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Europa redobla la presión para poner fin a los cuatro años de bloqueo del Poder Judicial

Cuatro años y dos días con el mandato caducado y las presiones para renovar el Consejo General del Poder Judicial se multiplican incluso fuera de las fronteras españolas para poner fin a un bloqueo inédito y que ya ha alcanzado a otras altas instituciones, como el Tribunal Constitucional. Tanto la Comisión Europea como el informe GRECO contra la corrupción han reiterado que la prioridad pasa por renovar el CGPJ. Luego hay más tareas para “despolitizar” la Justicia, en las que también inciden expertos juristas consultados por elDiario.es. Entretanto, el partido de Feijóo, responsable de la parálisis, habla directamente de “la mayor crisis constitucional” desde la restauración de la democracia pero lo hace para culpar al Gobierno, cinco semanas después de haber roto unilateralmente un acuerdo que solo estaba pendiente de fecha para ser presentado.

Análisis – La conspiración de la derecha contra el Gobierno se extiende al Tribunal Constitucional, por Ignacio Escolar

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Ese es el contexto en el que se celebra este martes en el Congreso el 44º aniversario de la Constitución. Además del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; los presidentes del Senado, Ander Gil, y la propia Cámara Baja, Meritxell Batet; asistirán los del Tribunal Constitucional, Pedro Gónzalez-Trevijano, y del Supremo y del CGPJ en funciones, Rafael Mozo. También estará presente en la tradicional recepción que se celebra en el Salón de los Pasos Perdidos el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la víspera empezó a preparar el terreno con un mensaje nuevo: la idea de que la negociación puede retomarse si el presidente del Gobierno quiere. Una forma de no asumir personalmente el peso de la ruptura, la enésima protagonizada por su partido (antes con Pablo Casado al frente) desde 2018.

El contexto no es propicio para Feijóo, que insiste en ejercer de hombre de Estado capaz de llegar a acuerdos en los grandes asuntos. Está fresco el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), uno de los más relevantes que se hacen en el marco europeo, y que ha escrito negro sobre blanco que considera “preocupante” y “crítico” el bloqueo para renovar el Poder Judicial. 

El documento, tantas veces citado a conveniencia por unos partidos y otros, “lamenta la falta de avances” en la “independencia y transparencia” de los nombramientos en el ámbito judicial. El clavo ardiendo al que se ha aferrado el PP más de una vez para romper las conversaciones con el Gobierno cuando el acuerdo estaba casi cerrado. Pero el GRECO pone esto en segundo lugar. El informe asegura: “El bloqueo de cuatro años en la designación del CGPJ es un asunto de preocupación crítica, que debe abordarse con carácter prioritario”. Y concluye: “Se insta a las autoridades a tomar medidas decididas en este tema clave”.

En términos similares se pronunció la semana pasada el comisario de Justicia, Didier Reynders. Preguntado expresamente por la designación del exministro Juan Carlos Campo como magistrado del Constitucional, el dirigente belga dijo que este hecho no era algo que solo ocurriera en España. Y añadió: “Es en la renovación ante todo del CGPJ en lo que realmente deberíamos poder avanzar, que luego permite tener una forma de completar el Tribunal Constitucional en su conjunto”.

La referencia al tribunal de garantías no es baladí. El bloqueo del CGPJ lleva parejo un deterioro institucional que se ha extendido al Constitucional. De momento, el sector conservador de este bloqueará la entrada de los dos magistrados nombrados por el Gobierno para que así el PP mantenga la mayoría en este tribunal.

El PP señala al Gobierno por la “crisis constitucional”

En el PP lejos de sentirse interpelados señalan a los demás de haber generado una “crisis constitucional” con la derogación del delito de sedición. Una crisis inédita en España, según el número tres del partido, Elías Bendodo, quien dijo este lunes en una rueda de prensa que “nunca la Constitución ha estado más agredida que este 6 de diciembre”. Ni el 23F. Ni el 1-O. Este martes es el momento de mayor agresión contra la Ley Fundamental.

