Los presupuestos prevén pagar tres veces menos en multas por agua en mal estado

Varias ministras de Asuntos Exteriores de países como Alemania, Canadá, Chile o Suecia, además del ministro español José Manuel Albares, han enviado este jueves un mensaje de apoyo y solidaridad a las mujeres iraníes, en medio de las protestas que vive el país persa por el asesinato de la joven Mahsa Amini bajo custodia policial después de ser detenida por llevar mal puesto el velo.

“El derecho a la vida, a la libertad de asociación y a la libertad de expresión son derechos humanos. Apoyamos a las mujeres de Irán en su lucha por la igualdad y contra la violencia. Los derechos de las mujeres son derechos humanos”, ha señalado Albares en su perfil de Twitter, donde muestra el vídeo en el que ha participado junto a las diferentes ministras.

Asimismo han reclamado que pare la represión policial en las protestas, donde ya han muerto más de 150 personas, según la ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo.

Los presupuestos de 2023 registran un aumento en la partida destinada a la dependencia. El Gobierno asegura que “el programa autonomía personal y atención a la dependencia alcanza en 2023 la cifra de 3.522 millones de euros, un 21,4 % más que en 2022, con un aumento de 620 millones de euros”. De esta forma, y siempre según los cálculos del Ejecutivo, esta partida cerrará la legislatura obteniendo un un 150% más de fondos que al inicio de la legislatura.

El aumento en la inversión destinada a la dependencia está destinado a la “reducción de la lista de espera y de los tiempos de tramitación de las solicitudes; a asegurar que las condiciones laborales de las personas que trabajan en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) son apropiadas y a introducir mejoras en los servicios y prestaciones que garanticen la atención adecuada de las personas dependientes”, apuntan desde el Gobierno.

Escribe Laura Galaup.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha tildado de “absolutamente intolerable” el comportamiento de los jóvenes del Colegio Mayor Elías Ahuja de Madrid, que gritaron desde las ventanas “putas” o “ninfómanas” a las universitarias del Colegio Mayor femenino Santa Mónica, situado enfrente.

Se trata de “un comportamiento absolutamente intolerable que muestra la necesidad de seguir avanzando frente al machismo. Educar en igualdad y una educación sexual integral es fundamental para evitar sucesos tan lamentables”, ha escrito la ministra en su cuenta de Twitter al tiempo que ha advertido que “las políticas de igualdad no se van a parar”.

En un vídeo difundido en redes sociales se escucha cómo los jóvenes universitarios del mencionado colegio mayor, adscrito a la Universidad Complutense, lanzan comentarios machistas a sus vecinas: “Putas, salid de vuestras madrigueras como conejas... Sois unas putas ninfómanas, os prometo que vais a follar todas en la capea, ¡vamos, Ahuja!”.

El centro ha anunciado que expulsará a varios estudiantes y está identificando a otros implicados. La Fiscalía, además, va a iniciar una investigación.

El Gobierno de coalición ha decidido aplicarse la subida salarial pactada con Comisiones Obreras y UGT en la Mesa de la función los sindicatos de la Función Pública, lo que supone un aumento del 4% respecto de lo que figuraba en el los Presupuestos vigentes. Con ello, el sueldo anual del presidente Pedro Sánchez será de 90.010,20 euros anuales, lo que supone una retribución mensual de 7.500 euros.

El Ministerio de Hacienda ha pactado con Comisiones Obreras y UGT una subida de sueldo para los funcionarios de un 2,5% para 2023 que a lo largo del ejercicio podrá llegar 3,5% si se cumplen unas variables. Pero el acuerdo incluye también aplicar este mismo año una cláusula de compensación en forma de subida del 1,5%.

El Ejecutivo ha decidido aplicar al presidente y los ministros los mismos porcentajes pactados para los funcionarios. Por eso, los sueldos que se contemplaban en los Presupuestos de 2022 ya se van a subir ese 1,5% y sobre esa retribución se aplica el 2,5% inicialmente previsto para 2023.

