La Agencia Tributaria abre una inspección a Juan Carlos I y pide más información sobre su última regularización fiscal

La Agencia Tributaria (AEAT) ha notificado a Juan Carlos I la apertura de una inspección y le ha pedido más información sobre la regularización que realizó por los vuelos privados que le sufragó una fundación de su primo Álvaro de Orleans-Borbón, según ha publicado este miércoles El Español, así como otros datos para investigar sobre hechos que puedan tener relevancia tributaria por no haber sido declarados o haberlo hecho de forma incorrecta. Entre esos datos estarían las cuentas bancarias de Juan Carlos I, sus tarjetas y otro patrimonio.

La AEAT pidió en febrero facturas y otros documentos de los viajes abonados por la Fundación Zagatka, que se encuentran en manos de Hacienda desde hace semanas. Todavía no se ha dado el visto bueno a la regularización fiscal de más de cuatro millones que realizó el emérito por los vuelos privados que le sufragó esta sociedad. Juan Carlos I tiene obligación de responder al requerimiento de información por parte de Hacienda.

Varios empresarios habrían participado en la regularización

La segunda regularización del monarca, realizada en febrero y según su abogado “sin requerimiento previo de clase alguna”, se correspondería con deudas tributarias derivadas de los ocho millones de euros que el rey eméritorecibió para vuelos realizados en una compañía de jet privados y que pagó hasta 2018 la Fundación Zagatka, propiedad de Álvaro de Orleans.

La fundación Zagatka ha sido objeto de las pesquisas del fiscal suizo Yves Bertossa y ha sido mencionada en sus declaraciones ante la justicia de dicho país por la ex amante del rey emérito Corinna Larsen, ya que la empresaria dijo al fiscal suizo que Juan Carlos I le había comentado que le pertenecía.

A diferencia de la anterior regularización, efectuada desde Abu Dhabi, donde Juan Carlos I fijó su residencia el pasado agosto y que se efectuó a través de la Comunidad de Madrid por tratarse de una liquidación del impuesto de donaciones, de titularidad autonómica, esta vez el pago se efectuó a la Agencia Tributaria. Según publicó El Confidencial, los empresarios Vicente Boluda, Alejandro Aznar y Diego del Alcázar son algunos de los nombres que dieron dinero para que el monarca pudiese depositar esa cantidad.

En marzo de este año, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió en el Congreso que la Agencia Tributaria comprueba “que las regularizaciones son completas y veraces” en todos los casos y criticó que “para afear” el comportamiento del emérito no es necesario “deslegitimar” el trabajo de esta porque la “conducta” del rey emérito “se reprocha sola”.

Posible responsabilidad penal

La alusión del abogado de Juan Carlos I a la falta de requerimiento previo era importante, ya que se apoya en las denominadas excusas absolutorias que contempla el artículo 305.4 del Código Penal, lo que le permite quedar exento de incurrir en delitos fiscales por este asunto.

Según el citado artículo, queda libre de responsabilidad “el que regularice su situación tributaria, en relación con las deudas a que se refiere el apartado primero de este artículo, antes de que se le haya notificado por la Administración tributaria la iniciación de actuaciones de comprobación”.

Los pagos se habrían realizado hasta el 2018, con posterioridad a la abdicación en Felipe VI en junio de 2014, momento en que Juan Carlos I perdió el privilegio de la inviolabilidad que tenía como jefe de Estado. Por otro lado, el rey emérito aparecería como beneficiario de Zagatka hasta el pasado mes de junio, cuando la fundación modificó sus estatutos y le suprimió a él y a sus tres hijos como beneficiarios.

A principios del pasado mes de noviembre, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, reveló la existencia de una tercera investigación relativa a Juan Carlos I, que se une a las otras dos ya abiertas en la Fiscalía por posibles comisiones procedentes del AVE a la Meca y al expediente sobre las tarjetas opacas.

La tercera investigación, a raíz de una denuncia del servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), rastrea la existencia de 10 millones de euros en una cuenta activa en la isla de Jersey que Juan Carlos I habría intentado mover.