El Congreso rechaza reclamar al Gobierno la gratuidad de los comedores escolares con los votos de PSOE, PP y Vox

La mayoría del Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves una proposición de resolución del debate del estado de la nación presentada de forma conjunta por EH Bildu y ERC que pedía derogar el delito de injurias a la Corona y la amnistía de todos los condenados por esa causa e “impulsar las reformas legislativas necesarias dirigidas a derogar el fuero especial del que gozan el rey o la reina que hubieran abdicado”. 

El texto solicitaba además la creación de una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas por Juan Carlos I y pedía fiscalizar todas las cuentas de la Casa Real. 

El Congreso ha aprobado por la mínima una resolución del PP al debate sobre el estado de la nación que reclama una ampliación de las plazas MIR para candidatos a médicos de familia, con el fin de atenuar los problemas de la atención primaria. Según el documento del PP, hacen falta 1.000 médicos de familia en los próximos años. 

La resolución ha sido rechazada por PSOE y Unidas Podemos, así como otros socios de Gobierno. A favor han votado el PP, Vox y Ciudadanos. La abstención de ERC ha sido determinante para su aprobación. Se da la circunstancia de que el texto del PP no deja pasar la oportunidad de apostar por la recentralización como receta. Por ejemplo, con un Registro Estatal de Profesionales Sanitarios o un “gran acuerdo nacional” de medidas de choque, otra vez centrado en la atención primaria.

El Congreso de los Diputados, con el voto de todas las fuerzas de izquierda, ha aprobado este jueves una propuesta de resolución de Unidas Podemos, acordada con ERC y EH Bildu, al debate del estado de la nación que pide que “las políticas de Igualdad sean políticas de Estado”, elaborar “unos Presupuestos Generales del Estado feministas” y que solicita “declarar los cuidados como un derecho fundamental de todas las personas”.

“Ante la ofensiva internacional para controlar los cuerpos de las mujeres”, añade el texto, “el Gobierno deberá blindar el derecho al aborto para garantizar que todas las mujeres tienen reconocidos todos sus derechos sexuales y reproductivos” y pide “asegurar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema sanitario público de salud”, así como “crear una red internacional de apoyo a las mujeres que no tienen su derecho al aborto garantizado, abriéndoles las puertas del sistema sanitario público para que puedan ejercer su derecho”. 

El Congreso ha aprobado este jueves una resolución al debate sobre el estado de la nación en “defensa de la educación pública” y del “principio de redistribución en el sistema de becas”. En el texto, propuesto por Unidas Podemos, se plantea “revisar y adaptar la legislación vigente para cumplir con el principio de equidad e igualdad de oportunidades en lo concerniente al sistema de becas y ayudas al estudo, que debe ser de carácter redistributivo y compensatorio y no un regalo a las rentas altas”.

La resolución, que se ha votado días después de la polémica por las becas para la educación privada a las familias que ganen más de 100.000 euros aprobadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ha salido adelante con 158 votos del grupo proponente y del PSOE. En contra se han producido 142 votos, entre ellos los del PP y Vox. Además, se han abstenido Ciudadanos, ERC, Bildu y el PNV, entre otros.

Una amplia mayoría del Congreso de los Diputados ha apoyado este jueves, con el único voto en contra del PSOE, una propuesta de resolución de Ciudadanos del debate del estado de la nación que pide “impulsar los cambios normativos pertinentes” para “garantizar el acceso sin restriccciones” a medicamentos para el tratamiento de enfermedades raras. 

Además, el texto plantea “favorecer los procedimientos de detección temprana y diagnóstico precoz de enfermedades graves como la ELA” el “carcinoma” o el AME. Asimismo, el Congreso ha aprobado, también con el voto en contra del PSOE, una resolución registrada por Junts para agilizar los plazos de incorporación en el sistema nacional de salud de los medicamentos destinados a tratar el cáncer metastásico, así como la compra conjunta de la UE de esos fármacos.

El Congreso comienza a votar las propuestas de resolución de los grupos parlamentarios dentro del debate sobre el estado de la nación que se celebra en la cámara desde este martes.

