Las asociaciones replican a Torra y dicen que la dimisión de Lesmes por el chat de jueces “carece de sentido”

Respuesta judicial a las duras críticas de Quim Torra al Poder Judicial por los mensajes que algunos magistrados escribieron en contra del independentismo. Las cuatro asociaciones representativas de jueces han considerado “desproporcionada” la reacción del presidente de la Generalitat, que ha pedido la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, por el chat de jueces.

La Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces y Juezas para la Democracia, la Asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente se han puesto de acuerdo en un texto en el que aseguran que pedir esa dimisión “carece de todo sentido”. Según las asociaciones, los mensajes expresan la opinión personal de sus autores y “no comprometen al conjunto de la carrera judicial y menos a los miembros de la Sala de lo Penal del Supremo encargados de enjuiciar el caso del ”procés“.

Recuerdan además que se trata de correos electrónicos privados (aunque sólo se pueden escribir desde el correo corporativo). “No puede ignorarse tampoco que dichos correos apenas llegan a treinta, en un colectivo de cinco mil quinientos jueces”, añaden las asociaciones, que subrayan que el foro en el que se han publicado esos correos tampoco está sometido a ningún tipo de control ni censura por parte del Consejo General del Poder Judicial.

Los representantes de los jueces insisten en que “absolutamente ninguna de las garantías” del proceso resulta, “ni remotamente, afectada por estos hechos”. Y que los magistrados que hasta ahora han intervenido en el proceso aludido se han expresado a través de las resoluciones judiciales, susceptibles de recurso, facultad que los afectados han ejercitado libremente.

Las asociaciones, una vez más, recalcan el compromiso inequívoco del Poder Judicial español con la Constitución, “y por lo tanto con los valores irrenunciables de independencia, imparcialidad y efectiva tutela de los derechos fundamentales e intereses legítimos de todos los afectados”.