El fiscal defiende la validez de las escuchas en el caso Brugal de Orihuela

La fiscalía Anticorrupción de Alicante ha defendido este miércoles la validez de las intervenciones telefónicas que desvelaron las presuntas ilegalidades en torno al contrato de basuras de la ciudad de Orihuela, origen de las 17 supuestas tramas en la provincia del conocido como 'caso Brugal'.

Así lo ha mantenido el fiscal Pablo Romero que, sentado junto al otro fiscal Anticorrupción en la provincia, Felipe Briones, ha dedicado la sesión a desmontar las cuestiones previas planteadas por los abogados de los 34 enjuiciados, entre ellas la petición de invalidar las escuchas, sustento de las pruebas incriminatorias.

Entre los enjuiciados, destacan los exalcaldes oriolanos del PP José Manuel Medina, para quien Anticorrupción pide 12 años de prisión, y Mónica Lorente, 8, mientras que para el principal implicado, el industrial Ángel Fenoll, se solicitan 37 años y 8 meses.

Dichas intervenciones telefónicas fueron autorizadas por el juez instructor y realizadas por la Policía Nacional entre 2007 y 2010, y permitieron desvelar supuestas ilegalidades en otros 17 casos, entre ellos los relativos al PGOU de Alicante, con los exalcaldes del PP Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi como investigados, y el plan zonal de residuos de la Vega Baja, con el expresidente popular de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll encausado.

El fiscal Romero ha comenzado la sesión incorporando a la causa la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia de Alicante que, las pasada semana, validó estas escuchas iniciales en la rama del Brugal sobre la estafa de la empresa de automoción Autisa.

Para Anticorrupción, la instrucción de la causa (escuchas incluidas) ha sido “escrupulosa, legal y garantista al derecho de la defensa” frente a la versión esgrimida hace dos semanas en las causas previas por parte de las defensas de que la instrucción del caso ha sido “un auténtico desastre”.

Romero ha rechazado este argumento o que haya habido irregularidades en la actuación de la Policía, y ha argumentado que de los “múltiples” recursos de reforma y de apelación planteados por los enjuiciados durante los últimos años, solo se ha admitido uno y referido a la ampliación de un plazo para estudiar unas diligencias.

Además, el fiscal ha señalado que las grabaciones que encargó el industrial oriolano Ángel Fenoll de una comida con un concejal oriolano, Jesús Ferrández, para destapar el presunto amaño fueron legales, y ha reiterado que la instrucción se ha seguido “ajustada a derecho”.

El juicio se ha reanudado hoy en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial alicantina, y se ha comenzado dispensando a la exalcaldesa popular Lorente de estar en la sala por el fallecimiento de un familiar.

La posición de Anticorrupción contesta a las cuestiones previas planteadas por los abogados de los 34 acusados, que tuvieron el denominador común de pedir anular las escuchas y que, entre otros aspectos, también se quejaron del prolongado secreto de las actuaciones durante la instrucción: 36 meses entre la primavera de 2007 y 2010.

La investigación comenzó en 2006 por el posible amaño en el contrato local de las basuras durante la etapa del alcalde popular Medina. De los 34 enjuiciados, quince han tenido o tienen la condición de autoridad o funcionarios públicos, como los referidos a Medina y Lorente y siete exediles de la corporación municipal.

Según Anticorrupción, Fenoll destapó el caso al creer que no se le iba a adjudicar el contrato de basuras de Orihuela pese a que había conformado una presunta trama mafiosa que extorsionó a cargos públicos con la amenaza de revelar grabaciones con información relevante para “doblegar su voluntad”.