Formalmente, en los Presupuestos Generales del Estado que acaba de presentar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, los sueldos del Gobierno experimentan un incremento del 4% respecto a lo que figuraba en el proyecto presentado hace un año, pero en la práctica se hace escalonadamente.

Con información de Europa Press.

Los presupuestos destinan 318 millones de los fondos europeos para reducir el agua que se saca de los acuíferos para el riego a cambio de usar “recursos alternativos”, básicamente, agua de desaladoras. En 2022 esta partida sumó 90 millones. La mayoría de los fondos va a la sociedad estatal Acuamed (278 millones) que actúa en las cuencas mediterráneas. Otros 40 millones van a Acuae, que aglutina el resto de cuencas que dependen de Transición Ecológica.

La partida que aúna la mejora de las aguas subterráneas y la prevención de inundaciones llega hasta los 497 millones de euros, un 44% más que en 2022. La mayoría son fondos del Mecanismo de recuperación y resiliencia.

Informa Raúl Rejón.

El Ministerio de Igualdad va a manejar un presupuesto de 319 millones de euros para hacerle frente a las violencias machistas, según las cuentas para 2023 presentadas por el Gobierno este jueves. Es un 12% más que la cantidad asignada el anterior ejercicio.

De ellos, 260 se corresponden con la partida de “Actuaciones para la prevención integral de la Violencia de Género” y se destinarán, entre otras cosas, a la puesta en marcha de la llamada ley del ‘solo sí es sí’, con 40 millones de transferencias a las comunidades para atender a víctimas de violencia sexual o un millón para las ayudas sociales a mujeres que contempla esta nueva norma.

El resto, 59 millones, son de fondos europeos, un montante que desciende respecto a este año, cuando el Ejecutivo asignó por esta vía 76 millones de euros a la violencia machista. Con estos créditos se prevén “ampliar y mejorar” los servicios de atención telefónica y telemática a las víctimas de todas las formas de violencias machistas y poner en marcha los centros de atención integral 24 horas para víctimas de violencia sexual, para lo que el Gobierno ya este año ha aprobado diferentes transferencias a las comunidades.

Lo cuenta Marta Borraz.

La Oficia Española contra el Cambio Climático va a manejar un presupuesto de más de 27 millones de euros lo que supone un incremento del 40% respecto al año anterior. La partida que más se ha beneficiado es la de transferencias a las comunidades autónomas para financiar el programa de refugios climáticos.

Informa Raúl Rejón.

Los Presupuestos (PGE) recogen un incremento de los préstamos del Estado a la Seguridad Social para atender al pago de las pensiones, que experimentarán una gran subida debido a la inflación disparada (un 8,5%, según la previsión). Así, el préstamo previsto alcanzará los 10.004 millones de euros en 2023, un 43% más que el año pasado.

El Gobierno de Mariano Rajoy fue el primero en recurrir a préstamos del Tesoro para complementar las cuentas de la Seguridad Social en 2017, cuando se aprobó un crédito de 10.192 millones. Desde entonces, las cuentas públicas han incluido siempre esta vía extra de financiación.

El año pasado el Gobierno de coalición destacó su gran reducción (de los 13.830 millones a los 6.982 millones) gracias a un incremento del dinero recaudado en cotizaciones sociales y también a que cada vez se transfiere más dinero a la Seguridad Social vía impuestos, como se acordó en el Pacto de Toledo.

En 2023, pese a que se prevé un aumento de los ingresos por cotizaciones sociales muy importante (del 11,5%) y a que se incrementan también las transferencias desde Presupuestos (19.888 millones de euros, 1.492 millones de euros más que en 2022), la Seguridad Social ha tenido que elevar también el dinero en préstamos para atender a sus pagos. El déficit del organismo se mantiene así con la misma cifra que este año, en el 0,5%.