Así lo subrayó también el expresidente del PP, José María Aznar, quien defendió en una conferencia pronunciada en el propio Congreso el sistema de alternancia que se estableció tras la Restauración Borbónica de 1876 y que dio paso al sistema de turno, corrupción electoral mediante, que permitió gobernar durante décadas a los partidos de Cánovas y Sagasta. 

La estela de Aznar la siguió el presidente de Murcia, Fernando López Miras, quien en una entrevista en El Mundo aseguró: “Es una crisis sin precedentes. La hoja de ruta de Sánchez afecta a pilares del Estado de Derecho que nunca antes se había atrevido a cambiar”. 

El coordinador general apuntó en la misma rueda de prensa: “Los que quieren romper España y están en contra de la Constitución son los que avalan a Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez paga el precio que es la agresión de los independentistas y los herederos de ETA”.

Bendodo acusó directamente al Gobierno de ser quien rompió las últimas negociaciones, pese a que el PP lanzó un comunicado el pasado 28 de octubre para airear la ruptura, horas después de Feijóo hablase con Sánchez, y quedasen de verse una semana después. El número tres del PP insistió este lunes en que su partido está dispuesto a retomar las conversaciones si el Ejecutivo les llama. Poco después, fuentes de la dirección nacional del PP reescribían lo dicho por su portavoz: “No hay cambio. La llamada debe ser para decir que retiran lo de la sedición”. Las mismas fuentes añadían: “No hay novedades respecto a lo que ya dijo Feijóo, y menos después de meter a dos alfiles de Moncloa en el Constitucional”.

Se ratifica así la sensación que anida en Moncloa desde el día en que el PP se levantó de la mesa de negociación: que las posibilidades de abordar pactos con Feijóo son las mismas que en la etapa de Casado. Es decir, casi ninguna. O ninguna, si nos atenemos al “con este PSOE, no” que dijo el líder del PP y al que se retrotraen en Génova cuando se les pregunta.

En el PSOE se resignan a que la legislatura concluya sin que la oposición sea capaz de asumir sus obligaciones constitucionales. “Es trumpismo de manual: bloqueo y deterioro de las instituciones, cuestionamiento de los datos e incremento de la bronca política”, denuncian en Ferraz. Una situación, dicen, que “no tiene precedentes en democracia” porque, señalan, “tener bloqueado el órgano de gobierno de uno de los poderes del Estado, con más de 20 excusas distintas” no va solo contra los llamamientos del Gobierno o la sociedad española, sino también de la UE. 

“La huida hacia adelante del señor Feijóo, atrapado entre el poder real que ejerce la señora Ayuso en el PP y unas cifras de valoración que solo han bajado desde que llegó a la política, le hacen tomar decisiones y hacer discursos que no se diferencian absolutamente en nada de su predecesor Pablo Casado. El hombre que venía a enseñarnos a todos a pactar, solo ha logrado destrozar un principio de acuerdo que la anterior dirección del PP tenía con el ejecutivo para comenzar la renovación del CGPJ”, aseguran. 

Por eso, dan por perdido cualquier escenario de posible acuerdo, más aún a las puertas de un ciclo electoral como el de 2023. El convencimiento entre las filas socialistas es que el PP ya solo accederá a la renovación del CGPJ y desbloqueará el Constitucional si gana las elecciones. “Porque piensan que el poder es suyo y porque saben que el PSOE siempre cumple con la Constitución, esté en el Gobierno o esté en la oposición”, sostienen. 

Unidas Podemos va incluso más allá en su crítica. “Llevan cuatro años incumpliendo la Constitución de manera sediciosa. Porque cuando el PP se niega a la renovación del órgano de los jueces y a que el CGPJ refleje las mayorías democráticas del país, lo que está haciendo es tirar la Constitución al barro y pisarla”, denuncian.

El grupo que lidera Yolanda Díaz insiste en hacer un llamamiento a la mayoría de investidura para llevar a cabo cuantas reformas sean necesarias en la búsqueda del desbloqueo. “El PP pretende mantener el secuestro del órgano de los jueces y al resto de partidos nos toca no permitirlo”. 