Ciudadanos en el Congreso de los Diputados ha rechazado una enmienda presentada por el propio grupo a una propuesta de Unidas Podemos que pedía la creación de una empresa pública de energía. El grupo confederal había admitido la enmienda de Ciudadanos y otra de ERC, por lo que el texto se ha votado en los términos incluidos en esos textos. Sin embargo, el partido de Inés Arrimadas finalmente la ha rechazado, y no ha salido adelante.

El texto final pedía “dar los pasos en el plazo más breve posible para la constitución de una empresa pública de energía que recupere los saltos hidroeléctricos una vez vencida la concesión, así como impulse el desarrollo de las energías renovables, con estricta observancia de los criterios de racionalidad y eficiencia económica, y absoluto respeto a la competencia leal con el resto de empresas”. 

Informa Iñigo Aduriz.

Un día después de que Alberto Núñez Feijóo dijera que no podía confirmar qué iba a votar el PP a los nuevos impuestos extraordinarios a la banca y las empresas energéticas anunciados por Pedro Sánchez en el debate sobre el estado de la nación porque no conocía “los detalles”, el partido ha anunciado que sus diputados se posicionarán en contra.

“No podemos acompañar al PSOE en su intento de marcaje a la vicepresidenta [Yolanda] Díaz, y no podemos avalar unas tesis económicas que podrían endosar nuevas subidas de precios a la energía y los hidrocarburos”, asegura el PP en un comunicado. “Tampoco podemos apostar por la aceleración en la descarbonización, que reduce las vías de generación eléctrica, minora la oferta y abre la puerta a un incremento en las tarifas que soportan los españoles”, añade.

“Las medidas son útiles para congraciar a Pedro Sánchez con sus socios de Gobierno y sus aliados parlamentarios”, apunta el PP, que concluye: “No apoyamos la doctrina económica general de este Gobierno. Cuando se sustancie cada uno de los puntos a valorar fijaremos posición. Sin más información nuestro voto será contrario a las pretensiones de un Ejecutivo que renuncia a la centralidad política y copia las propuestas que inspiraron la creación del Podemos de Pablo Iglesias”.

Además, el PP ha anunciado que este jueves se abstendrá en la convalidación del segundo decreto ley anticrisis, que incluye la prolongación de las medidas ya aprobadas (como la subvención de 20 céntimos en el combustible), así como la rebaja en el precio de algunos billetes de transporte público, entre otras nuevas iniciativas.

La abstención del PP supone un cambio sobre el anterior decreto ley, que los de Feijóo rechazaron. Pese a que el PP asegura en su comunicado que “facilitará” la convalidación, pese a considerarlo un “plan insuficiente e incompleto”, el Gobierno ya tenía garantizado el respaldo de la mayoría del Congreso.

Informa Aitor Riveiro.

Vox ha aprovechado el debate sobre la Ley de Memoria Democrática que se desarrollaba este jueves en el Congreso para justificar la ejecución por parte del régimen franquista del artista y activista Salvador Puig Antich, uno de los últimos ajusticiados por medio de garrote vil en la dictadura, unas manifestaciones que han provocado que diputados de ERC, EH Bildu y Unidas Podemos abandonaran la sesión.

El diputado de la extrema derecha Francisco José Contreras ha subido a la tribuna para establecer su posición en contra de la ley del Gobierno y ha recordado el contenido de uno de los poemas de Puig Antich. “El silencio no amordazará su nombre. El silencio ha amordazado el recuerdo de la señora de Esquerra [Carolina Telechea], que ha olvidado que él fue ejecutado no por ser un artista sino por disparar a un policía”, ha dicho entre los aplausos de los diputados de su bancada.

Puig Antich, que militaba en el brazo armado del anarquista Movimiento Ibérico de Liberación, fue detenido en una confusa refriega policial durante la que el policía Francisco Anguas falleció tras recibir cinco disparos. Aunque el arma que escondía Puig Antich solo se disparó tres veces, un consejo de guerra lo condenó a muerte por asesinar a “un funcionario público por razones políticas”.

