El Consejo de Europa considera “preocupante” y “crítico” el bloqueo para renovar el Poder Judicial

El Consejo de Europa lo tiene claro: el bloqueo en el Poder Judicial es “muy preocupante”. Un bloqueo que dura ya cuatro años, fruto de la negativa del PP de acometer la renovación de sus miembros. Así, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa –organismo paneuropeo de 46 miembros no dependiente de la UE– “lamenta la falta de avances” en la “independencia y transparencia” de los nombramientos en el ámbito judicial, algo que tiene mucho que con la actitud que lleva ejerciendo el PP durante cuatro años.

En su informe sobre los cumplimientos de las recomendaciones para la prevención de la corrupción con respecto a los miembros del parlamento, jueces y fiscales, el GRECO señala carencias recurrentes, relativas también a la forma de cómo se nombran los altos cargos de la judicatura, incluido el Fiscal General del Estado y los miembros del CGPJ, así como la falta de avances de transparencia relativa a los lobbys, por ejemplo.

En este sentido, el GRECO recomendó llevar a cabo “una evaluación del marco legislativo que rige el Consejo General del Poder Judicial y de sus efectos sobre la independencia real y percibida de este órgano de cualquier influencia indebida”. Y ha concluido que “esta recomendación no ha sido implementada”, por lo que reitera “nuevamente la necesidad de eliminar la selección de los miembros del CGPJ de extracción judicial por parte de los políticos”.

El informe explica que “las autoridades de España indican que las negociaciones sobre la renovación del CGPJ se reanudaron en octubre de 2022 y fueron detenidos a fines de ese mismo mes”. El documento añade: “GRECO lamenta la falta de resultados positivos para implementar esta recomendación. El GRECO se refiere nuevamente a las normas del Consejo de Europa con respecto a la elección del turno judicial en los consejos judiciales: cuando hay una composición mixta de los consejos judiciales, para la selección de los miembros de los jueces, las normas establecen que los jueces deben ser elegidos por su sus pares (siguiendo métodos que garanticen la más amplia representación del poder judicial en todos los niveles) y que las autoridades políticas, como el Parlamento o el Ejecutivo, no participen en ninguna etapa del proceso de selección. El bloqueo de cuatro años en la designación del CGPJ es un asunto de preocupación crítica, que debe abordarse con carácter prioritario”.

En relación con la independencia judicial, el GRECO recomendó que se establecieran por la ley “criterios objetivos y requisitos de evaluación” para el nombramiento de los altos cargos del Poder Judicial: presidentes de las Audiencias Provinciales, de los Tribunales Superiores de Justicia, de los magistrados de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, “a fin de garantizar que estos nombramientos no ponga en duda la independencia, imparcialidad y transparencia de este proceso”.

El informe considera que esta recomendación no ha sido cumplida plenamente, entre otras cosas por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): “GRECO lamenta la falta de avances en este ámbito. Tras la reforma de marzo de 2021 por la que se especifica el régimen interino del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo en funciones no puede proceder a la designación de altos cargos judiciales. Esta es una situación muy preocupante”.

“En cuanto a los jueces”, dice el informe, “es crítico el sistema de selección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y su percepción de politización. Esta no es una preocupación menor ya que el CGPJ es responsable de algunas decisiones cruciales en el Poder Judicial, incluida la designación de jueces de alto rango que se ha detenido por el momento y hasta que se renueve el CGPJ. En este sentido, lleva cuatro años de punto muerto la renovación del CGPJ. Esta es una situación altamente insatisfactoria; se insta a las autoridades a tomar medidas decididas en este tema clave”.

“Con respecto a los fiscales, se ha adoptado un nuevo Reglamento del Ministerio Público”, reconoce el informe: “Éste es un avance positivo que regula, entre otras cosas, el régimen disciplinario de los fiscales. Dicho esto, la relación entre el Fiscal General y el Ejecutivo es un tema que sigue despertando preocupación pública (en cuanto a su percepción de independencia). Se insta a las autoridades a proceder con la reforma más amplia del estatuto del Fiscal General. Será importante asegurar que este proceso de reforma incluya una fase de consulta con la propia profesión, en la medida en que cualquier cambio propuesto esté relacionado con el funcionamiento de la Fiscalía”.

En cuanto a los miembros del Parlamento, “aún se debe desarrollar una regulación específica sobre los lobbys”, dice el informe: “Además, la práctica muestra que, a pesar de los mayores requisitos de transparencia establecidos por el Código de Conducta, existe mucha opacidad con respecto a los contactos de los parlamentarios con lobbistas y otros terceros que buscan influir en el proceso legislativo”.