“Perpetuar la influencia”

A la tesis europea se suman también catedráticos de Derecho Constitucional consultados por elDiario.es. Califican de “gravísima” la situación actual, en la que el CGPJ está “prácticamente paralizado” y el Constitucional tiene a un tercio de sus magistrados con el mandato caducado desde el pasado verano, lo que está prolongando la mayoría conservadora en el tribunal que deberá pronunciarse sobre asuntos tan sensibles como la reforma educativa, el aborto o la eutanasia.

Ana Carmona, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, afirma que aunque existe el deber constitucional de renovar en plazo los altos órganos del Estado, en España hay una “tendencia recurrente” a no hacerlo que no ha pasado desapercibida a las instituciones comunitarias. Recuerda, en este sentido, que la Comisión Europea ha reafirmado su “preocupación” por el bloqueo del CGPJ en los tres informes sobre el Estado de Derecho que ha publicado desde 2020. 

Los expertos consideran “especialmente preocupante” la situación del órgano de gobierno de los jueces, que cruzó este domingo el umbral de los cuatro años con el mandato caducado. Es una situación de parálisis inédita en democracia que, según los juristas consultados, tiene como principal responsable al Partido Popular. Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, considera “muy grave” que el principal partido de la oposición “pretenda perpetuar su influencia” en órganos como el CGPJ “dilatando su renovación”. Y pone el acento sobre el hecho de que el mismo órgano que “debería dar ejemplo” esté “ignorando” el mandato legal que le obliga a designar a dos magistrados del Constitucional. 

Carmona, por su parte, cuestiona la “actitud obstruccionista” de los conservadores y el hecho de que sus dirigentes estén “obstaculizando de forma reiterada” un acuerdo que permita sacar del bloqueo a la institución. Esta experta llama la atención también sobre la parálisis que está provocando esta situación en distintos ámbitos de la Justicia como consecuencia de la reforma legal que, desde marzo de 2021, impide al CGPJ hacer nombramientos en la cúpula judicial cuando, como sucede ahora, está en funciones. En el Tribunal Supremo, por ejemplo, las vacantes ascenderán a 20 en los próximos meses, lo que supone el 25% de sus jueces. Carmona cree que el Gobierno actuó con “cierta torpeza” al impulsar una reforma que está provocando una “erosión” a la hora de impartir Justicia por la acumulación de dilaciones que ya son “considerables”, lo que contribuye a “deslegitimar el ejercicio de acción judicial”. 

Ante este panorama, Arbós considera que se debería buscar algún automatismo que evite que haya partidos que caigan en la tentación de perpetuar su influencia en estos órganos retrasando su renovación. Propone, en este sentido, que no haya mandatos prorrogados y que, en caso de bloqueo, los vocales puedan ser elegidos mediante un sorteo entre magistrados que cumplan ciertos requisitos. Por ejemplo, determinados años de ejercicio profesional. Arbós considera “muy grave” la parálisis actual aunque cree que la “pérdida de imagen de estas instituciones” viene de lejos porque son vistas por la ciudadanía como órganos que están “bajo la influencia de los partidos”. “A veces, de modo rutinario, se ha funcionado sobre la base de cuotas con el resultado negativo de que cualquier persona nombrada lleva pegada de su toga la etiqueta del sector que la ha promovido. Y eso perjudica a la imagen de la Justicia”, sentencia.

Cuatro años y dos días con el mandato caducado y las presiones para renovar el Consejo General del Poder Judicial se multiplican incluso fuera de las fronteras españolas para poner fin a un bloqueo inédito y que ya ha alcanzado a otras altas instituciones, como el Tribunal Constitucional. Tanto la Comisión Europea como el informe GRECO contra la corrupción han reiterado que la prioridad pasa por renovar el CGPJ. Luego hay más tareas para “despolitizar” la Justicia, en las que también inciden expertos juristas consultados por elDiario.es. Entretanto, el partido de Feijóo, responsable de la parálisis, habla directamente de “la mayor crisis constitucional” desde la restauración de la democracia pero lo hace para culpar al Gobierno, cinco semanas después de haber roto unilateralmente un acuerdo que solo estaba pendiente de fecha para ser presentado.