“Dada la situación financiera de la Seguridad Social, desde el Estado se abordan en el presupuesto del ejercicio 2023 las necesidades que presenta la Seguridad Social para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones mediante la dotación de un préstamo por importe de 10.004 millones de euros para el equilibrio financiero de la Seguridad Social”, recogen los Presupuestos.

Informa Laura Olías.

La asignación de la Casa Real se mantendrá intacta con respecto a los dos años anteriores, según recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 que el Gobierno ha registrado en el Congreso este jueves. 

La cifra supone una congelación en 8.431.150 euros desde el año 2021. En aquel momento supuso un incremento del 6,9% respecto al año anterior que Zarzuela justificó entonces como una compensación de medio millón de euros por “costes asumidos” en los ejercicios anteriores. 

Los Presupuestos recogen únicamente la asignación presupuestaria para Zarzuela, pero el coste de la jefatura del Estado es en realidad mucho mayor, ya que hay numerosos gastos que se camuflan en otras partidas. Por ejemplo, el Ministerio de Presidencia y Patrimonio Nacional asumen la mayoría de gastos de personal mientras que Interior y Defensa lo hacen con la seguridad y la Guardia Real.

Escribe Irene Castro.

El dinero para la mejora del medio natural da un buen salto: pasa de 221 a 294 millones de euros, casi un 33% más. La dirección general de Biodiversidad es la que copa la mayoría de los fondos. Sus inversiones tendrán un presupuesto de 152 millones, por los 138 de hace un año.

¿A qué se debe dedicar grosso modo este dinero? Pues a conservar y mejorar hábitats y especies silvestres de flora y fauna “especialmente las amenazadas”, explica el proyecto de cuentas anuales. Además de coordinar con otras administraciones estas actividades, también está incluida la lucha contra los incendios forestales.

Lo cuenta Raúl Rejón.

Unidas Podemos ha reclamado al Ministerio del Interior que se revierta el reconocimiento por parte de la Policía de Paterna (Valencia) al líder regional de España 2000, José Luis Roberto, y que esclarezca si esta persona tiene vinculaciones con cargos policiales.

Así lo solicitan los diputados del grupo confederal Enrique Santiago e Ismael Cortes, representantes en la Comisión de Interior del Congreso, mediante una serie de preguntas parlamentarias dirigidas al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Los dos parlamentarios demandan la apertura de una investigación, algo que ya ha avanzado la Jefatura Superior de Policía de Valencia que atribuye esta distinción a una “acción individual” del responsable de la Comisaría de Paterna.

Tanto Santiago como Cortés solicitan también que, ante informaciones publicadas en medios, el Ministerio esclarezca si el líder de España 2000 está relacionado con cargos policiales “en base a sus empresas o partido político”.

A través de Europa Press.

El presupuesto de protección del medio ambiente se dedica a atajar la contaminación del aire –incluida la acústica– y la gestión de residuos, entre otras cosas. Las cuentas de 2023 han asignado a este programa 21,4 millones de euros, un 28% más que hace un año. Entre inversiones y transferencias a las comunidades autónomas se pasará de 10 a 14,5 millones, según el proyecto del Ejecutivo.

Informa Raúl Rejón.

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves la supresión inmediata de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en transporte público y establecimientos como farmacias, una reclamación que únicamente han apoyado Ciudadanos y Vox.

El PSOE, Unidas Podemos, el PNV, Bildu y Coalición Canaria han votado en contra, mientras que el PP, ERC, PDeCAT, Más País, Compromís, el BNG, Foro Asturias y Teruel Existe han optado por abstenerse.

Ciudadanos defendió el martes la proposición no de ley, que buscaba instar al Gobierno a modificar el último decreto ley sobre medidas sanitarias para luchar contra la COVID-19 para retirar la obligación de usar mascarilla también en establecimientos como farmacias, ópticas o centros de ortopedia.

En el debate, PSOE, PP y Unidas Podemos apostaron por dejar en manos de los expertos y del Consejo Interterritorial del Salud la retirada de la mascarilla y criticaron por “populista” la iniciativa del partido 'naranja'. A las críticas se sumaron EH Bildu, PNV y PDeCAT, que resaltaron la necesidad de tener en cuenta a las comunidades autónomas y sus competencias a la hora de tomar la decisión.

