Una defensora de DDHH afirma que el Gobierno de Nicaragua quiere callar a los disidentes

La defensora de derechos humanos María Oviedo, suspendida por abofetear a un policía que aparentemente la tocó de forma indebida, afirmó este viernes que la sanción demuestra que el Gobierno de Nicaragua quiere “callar las voces disidentes”, en medio de la grave crisis sociopolítica local.

“Lo que puedo concluir, por las acciones que están emprendiendo en mi contra, es que quieren obstaculizar la labor de defensa de derechos humanos y quieren callar las voces disidentes”, dijo Oviedo, en sus primeras declaraciones tras la suspensión ordenada ayer por la Corte Suprema de Justicia.

Al momento de ser sancionada, Oviedo estaba a cargo de la defensa de al menos a tres “presos políticos”, como integrante de la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

La suspensión, que impide a Oviedo ejercer como abogada por seis meses, fue considerada “ilegal, arbitraria e injusta”, por la afectada, ya que la bofetada no constituye delito (es considerada una falta), y porque anteriormente una juez la sancionó con 30 días de prisión, pero inmediatamente suspendió la condena.

La Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) afirmó que el caso de Oviedo “es un precedente preocupante”, mostró su “respaldo al trabajo de los defensores de derechos humanos” y urgió al Estado de Nicaragua “a no criminalizar esa labor”.

La abogada insistió en que sus derechos como mujer fueron violados, ya que se estaba “defendiendo ante la agresión de un policía, de un hombre, hacia una mujer”.

La CPDH agregó que la sanción contra Oviedo “no tiene precedentes en la historia de Nicaragua”, y advirtió que en el país “existen unas tres millones de mujeres que, si se tienen que defender, van a ser sancionadas”.

“Este abuso es una agresión hacia la CPDH, hacia las mujeres, hacia los abogados, los magistrados de la Corte no responden a la Constitución”, dijo el secretario ejecutivo de la organización, Marcos Carmona.

Oviedo mostró temor a lo que podría pasar a los opositores que ella defendía, ya que se desconoce si el Poder Judicial garantizará una defensa adecuada.

Oviedo es una de decenas de abogados que defienden los derechos humanos de las víctimas de la crisis, entre ellas “presos políticos”, nicaragüenses que denunciaron ser torturados por policías o paramilitares, y familiares de personas que han desaparecido o fueron asesinadas después de participar en protestas contra el presidente Daniel Ortega.

Unas 328 personas han muerto desde el inicio de la crisis, en abril de 2018 según la CIDH, aunque organizaciones locales suman hasta 595, y el Gobierno acepta 200.