Análisis – La conspiración de la derecha contra el Gobierno se extiende al Tribunal Constitucional, por Ignacio Escolar

Más

Ese es el contexto en el que se celebra este martes en el Congreso el 44º aniversario de la Constitución. Además del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; los presidentes del Senado, Ander Gil, y la propia Cámara Baja, Meritxell Batet; asistirán los del Tribunal Constitucional, Pedro Gónzalez-Trevijano, y del Supremo y del CGPJ en funciones, Rafael Mozo. También estará presente en la tradicional recepción que se celebra en el Salón de los Pasos Perdidos el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la víspera empezó a preparar el terreno con un mensaje nuevo: la idea de que la negociación puede retomarse si el presidente del Gobierno quiere. Una forma de no asumir personalmente el peso de la ruptura, la enésima protagonizada por su partido (antes con Pablo Casado al frente) desde 2018.

El contexto no es propicio para Feijóo, que insiste en ejercer de hombre de Estado capaz de llegar a acuerdos en los grandes asuntos. Está fresco el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), uno de los más relevantes que se hacen en el marco europeo, y que ha escrito negro sobre blanco que considera “preocupante” y “crítico” el bloqueo para renovar el Poder Judicial. 

El documento, tantas veces citado a conveniencia por unos partidos y otros, “lamenta la falta de avances” en la “independencia y transparencia” de los nombramientos en el ámbito judicial. El clavo ardiendo al que se ha aferrado el PP más de una vez para romper las conversaciones con el Gobierno cuando el acuerdo estaba casi cerrado. Pero el GRECO pone esto en segundo lugar. El informe asegura: “El bloqueo de cuatro años en la designación del CGPJ es un asunto de preocupación crítica, que debe abordarse con carácter prioritario”. Y concluye: “Se insta a las autoridades a tomar medidas decididas en este tema clave”.

En términos similares se pronunció la semana pasada el comisario de Justicia, Didier Reynders. Preguntado expresamente por la designación del exministro Juan Carlos Campo como magistrado del Constitucional, el dirigente belga dijo que este hecho no era algo que solo ocurriera en España. Y añadió: “Es en la renovación ante todo del CGPJ en lo que realmente deberíamos poder avanzar, que luego permite tener una forma de completar el Tribunal Constitucional en su conjunto”.

La referencia al tribunal de garantías no es baladí. El bloqueo del CGPJ lleva parejo un deterioro institucional que se ha extendido al Constitucional. De momento, el sector conservador de este bloqueará la entrada de los dos magistrados nombrados por el Gobierno para que así el PP mantenga la mayoría en este tribunal.

El PP señala al Gobierno por la “crisis constitucional”

En el PP lejos de sentirse interpelados señalan a los demás de haber generado una “crisis constitucional” con la derogación del delito de sedición. Una crisis inédita en España, según el número tres del partido, Elías Bendodo, quien dijo este lunes en una rueda de prensa que “nunca la Constitución ha estado más agredida que este 6 de diciembre”. Ni el 23F. Ni el 1-O. Este martes es el momento de mayor agresión contra la Ley Fundamental.

Así lo subrayó también el expresidente del PP, José María Aznar, quien defendió en una conferencia pronunciada en el propio Congreso el sistema de alternancia que se estableció tras la Restauración Borbónica de 1876 y que dio paso al sistema de turno, corrupción electoral mediante, que permitió gobernar durante décadas a los partidos de Cánovas y Sagasta. 

La estela de Aznar la siguió el presidente de Murcia, Fernando López Miras, quien en una entrevista en El Mundo aseguró: “Es una crisis sin precedentes. La hoja de ruta de Sánchez afecta a pilares del Estado de Derecho que nunca antes se había atrevido a cambiar”. 

El coordinador general apuntó en la misma rueda de prensa: “Los que quieren romper España y están en contra de la Constitución son los que avalan a Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez paga el precio que es la agresión de los independentistas y los herederos de ETA”.

