toda la documentación presentada por el denunciante y ha solicitado información a España para clarificar el incremento presupuestario. No obstante, la institución europea ha señalado que las autoridades españolas le han enviado “información incompleta” al respecto. Esto ha provocado un retraso en la tramitación de la denuncia.
