En julio de 2006, José Luis Rodríguez Zapatero llegó a India para iniciar una visita de dos días. A uno de los países más importantes del mundo en el que la diplomacia y las empresas españolas siempre habían tenido una presencia reducida. Asistió a una cena con el primer ministro el día 2 y al día siguiente recibió la noticia del accidente del Metro de Valencia con 43 muertos. De inmediato, tomó la decisión de suspender la visita y regresar a España cuanto antes. Las autoridades indias no daban crédito. Ya les había sorprendido que la visita estuviera limitada a 48 horas cuando el objetivo final era abrir un nuevo y gigantesco mercado para las empresas de España.
Es la actitud que se ha impuesto en la política española. Incluso si el cargo político no tiene una responsabilidad directa en la respuesta a la tragedia, resulta imprescindible parar por respeto a las víctimas. A veces, suspendiendo actos oficiales o de campaña. O la celebración de un pleno, aunque los parlamentarios no tengan ninguna función específica que realizar. Es una forma de expresar el duelo y la solidaridad con los familiares de fallecidos y heridos. Ahí entraría lo que estos días se ha llamado una tregua en la pelea enconada entre Gobierno y oposición, que al final ha durado menos que el duelo oficial, como era de temer.
No siempre está claro de qué sirve que el presidente de un Gobierno —central o autonómico— visite el lugar de los hechos. Hay otras formas de recabar la información necesaria y con frecuencia la gestión de esos momentos cuenta con otros responsables directos que van a hacer su trabajo con o sin visita de sus jefes. Tampoco se puede negar que tiene un elemento de apoyo a los equipos de emergencia y compromete al líder político con las habituales promesas de que se utilizarán los fondos públicos necesarios para reparar los destrozos o ayudar a los damnificados.
Ante la catástrofe del choque de trenes en Adamuz, que ha causado 42 muertos, se ha pensado que la gente no aceptaría que la escala de prioridades de los políticos colocara la misión de atacar al rival por encima del momento de dolor compartido. Influyó en ello la actitud de Juanma Moreno, presidente de Andalucía, que el lunes por la mañana marcó los límites: “En una situación así no cabe disputa política, sino que toca que todos arrimemos el hombro”. Elogió la colaboración entre administraciones, lo que también hizo Pedro Sánchez en su visita a la zona.
El ministro Óscar Puente confirmó horas más tarde ese espíritu de colaboración. “Cero reproches que hacer (a los responsables de la Junta), todo lo contrario. Han actuado correctísimamente y no puedo, ni en la forma ni en el fondo, hacer más que alabanzas al señor Moreno Bonilla”, dijo en una entrevista con este diario.
Ana Rosa Quintana intentó en Telecinco que Moreno se sumara a los reproches a Puente en la mañana del lunes. El presidente andaluz no mordió el anzuelo y se mantuvo en su posición conciliadora.
En su visita a Córdoba, Alberto Núñez Feijóo también destacó esa colaboración entre gobiernos, aunque deslizó una frase que no es la primera vez que utiliza: “El Gobierno no nos ha dado ninguna información”. Como líder de la oposición, no cuenta con ninguna responsabilidad administrativa. Quienes deben colaborar, y eso incluye compartir información, son los gobiernos implicados. Moreno siempre podía informar luego a Feijóo, como así hizo.
La extrema derecha no aceptó silenciar su armamento. Su estrategia consiste únicamente en denunciar que todo es un desastre y que todo es culpa del Gobierno. No necesita pruebas ni indicios para ello. Si alguien piensa que eso genera alarma, sus dirigentes responderán que eso es lo que están buscando precisamente.
Hubo tiempo para resucitar el viejo bulo de que España paga los trenes a Marruecos y otros países del Tercer Mundo mientras escatima con los de España. Se trata de créditos condicionados a que se compren trenes a empresas españolas, una forma de subvencionar a la industria local sin provocar la intervención de Bruselas. No conviene olvidar que Feijóo utilizó ese bulo en el Congreso hace casi un año.
Un momento recurrente en estas situaciones es cuando alguien denuncia que el adversario está intentando politizar una catástrofe. El funcionamiento de los servicios públicos está politizado por definición. Son las prioridades políticas de los gobiernos las que marcan cómo es su gestión. Otra cosa distinta es politizar el dolor de las víctimas en beneficio propio, una acusación habitual al PP en relación a las víctimas del terrorismo de ETA, a veces por parte de algunas asociaciones de víctimas.
Exigir responsabilidades después de un accidente de estas dimensiones, buscar formas de que una tragedia como esta no se repita y aprobar fondos públicos para financiar las mejoras necesarias en las infraestructuras no son intentos rastreros de politizar, sino reacciones totalmente lógicas. Pero es necesario conocer con exactitud las razones del accidente para concretar todos esos pasos, y eso a veces es imposible 24 o 48 horas después del siniestro.
Si no, te puede pasar como al ABC, que colocó el martes encabezando su portada el titular “Descarriló tras saltar la soldadura del raíl 23117” —con lo que ya había descubierto el origen del accidente sin género de dudas— para pasar a una versión distinta horas más tarde en su página web: “Investigan si la vía reventó por una pieza que arrastraba el tren Iryo e hizo palanca en el descarrilamiento de Adamuz”. Ya no estaba claro, porque a fin de cuentas la investigación está muy lejos de estar cerrada.
Para los amantes del combate cuerpo a cuerpo, las aguas volvieron a su cauce por la tarde. La portavoz del Gobierno había prolongado la distensión. “Me quiero quedar con las palabras del líder de la oposición con su mensaje de que reconoce el trabajo y la coordinación sobre el terreno”, dijo Elma Saiz. Pero una portavoz gubernamental dijo después que el jefe de gabinete de Sánchez había estado en contacto con la jefa de gabinete de Feijóo, y no para echarle una bronca. El PP estaba molesto porque Puente no había acompañado a Feijóo en su visita. El ministro respondió que nadie le había avisado de su llegada.
Eso causó la indignación en el principal partido de la oposición. Fuentes de la dirección del PP enviaron un mensaje a varios periodistas: “No somos el partido del 'pásalo'. Ni el que llama asesino a un político cuando su gestión genera inseguridad o fallecimientos, pero no consentimos engaños de los que engañan siempre”. Lo de un político que causa “inseguridad o fallecimientos” debe de ser por Carlos Mazón.
Los partidarios de declarar la guerra al Gobierno hasta el fin de los tiempos pueden estar tranquilos. La tregua no ha durado ni dos días. Vuelven los navajazos y las lanzadas en el vientre. El orden natural de las cosas no ha sido vulnerado. Cayetana Álvarez de Toledo no tardó en desaprovechar la oportunidad y saltó para afirmar que el Ministerio de Transportes es “un cortijo de mordidas, amaños y corrupción” y denunciar que “enchufaron a Koldo en Renfe y a prostitutas en ADIF”. Lo de todos los días antes del accidente. Se acabó lo que decía Moreno de arrimar el hombro.
Los medios de comunicación volverán a disfrutar de su dieta básica. Al menos, se puede confiar en que no aticen la alarma social y la preocupación de los ciudadanos por la seguridad en el tren que se desprende de algunas opiniones. Desde el año 2000, 156 personas han fallecido en accidentes ferroviarios. El número de muertos en accidentes de carretera ha sido de 73.500.