Lo que Feijóo entiende por calidad democrática

Hecho: cuando el viernes Begoña Gómez se acogió a su derecho a no declarar ante el juez que investiga un presunto delito de corrupción y tráfico de influencias en su actividad profesional, el PP salió raudo a criticar la decisión de la esposa del presidente del Gobierno con las mismas palabras gruesas que encadena desde hace meses cada vez que se pronuncia sobre la causa abierta tras la querella del sindicato ultraderechista Manos Limpias: “Bochorno, vergüenza, indignidad”.

Hecho: el derecho a guardar silencio viene establecido en el artículo 118.1.g de la Ley de Enjuiciamiento Criminal como uno de los que corresponden a las personas a las que se les atribuye un hecho punible, en el ejercicio de su defensa. Dicho precepto establece el derecho de la persona a guardar silencio y a no prestar declaración si no desea hacerlo, así como a no contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen.

Hecho: en enero de 2023, el juzgado de instrucción número 5 de Salamanca citó a declarar como testigo a Alberto Núñez Feijóo, en calidad de representante legal de su partido, después de que una facción crítica del PP salmantino –en manos de  una gestora– denunciara a la directiva por el reiterado retraso en la convocatoria del congreso regional y el incumplimiento de los estatutos.

Hecho: el presidente del PP desoyó la citación judicial como demandado y no se presentó el día que había sido requerido, lo que provocó un notable enfado en la magistrada, que reprochó a los representantes del PP que decidieron “de forma unilateral” que “no es pertinente que [Feijóo] acuda a este juzgado” porque no era el presidente del partido cuando ocurrieron los hechos. 

Hecho: la instructora afirmó: “Era él el que estaba citado por el juzgado pero no le veo hoy aquí. Es decir, que si el PP, en este caso el señor don Alberto Núñez Feijóo, no se ha personado esta mañana es porque no lo ha estimado conveniente, porque estaba citado él y no estaba citado el señor que está enfrente de mí. Es el PP el que entiende que no tiene que atender a la citación de este juzgado.  Es el PP el que me dice que no tiene nada que aportar. Pues entonces la persona que estaba citada, que era el señor Feijóo, que hubiera venido y me hubiera dicho: es que yo no sé absolutamente nada de este asunto, yo no puedo informarle de nada, no puedo ayudarle de nada, pero era él el que estaba citado. ¿Entonces son el PP y el señor Feijóo los que deciden cuándo es la prueba pertinente, cuándo no lo es, si acudimos o no, porque tenemos que aportar algo o no? Son el PP y el señor Feijóo quienes de forma unilateral, deciden si es pertinente, si no es pertinente, si nos va a aportar algo, si no nos va a aportar algo… Ha eludido la decisión de esta juzgadora, que decidió cursar la citación a él de forma personal”, afirmó la magistrada visiblemente molesta.  

La hemeroteca demuestra que en política ante cualquier acción siempre la que hace el otro –al amparo de un derecho– es peor que la que hace uno mismo –porque le viene en gana–. Se llama hipocresía, falsa moral o doble rasero. No es la primera vez ni será la última. Sin ir más lejos ha vuelto a ocurrir esta semana en la que Pedro Sánchez presentó en el Congreso un plan de regeneración democrática para combatir la desinformación en los medios, limitar la publicidad institucional para que no haya estructuras digitales con más subvenciones que lectores y hacer obligatoria la publicación del accionariado en cada medio.

El proyecto, inspirado en uno aprobado por la UE y que será desde agosto de 2025 de obligado cumplimiento para los 27 estados miembros, fue apoyado por el PP en Bruselas, pero una vez que el Gobierno de Sánchez lo ha hecho suyo, para Feijóo se trata sólo de una obsesión de Sánchez “por controlar” a la prensa, de volver a los tiempos de la censura y de deteriorar la calidad democrática. Y ante semejante radiografía, cabría preguntarse qué entienden el PP y Feijóo por regeneración democrática, por independencia de los medios públicos, por respeto a la separación de poderes, por un reparto equitativo de la publicidad institucional, por luchar contra la corrupción o por la transparencia de los cargos públicos.