Durante su intervención, el diputado de Vox también ha reivindicado a José Calvo Sotelo, exministro de la dictadura de Miguel Primo de Rivera y asesinado en 1936.

La portavoz adjunta de ERC, Carolina Telechea, que precisamente había leído escritos de Antich durante su intervención en el mismo debate, ha interpretado las palabras del diputado de Vox como una “justificación del asesinato” del joven antifranquista. “Eso es un delito, es apología del franquismo”, ha apostillado.

“No vamos a compartir espacio con los herederos del franquismo”, ha proclamado Telechea, ya en el pasillo, tras abandonar al hemiciclo junto a sus compañeros.

Diputados de ERC y Unidas Podemos han decidido abandonar la sesión en el Congreso que está a estas horas debatiendo la futura Ley de Memoria Democrática justo al inicio de la intervención de Vox. La extrema derecha, negacionista de la memoria histórica, ha empezado su turno reivindicando a José Calvo Sotelo, exministro de la dictadura de Miguel Primo de Rivera y asesinado en 1936, y justificando la ejecución por el régimen franquista del artista Salvador Puig Antich.

A los pocos segundos de dar comienzo su intervención, los diputados de ERC, EH Bildu y varios de Unidas Podemos presentes en el debate han salido del salón de plenos. Los republicanos han anunciado su abstención al texto al no considerarlo suficiente: “Esta ley continúa quedándose muy lejos de lo que debería ser una reparación justa a las víctimas y el reconocimiento de la ignominia” del régimen, ha manifestado Carolina Telechea, que ha denunciado que la norma no remueve los obstáculos para juzgar los crímenes del franquismo. “Con lo que hoy se aprueba, la herida sigue sangrando”, ha asegurado la diputada.

Por su parte, Unidas Podemos ha celebrado la aprobación del texto, aunque ha reconocido que algunas cuestiones han quedado pendientes. Enrique Santiago, encargado de defender la posición del grupo, ha afeado a las derechas su oposición a la norma: “Solamente quienes se identifican con el franquismo creen que garantizar los derechos de las víctimas es una venganza de los vencidos o una alteración de la convivencia”.

El secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López, ha acusado este jueves al PP de enfrentar a las víctimas del terrorismo con las de la Guerra Civil y la dictadura para “atacar al adversario”. “¿Por qué el PP está en contra de las víctimas de la dictadura? ¿Por qué enfrentar a unas víctimas con otras? ¿Por qué esa humanidad”, se ha preguntado el exlehendakari en declaraciones a la prensa en el Congreso de los Diputados, donde hoy se debate la nueva Ley de Memoria Democrática del Gobierno.

López ha lamentado que el PP de Alberto Núñez Feijóo haya cruzado “líneas que no se pueden traspasar” para atacar al adversario y le ha advertido de que “no todo vale”. “Las víctimas del terrorismo son patrimonio exclusivamente de sí mismas pero son un referente de todos. Quiere hacerlas referente de parte”, ha insistido López.

“Lo que hacen es enfrentar a las víctimas del terrorismo con las víctimas de la dictadura y de la Guerra Civil, porque las enfrentan a una Ley de Memoria que trata de reconocer, resarcir, reparar a las víctimas de la dictadura y de la guerra, dotarlas de memoria, dignidad y justicia, como a las del terrorismo. Lo mismo”, ha zanjado.

El portavoz de Más País, Iñigo Errejón, ha acusado este jueves a las formaciones de derecha de “instrumentalizar” a las víctimas de la banda terrorista ETA para sus intereses electorales y les ha reprochado que hablen de ellas en el debate sobre la Ley de Memoria Democrática que se desarrolla hoy en la Cámara Baja.

“Esta no es una discusión sobre las víctimas de ETA, tengan la decencia, señorías de la derecha, de no instrumentalizarlas par sus intereses electorales. Esta es una ley sobre la memoria de las víctimas del golpe de estado y los 40 años de dictadura. Tengan la honestidad de decir lo que piensan sobre esta ley”, ha pedido el diputado a PP, Vox y Ciudadanos.