Bendodo acusó directamente al Gobierno de ser quien rompió las últimas negociaciones, pese a que el PP lanzó un comunicado el pasado 28 de octubre para airear la ruptura, horas después de Feijóo hablase con Sánchez, y quedasen de verse una semana después. El número tres del PP insistió este lunes en que su partido está dispuesto a retomar las conversaciones si el Ejecutivo les llama. Poco después, fuentes de la dirección nacional del PP reescribían lo dicho por su portavoz: “No hay cambio. La llamada debe ser para decir que retiran lo de la sedición”. Las mismas fuentes añadían: “No hay novedades respecto a lo que ya dijo Feijóo, y menos después de meter a dos alfiles de Moncloa en el Constitucional”.

Se ratifica así la sensación que anida en Moncloa desde el día en que el PP se levantó de la mesa de negociación: que las posibilidades de abordar pactos con Feijóo son las mismas que en la etapa de Casado. Es decir, casi ninguna. O ninguna, si nos atenemos al “con este PSOE, no” que dijo el líder del PP y al que se retrotraen en Génova cuando se les pregunta.

En el PSOE se resignan a que la legislatura concluya sin que la oposición sea capaz de asumir sus obligaciones constitucionales. “Es trumpismo de manual: bloqueo y deterioro de las instituciones, cuestionamiento de los datos e incremento de la bronca política”, denuncian en Ferraz. Una situación, dicen, que “no tiene precedentes en democracia” porque, señalan, “tener bloqueado el órgano de gobierno de uno de los poderes del Estado, con más de 20 excusas distintas” no va solo contra los llamamientos del Gobierno o la sociedad española, sino también de la UE. 

“La huida hacia adelante del señor Feijóo, atrapado entre el poder real que ejerce la señora Ayuso en el PP y unas cifras de valoración que solo han bajado desde que llegó a la política, le hacen tomar decisiones y hacer discursos que no se diferencian absolutamente en nada de su predecesor Pablo Casado. El hombre que venía a enseñarnos a todos a pactar, solo ha logrado destrozar un principio de acuerdo que la anterior dirección del PP tenía con el ejecutivo para comenzar la renovación del CGPJ”, aseguran. 

Por eso, dan por perdido cualquier escenario de posible acuerdo, más aún a las puertas de un ciclo electoral como el de 2023. El convencimiento entre las filas socialistas es que el PP ya solo accederá a la renovación del CGPJ y desbloqueará el Constitucional si gana las elecciones. “Porque piensan que el poder es suyo y porque saben que el PSOE siempre cumple con la Constitución, esté en el Gobierno o esté en la oposición”, sostienen. 

Unidas Podemos va incluso más allá en su crítica. “Llevan cuatro años incumpliendo la Constitución de manera sediciosa. Porque cuando el PP se niega a la renovación del órgano de los jueces y a que el CGPJ refleje las mayorías democráticas del país, lo que está haciendo es tirar la Constitución al barro y pisarla”, denuncian.

El grupo que lidera Yolanda Díaz insiste en hacer un llamamiento a la mayoría de investidura para llevar a cabo cuantas reformas sean necesarias en la búsqueda del desbloqueo. “El PP pretende mantener el secuestro del órgano de los jueces y al resto de partidos nos toca no permitirlo”. 

“Perpetuar la influencia”

A la tesis europea se suman también catedráticos de Derecho Constitucional consultados por elDiario.es. Califican de “gravísima” la situación actual, en la que el CGPJ está “prácticamente paralizado” y el Constitucional tiene a un tercio de sus magistrados con el mandato caducado desde el pasado verano, lo que está prolongando la mayoría conservadora en el tribunal que deberá pronunciarse sobre asuntos tan sensibles como la reforma educativa, el aborto o la eutanasia.

Ana Carmona, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, afirma que aunque existe el deber constitucional de renovar en plazo los altos órganos del Estado, en España hay una “tendencia recurrente” a no hacerlo que no ha pasado desapercibida a las instituciones comunitarias. Recuerda, en este sentido, que la Comisión Europea ha reafirmado su “preocupación” por el bloqueo del CGPJ en los tres informes sobre el Estado de Derecho que ha publicado desde 2020. 

