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El fiscal general advierte a los arrepentidos en causas por corrupción: "Las imputaciones se hacen con pruebas"

Julián Sánchez Melgar ha sugerido la posibilidad de realizar una reforma legislativa o "estudiar" cómo se podrían sancionar esas "difamaciones gratuitas"

Ha contestado así tras ser cuestionado por la declaración del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados ante el juez

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El Gobierno confirma el nombramiento de Melgar como fiscal general del Estado

EFE

El fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, ha advertido este jueves de que las acusaciones "sin pruebas" que llevan a una "difamación" de determinadas personas no deben salir "gratis", por lo que ha defendido una reforma legislativa que imponga sanciones.

"Aquello que no es más que la palabra, que no es más que una mera defensa, no puede tener ningún valor", ha afirmado Sánchez Melgar durante los Desayunos de Europa Press, tras ser preguntado por esta estrategia de defensa después de que, el pasado lunes, el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados implicara en sede judicial, aunque sin pruebas, a Esperanza Aguirre, a Cristina Cifuentes y a Ignacio González en la presunta financiación irregular del partido. El que fuera la mano derecha de Aguirre aseguró ante el juez del caso Púnica, en una declaración voluntaria que duró más de tres horas, que Esperanza Aguirre ganó las elecciones autonómicas de 2011 ayudada por una campaña paralela, nutrida de fondos de procedentes de empresas públicas.

El representante del Ministerio Público ha explicado que "toda persona que aporte pruebas, revelaciones con consistencia documental, tendrán algún objeto de valoración" por parte de la Fiscalía de cara a introducir algún posible atenuante en la condena.

En este sentido, ha reiterado que "las imputaciones se hacen con pruebas, no de forma gratuita", pues lo que no se puede permitir es "difamar". "Las difamaciones no deben ser gratuitas, deben ser pagadas, compensadas con una sanción", ha subrayado.

Por eso, Sánchez Melgar ha sugerido la posibilidad de realizar una reforma legislativa o "estudiar" cómo se podrían sancionar esas "difamaciones gratuitas", ya que lo considera que es una "demanda social".

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