A continuación, el líder de Más País ha hecho un alegato a favor del texto del Gobierno que hoy votará el Congreso: “Esta ley no es sobre el pasado, es una ley sobre dolores que suceden hoy. De quienes no tienen dónde ir a recordar a sus familiares, porque están enterrados en una cuneta; sobre quiénes no saben qué fue de sus antepasados y ahora van a poder acceder a los archivos”. “Volveremos a casa con el orgullo de decirles que este país empieza a reconocer la deuda que tenemos con ellos”, ha zanjado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves que llevará al Parlamento autonómico un anteproyecto de ley para una nueva rebaja del impuesto de sucesiones y donaciones, que en este caso afectará a las transmisiones entre hermanos, tíos y sobrinos, con la que la región dejará de ingresar casi 50 millones de euros.

En concreto, el Gobierno regional llevará la rebaja de este impuesto para esos familiares hasta el 25%, una medida que calcula que afectará a 11.500 contribuyentes y con la que dejará de recaudar 48 millones de euros. Según ha anunciado la presidenta en un acto en Lisboa, prevé que la medida entre en vigor el 1 de enero de 2023.

La decisión supone “un incremento de más de 10 puntos porcentuales en la rebaja con la que ya cuentan actualmente (15% en el caso de hermanos y del 10% con tíos y sobrinos)”, explica la Comunidad en un comunicado en el que añaden que la media da “continuidad a las bajadas tributarias llevadas a cabo en esta legislatura y que forman parte de los compromisos del programa electoral”. Esta política fiscal ha provocado que Madrid haya dejado de ingresar más de 60.700 millones de euros desde la época de Esperanza Aguirre.

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha celebrado este jueves el dictamen del abogado general de la Unión Europea, que se alinea con la tesis del juez instructor Pablo Llarena sobre la extradición de políticos catalanes en el extranjero.

“Yo no esperaba otra cosa del abogado general y no espero otra cosa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si no le da la razón, yo creo que la euroorden tiene que desaparecer. Si cualquier estado puede cuestionar el mandato de otro estado por razones de aplicar la legislación del propio estado que requiere, como hizo el estado belga, la euroorden tiene que desaparecer”, ha expresado Lesmes este jueves en declaraciones a la prensa.

El abogado de la UE se alinea con Llarena en su último intento para extraditar a Puigdemont

“No nos satisfacen y no es lo que esperábamos. Como siempre, estaremos atentos a la decisión del tribunal”. Con estas palabras ha reaccionado Carles Puigdemont a través de sus redes sociales a las opiniones del abogado general de Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que en un dictamen no vinculante se alinea con el juez español Pablo Llarena y rechaza los motivos alegados por la Justicia belga para la denegación de una posible extradición del expresident de la Generalitat.

El magistrado del Supremo había enviado unas consultas prejudiciales al TJUE para evitar que los jueces belgas denieguen la extradición–como hicieron con el exconseller Puig– por cuestionar las competencias del Supremo. “Observamos claras contradicciones entre la opinión que hemos conocido hoy y la jurisprudencia reciente del propio TJUE, que confiamos que el tribunal resuelva”, dice Puigdemont.

“Sabemos qué debemos hacer y qué actitudes debemos tomar si se da el caso del peor de los escenarios posibles, en el que tampoco nos encontramos. Que nadie tenga ninguna duda: hoy más que nunca nos conjuramos con el #nosurrender [no rendirse] con el que hemos luchado todos estos años”.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha afirmado hoy que no puede garantizar que los vocales se pongan de acuerdo para elegir a los dos nuevos magistrados para el Tribunal Constitucional antes del 13 de septiembre, tal y como ha propuesto el PSOE en una enmienda a la ley que impulsó en las Cortes para la renovación del tribunal de garantías.