A través de Europa Press.

El Pleno del Congreso ha aprobado por unanimidad conceder el suplicatorio pedido por el Tribunal Supremo para investigar al diputado del PP Alberto Casero, al que se achacan indicios de delito de prevaricación y malversación por contratos firmados cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres).

La Comisión del Estatuto del Diputado, que preside la socialista Adriana Lastra, ya celebró hace una semana una primera votación a puerta cerrada y ya hubo unanimidad de los grupos presentes para aprobar un dictamen favorable a la concesión.

Casero, un estrecho colaborador del ex secretario general del PP Teodoro García Egea que copó las primeras planas por su error que permitió aprobar la reforma laboral, tuvo opción a personarse y presentar alegaciones, pero declinó, con lo que este suplicatorio se ha tramitado con gran celeridad.

El último paso era la votación en el Pleno del dictamen de la comisión, un trámite que también se solventa sin transparencia y ni siquiera se da a conocer el resultado. Los diputados no están obligados a seguir consignas de voto, ya que su voto es secreto, pero según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, ha habido unanimidad para conceder el suplicatorio.

Tras la votación, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, dispone de un plazo de ocho días, contados a partir del acuerdo del Pleno de la Cámara sobre concesión o denegación de la autorización solicitada, para dar traslado del mismo a la autoridad judicial, advirtiendo de la obligación de comunicar a la Cámara los autos y sentencias que se dicten y afecten personalmente al diputado.

Hasta ahora el Congreso había aprobado 32 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos sobre el mismo diputado). La última negativa del Congreso data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soares Gamboa) por incluir sus fotos en carteles de Interior.

El Proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 contempla un incremento del 0,3% para Justicia con respecto al anterior ejercicio, con una asignación total que se eleva hasta los 2.294 millones de euros, previendo además una oferta pública de empleo de hasta 300 nuevas plazas en las carreras judicial y fiscal.

Así se desprende del 'libro amarillo' que el Ejecutivo ha presentado este jueves en el Congreso de los Diputados, antes de que los Presupuestos inicien su tramitación parlamentaria. Con esta asignación el Gobierno pretende “transformar y modernizar la Administración de Justicia y acercar” la misma a los ciudadanos “mediante la racionalización de la organización judicial, de sus recursos personales y de los medios materiales para su correcto funcionamiento”.

En términos de presupuesto nacional, y sin incluir los fondos asociados al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, se han dotado 2.234 millones de euros a Justicia. Del desglose total, el Ministerio y el Centro de Estudios Jurídicos dispondrán de hasta 2.155 millones de euros.

La aportación de los fondos europeos será de 58 millones el próximo año, frente a los 210 de los actuales Presupuestos, mientras que el Gobierno incrementa su contribución a Justicia en 160 millones, frente a los 2.074 de este año.

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contará con una asignación total de 78 millones de euros, lo que representa un incremento del 3% con respecto al anterior ejercicio, en el que percibió 76 millones.

Con información de Europa Press.

La ministra de Hacienda ha explicado que la ampliación de la ayuda de 100 euros al mes por hijos de cero a tres años que incluirá la Ley de Familias está previsto que entre en vigor en “enero de 2023”. Por ello, cuenta con financiación dentro de estos Presupuestos Generales del Estado, ha sostenido.

María Jesús Montero no ha dado detalles sobre quién podrá acceder a esta ayuda, que ahora reciben madres con empleo de alta en la Seguridad Social. La ministra ha dejado pendiente esta explicación a su compañera responsable de Derechos Sociales, Ione Belarra, una vez se apruebe la mencionada Ley de Familias, que está previsto que sea “en breve”, ha apuntado.