Nada como echar la vista atrás y repasar el pasado reciente de la derecha para obtener respuestas. Hágase memoria porque aquí van algunos hechos sobre lo que entiende Feijóo por la calidad democrática:

Una TVE condenada por manipulación. En julio de 2003, con José María Aznar en el Gobierno, la Audiencia Nacional condenó a la televisión pública por vulneración de los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical, a raíz de la demanda presentada por Comisiones Obreras por presunta manipulación informativa en los telediarios durante la huelga general del 20 de junio de 2002. La sentencia consideró que no se establecieron mecanismos de control “y criterios objetivos” para la distribución de tiempos, espacios y contenidos. Fue el colofón a una ristra de denuncias por “manipulación” informativa por parte de la oposición, que reclamó insistentemente la destitución del director de informativos de la cadena estatal, Alfredo Urdaci. Las peticiones se multiplicaron a raíz de la cobertura de la catástrofe del Prestige y de las manifestaciones contra la guerra de Irak. En el primer caso, los propios trabajadores de TVE-Galicia denunciaron “censura, manipulación y ocultación informativa”. Y a estas acusaciones se unió el autodenominado Comité Antimanipulación, integrado por más de medio millar de trabajadores de TVE con motivo de las coberturas que Urdaci dirigió sobre los atentados del 11M. ¿Una televisión independiente? Como la que presidió el diputado del PP Fernando López-Amor o la que motivó los “viernes negros” contra la manipulación en TVE, la de las protestas desde hace más de 300 semanas de los profesionales de la televisión gallega contra el control de la información.

Un decretazo para acabar con la elección del presidente de RTVE por consenso. Entre las primeras decisiones adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2011, estuvo la aprobación de un decreto ley para modificar la forma de elección del consejo de administración de la radiotelevisión pública, que desde 2006 exigía el consenso de dos tercios de la Cámara de los Diputados. También se suprimieron los consejeros nombrados por los sindicatos, hasta entonces UGT y Comisiones Obreras.

Nueve años de ataques a policías, fiscales y jueces por el caso Gürtel. La instrucción pasó por cinco jueces distintos y dos fiscales de Anticorrupción. Durante los nueve años que duró la investigación, el PP cargó contra la Policía, el ministerio público e incluso contra algún magistrado. “No es una trama del PP, es una trama contra el PP”, dijo Mariano Rajoy, en una de sus intervenciones más célebres, en enero de 2013, flanqueado por la plana mayor del partido. Su secretaria general, María Dolores de Cospedal, había señalado antes a la “policía de Rubalcaba”. Pese a todo, algunos de los protagonistas de la trama corrupta entraron en prisión, incluido el tesorero del PP, Luis Bárcenas. El país entero, por unos audios, escuchó cómo Correa en un palco del Máster de Tenis de Madrid explicaba que había llevado “1.000 millones de pesetas a casa de Bárcenas”. La Justicia certificó finalmente que el Partido Popular obtuvo 245.000 euros de la red de Correa para pagar sus campañas electorales en Majadahonda y Pozuelo y la sentencia sumó 351 años de cárcel y condenó a 29 de los 37 acusados.

Un CGPJ secuestrado por el PP.  Cada vez que la derecha está en la oposición, la normalidad institucional salta por los aires. El mejor ejemplo es el de la composición del órgano de gobierno de los jueces que ha estado más de  una década con la misma mayoría conservadora, después de que el PP bloqueará su renovación, en incumplimiento flagrante de un  precepto constitucional. 

La guerra sucia y la policía patriótica. El juez Santiago Pedraz investiga hoy en la Audiencia Nacional las pruebas de la guerra sucia del Partido Popular contra sus adversarios políticos. Las pruebas que obran en su poder demostrarían que el Gobierno de Mariano Rajoy tejió, con la ayuda de altos cargos policiales, una red de tentáculos que manipularon en la sombra para desacreditar a cualquier precio a Podemos, el nuevo partido de izquierdas que había irrumpido con 69 diputados en las elecciones de 2015 y acabó con el bipartidismo. La estructura se valió de un grupo de agentes —en el que figuraban hasta 12 mandos de la Policía Nacional— para fabricar pruebas falsas contra los parlamentarios, extorsionar a ex políticos venezolanos para que informasen de la presunta financiación ilegal de la reciente formación morada y hasta rastrear masivamente a todos sus diputados entre 2015 y 2016 a través de las bases de datos del Ministerio del Interior. Y con dinero público. La mal llamada policía patriótica se dedicaba sobre todo a resolver los problemas políticos del PP, ya fuese con operaciones de acoso y derribo a los adversarios, obstaculizar investigaciones por corrupción que afectaban al entonces partido en el gobierno o desacreditar al movimiento independentista catalán con montajes y pruebas falsas.