“Me esforzaré en que esa situación se de pero tampoco la puedo garantizar”, ha dicho Lesmes este jueves en declaraciones a la prensa La Palma, preguntado por esa enmienda que han presentado los socialistas en el Congreso con el fin de que el órgano de gobierno de los jueces no pueda retrasar sine die la designación de los dos magistrados que le corresponden y que, junto al nombramiento de los dos que corresponden al Gobierno, cambiará el juego de mayorías del tribunal de garantías para que lidere la progresista. 

Lesmes ha asegurado que va a convocar el pleno “en un tiempo razonable” y con anterioridad a esa fecha, pero ha considerado que “es necesario algo más”: “Es necesario que los vocales se pongan de acuerdo en dos candidatos. Se trata de un número importante de vocales, porque la ley exige la mayoría de tres quintos y eso exige que al menos 12 vocales coincidan en el nombre de dos candidatos”.

El presidente del Poder Judicial, por otro lado. ha vuelto a pedir a PP y PSOE que se sienten a hablar y lleguen a un acuerdo para renovar ese órgano judicial, que, ha considerado, “es evidente que no está funcionando bien”. “No sé por qué es tan difícil sentarse a hablar. Nuestro sistema no está funcionando bien, es una obviedad. No digo que haya que llegar a un determinado puerto, digo que hay que llegar a algún puerto. Me sorprende la incapacidad de no sentarse a hablar”, ha dicho el también presidente del Tribunal Constitucional.

Begoña Villacís, coordinadora de Ciudadanos en Madrid y vicealcaldesa de la capital, ha reconocido este jueves que su partido no pactó “bien” los gobiernos de coalición con el PP en las comunidades autónomas y ayuntamientos donde gobiernan con los populares.

“Hemos cometido algunos errores, sinceramente lo creo. Lo mal que explicamos el 'no' a Sánchez. Rivera lo explicó, acertó, pero se equivocó en el cuándo, aunque no en el cómo ni en con quién. Creo que se explicó mal y no pactamos bien, tampoco”, ha declarado en una entrevista en esRadio, donde también ha señalado en que permanece en Ciudadanos porque “tiene que haber un espacio liberal en España”.

“Estar en la situación en la que estamos es una situación crítica, pero te da una serie de oportunidades, y es que cuando no aspiras a ser mayoritario, puedes ser mucho más valiente, y vamos a abrir debates que se tienen que empezar a abrir en España”, ha expresado.

Informa Europa press.

Cuatro debacles electorales que han acabado hasta con el nombre de Ciudadanos

Último día del debate sobre el estado de la nación. Este miércoles concluyeron las réplicas de los portavoces al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y hoy jueves, a partir de las 10.00, los diputados debatirán las propuestas de resolución presentadas por los diferentes grupos, que después se someterán a votación.

El PSOE ha presentado una enmienda a la proposición de ley que impulsó para renovar el Tribunal Constitucional ante el bloqueo del PP con la que da de plazo hasta el 13 de septiembre al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que designe sus magistrados. La intención de los socialistas es que el órgano de gobierno de los jueces no pueda retrasar sine die la designación de los dos magistrados que le corresponden y que, junto al nombramiento de los dos que corresponden al Gobierno, cambiará el juego de mayorías del tribunal de garantías para que lidere la progresista. 

El problema radica en la negativa del PP a renovar el Poder Judicial, que lleva casi cuatro años en funciones. PSOE y Unidas Podemos impulsaron una norma para evitar que el órgano de gobierno de los jueces pueda hacer nombramientos como fórmula de presión. Pero esa decisión se le ha venido en contra para la renovación del Constitucional, que actualmente tiene una mayoría conservadora, aunque el mandato de cuatro magistrados (dos nombrados por el Gobierno y dos por el CGPJ) ha caducado. 

Ante esa situación, los partidos de la coalición decidieron registrar una propuesta para permitir al Poder Judicial hacer sus nombramientos y disipar, además, cualquier duda sobre si el Ejecutivo puede hacer los suyos al margen del CGPJ dado que la Constitución establece que la renovación se produce por tercios (y uno de esos tercios corresponde al Poder Judicial con dos magistrados y al Gobierno, con otros dos).

Informa Irene Castro.