No obstante, Montero ha adelantado que la ayuda por hijo será accesible a otras personas “en situación contributiva”. A falta de más detalle, este es el caso de quienes estén cobrando una prestación contributiva de paro o una pensión contributiva de incapacidad, por ejemplo. “Va a haber un texto explícito con todos los avances en la Ley de familias”, ha reiterado Montero, donde se regularán las nuevas condiciones de esta ayuda.

La titular de Hacienda ha cifrado “los beneficios fiscales de la medida” en “algo más de 200 millones de euros”, que están previstos en las cuentas públicas de este año aunque aún no esté aprobada la Ley de Familias.

Informa Laura Olías.

Las sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales no financieras registrarán un beneficio agregado de 2.332 millones de euros en 2023, lo que supone un 55% más que los 1.495 millones de euros presupuestados para el presente ejercicio, al tiempo que invertirán 10.658 millones de euros, un 10,3% más, según recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año próximo.  

Las ganancias de las empresas estatales previstas para el próximo año vienen impulsadas principalmente por los beneficios estimados para Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (1.854 millones de euros), Grupo Enaire (636 millones), Grupo Puertos (227 millones), Grupo SEPI (136 millones de euros), Grupo Renfe Operadora (86 millones de euros), Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (11 millones), Ineco (9 millones) y Paradores de Turismo (7 millones de euros).  

Se espera un resultado negativo de Adif Alta Velocidad (-286 millones), Adif (-151 millones) y resto de entidades (-197 millones de euros). La facturación agregada de todas estas sociedades ascenderá a 29.343 millones de euros.  

La inversión real prevista por el conjunto de sociedades y entidades no financieras en 2023 asciende a 10.658 millones de euros, concentrándose la mayor parte de las inversiones en las empresas del área de infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.  

En concreto, las inversiones previstas por Adif (3.467 millones de euros) y Adif-Alta Velocidad (2.694 millones de euros), representan el 32% y 25% del total, respectivamente.  

Por su parte, Grupo Puertos invertirá 1.073 millones de euros, Grupo Enaire 816 millones, Grupo Renfe-Operadora 764 millones, SEPI 447 millones, Acuaes 239 millones, Siepse 170 millones, el Consorcio Zona Franca de Barcelona 168 millones, Seittsa 165 millones, Seisa 116 millones y resto de entidades 539 millones.

Informa elDiario.es.

Los Presupuestos Generales del Estado recogen un IPREM (Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples), indicador clave para las cuantías de subsidios y el acceso a numerosas ayudas sociales, que subirá “a los 600 euros” al mes, desde los 579,02 euros mensuales vigentes en 2022. Es decir, se aprueba un incremento del 3,6%, en este caso (al contrario de las pensiones y el ingreso mínimo vital), el aumento queda bastante lejos de la inflación.

Este índice marca la cuantía de algunos subsidios, como los de desempleo para personas que no han cotizado lo suficiente o que agotan la prestación de paro, es decir, desempleados de larga duración. También el subsidio para las personas desempleadas de más de 52 años, que se elevarán ese 3,6%.

El IPREM también establece la cuantía mínima y la máxima de la prestación contributiva de paro, que tiene en cuenta la situación del hogar, si tiene hijos o no a cargo.

Además, el IPREM fija el acceso a numerosas ayudas sociales para quienes menos tienen, como al alquiler de viviendas públicas, ayudas de libros, la justicia gratuita o a rentas mínimas autonómicas como la andaluza.

Escribe Laura Olías.

En el segundo semestre del año que viene España asumirá la presidencia de turno de la UE. El gasto previsto para ello asciende a 145 millones de euros, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado este jueves. El grueso de la cuantía corresponde al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y al Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación.

La de 2023 será la quinta vez que nuestro país asuma la Presidencia de la UE. Para ello se ha creado el Comité Organizador de la Presidencia de la UE, del que estará al frente el titular de Exteriores. El organismo se ha reunido ya en tres ocasiones desde su creación en enero de 2022 y se encargará de la programación, planificación, coordinación y ejecución actividades en ese contexto.