Los expertos consideran “especialmente preocupante” la situación del órgano de gobierno de los jueces, que cruzó este domingo el umbral de los cuatro años con el mandato caducado. Es una situación de parálisis inédita en democracia que, según los juristas consultados, tiene como principal responsable al Partido Popular. Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, considera “muy grave” que el principal partido de la oposición “pretenda perpetuar su influencia” en órganos como el CGPJ “dilatando su renovación”. Y pone el acento sobre el hecho de que el mismo órgano que “debería dar ejemplo” esté “ignorando” el mandato legal que le obliga a designar a dos magistrados del Constitucional. 

Carmona, por su parte, cuestiona la “actitud obstruccionista” de los conservadores y el hecho de que sus dirigentes estén “obstaculizando de forma reiterada” un acuerdo que permita sacar del bloqueo a la institución. Esta experta llama la atención también sobre la parálisis que está provocando esta situación en distintos ámbitos de la Justicia como consecuencia de la reforma legal que, desde marzo de 2021, impide al CGPJ hacer nombramientos en la cúpula judicial cuando, como sucede ahora, está en funciones. En el Tribunal Supremo, por ejemplo, las vacantes ascenderán a 20 en los próximos meses, lo que supone el 25% de sus jueces. Carmona cree que el Gobierno actuó con “cierta torpeza” al impulsar una reforma que está provocando una “erosión” a la hora de impartir Justicia por la acumulación de dilaciones que ya son “considerables”, lo que contribuye a “deslegitimar el ejercicio de acción judicial”. 

Ante este panorama, Arbós considera que se debería buscar algún automatismo que evite que haya partidos que caigan en la tentación de perpetuar su influencia en estos órganos retrasando su renovación. Propone, en este sentido, que no haya mandatos prorrogados y que, en caso de bloqueo, los vocales puedan ser elegidos mediante un sorteo entre magistrados que cumplan ciertos requisitos. Por ejemplo, determinados años de ejercicio profesional. Arbós considera “muy grave” la parálisis actual aunque cree que la “pérdida de imagen de estas instituciones” viene de lejos porque son vistas por la ciudadanía como órganos que están “bajo la influencia de los partidos”. “A veces, de modo rutinario, se ha funcionado sobre la base de cuotas con el resultado negativo de que cualquier persona nombrada lleva pegada de su toga la etiqueta del sector que la ha promovido. Y eso perjudica a la imagen de la Justicia”, sentencia.

Cuatro años y dos días con el mandato caducado y las presiones para renovar el Consejo General del Poder Judicial se multiplican incluso fuera de las fronteras españolas para poner fin a un bloqueo inédito y que ya ha alcanzado a otras altas instituciones, como el Tribunal Constitucional. Tanto la Comisión Europea como el informe GRECO contra la corrupción han reiterado que la prioridad pasa por renovar el CGPJ. Luego hay más tareas para “despolitizar” la Justicia, en las que también inciden expertos juristas consultados por elDiario.es. Entretanto, el partido de Feijóo, responsable de la parálisis, habla directamente de “la mayor crisis constitucional” desde la restauración de la democracia pero lo hace para culpar al Gobierno, cinco semanas después de haber roto unilateralmente un acuerdo que solo estaba pendiente de fecha para ser presentado.

Análisis – La conspiración de la derecha contra el Gobierno se extiende al Tribunal Constitucional, por Ignacio Escolar

Más

Ese es el contexto en el que se celebra este martes en el Congreso el 44º aniversario de la Constitución. Además del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; los presidentes del Senado, Ander Gil, y la propia Cámara Baja, Meritxell Batet; asistirán los del Tribunal Constitucional, Pedro Gónzalez-Trevijano, y del Supremo y del CGPJ en funciones, Rafael Mozo. También estará presente en la tradicional recepción que se celebra en el Salón de los Pasos Perdidos el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la víspera empezó a preparar el terreno con un mensaje nuevo: la idea de que la negociación puede retomarse si el presidente del Gobierno quiere. Una forma de no asumir personalmente el peso de la ruptura, la enésima protagonizada por su partido (antes con Pablo Casado al frente) desde 2018.