Espionaje político en la Comunidad de Madrid. En enero de 2009, el diario El País desveló que el Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre tenía un servicio secreto para espiar a políticos y que había hecho seguimientos a Alfredo Prada y Manuel Cobo, que eran los principales adversarios de la entonces presidenta regional en la batalla por liderar el PP tras la derrota electoral de Mariano Rajoy en 2008. “Vinieron a por Pío [García Escudero, expresidente del PP de Madrid], y yo no hablé porque no era de Pío; vinieron a por la tele y yo no hablé porque no era de la tele; vinieron a por la Cámara y yo no hablé porque no era de la Cámara; vinieron a por Ifema y yo no hablé porque no era de Ifema; vinieron a por la Caja y yo no hablé porque no era de la Caja; vinieron a por Rajoy y yo no hablé porque no era de Rajoy; vinieron a por el PP y yo no hablé porque no era del PP... Vinieron a por España”. El hoy diputado por Madrid en el Congreso Manuel Cobo retrataba así cómo Aguirre se había ido haciendo con las instituciones públicas y semipúblicas vinculadas tanto al PP como al Gobierno regional desde que desembarcó en la Puerta del Sol en 2003. Madrid, todo lo que pasaba en Madrid, tenía mucho que ver con el PP madrileño, cuyo secretario general era Ignacio González, quien sustituyó a Granados tras caer éste en desgracia en 2011. Ambos pasaron por prisión.

Destrucción de pruebas en el caso Gürtel. El Partido Popular decidió en mayo de 2013 destruir el disco duro del ordenador del que había sido su tesorero, Luis Bárcenas, cuatro meses después de que El País publicara los papeles de la contabilidad B que durante al menos 20 años usó la formación conservadora para distintos pagos en negro por casi ocho millones de euros. Los populares destruyeron a conciencia el disco duro cuando la investigación judicial acumulaba ya numerosas pruebas sobre la financiación ilegal a través de las donaciones no declaradas de constructores y contratistas de la administración pública. Y todo porque el extesorero había contado que allí guardaba parte de la información que demostraba la existencia de una caja B. Al juez le remitieron dos ordenadores sin memoria y, ante la sospecha de que se trataba de una grosera destrucción de pruebas, decidió remitir el caso a un juzgado de Plaza Castilla.

El control de la sala segunda del Supremo. En noviembre de 2018, el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, envió, después de que se hiciera público el acuerdo entre el PP y el PSOE para la renovación del Poder Judicial, un mensaje en el grupo de Whatsapp de los senadores conservadores en el que aseguraba que su partido controlará “la Sala Segunda desde detrás”. Esta sala del Tribunal Supremo es la única competente para enjuiciar a diputados, senadores y miembros del Gobierno. Trataba así de convencer a sus colegas de las ventajas de un acuerdo por el que el PSOE accedía a dar al PP diez vocales, mientras que los socialistas se hacían con 11: diez más la presidencia. “Obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un presidente excepcional [en referencia a Manuel Marchena], un gran jurista con una capacidad de liderazgo y autoridad para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la sala segunda desde detrás y presidiendo la sala 61”, esgrimía Cosidó.

No cumplir con la declaración de bienes en el Congreso y el Senado. Un año después de que Pedro Sánchez convocara elecciones generales, un tercio de los senadores del PP aún no tiene su declaración de actividades visada por la Comisión de Incompatibilidades. El proceso es obligatorio y no lo han concluido por el momento 46 de los 143 representantes del partido de Alberto Núñez Feijóo, según los datos oficiales que recoge la web de la Cámara Alta. Entre los que han eludido por ahora las exigencias legales de transparencia están el ‘número dos’ del grupo parlamentario, Javier Arenas, o la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Serrano, este último de los más beligerantes, faltones y lenguaraces cada vez que habla de la actividad profesional de la esposa de Sánchez. Claro que el propio Feijóo tardó meses en hacer público el sobresueldo que recibe como presidente del PP y también en presentar  su declaración de bienes y rentas  una vez entregada su acta como senador.

Ruptura del pacto antitransfuguismo. En junio de 2021, el PP decidió abandonar y por tanto dar por roto el pacto antitransfuguismo, del que formó parte ininterrumpidamente como miembro fundador desde 1998. Los populares comunicaron al entonces ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, que se consideraba fuera del acuerdo por el “uso torticero de la comisión de expertos” después de declarar tránsfugas tanto al presidente de Murcia, Fernando López Miras, del PP, como a cuatro diputados de Ciudadanos (Cs) que hicieron fracasar en el último momento la moción de censura contra su Gobierno promovida por el PSOE y Cs.

Eliminación de las oficinas anticorrupción. El PP ha vuelto a imponer en el Senado el  rodillo parlamentario al tumbar, con su mayoría absoluta, una moción del Grupo Socialista que pretendía “fortalecer la transparencia y la calidad democrática y la lucha contra la corrupción” y mantener las oficinas anticorrupción, que desmantela ahora el PP en las comunidades en las que gobierna, como es el caso de Murcia y Baleares. 

Hasta aquí un breve repaso porque la lista de asuntos que acreditan la oblicua relación del PP con la calidad democrática y la libertad de prensa es inabarcable.