Felipe VI excluye de la transparencia de la Casa Real los contratos “personales”, “financieros” o los “convenios”

Nueve años después de acceder al trono, Felipe VI ha avanzado en la adaptación de las normas de contratación de la Casa del Rey a las de las administraciones públicas al incluir por primera vez la necesidad de que los procedimientos se hagan con publicidad (lo que se une a los principios de concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación que ya se contemplaban) “con el fin de lograr una mayor transparencia, eficiencia y calidad”, según un comunicado de Zarzuela, que también informa de cambios en el “procedimiento presupuestario y contabilidad” de la institución, para adaptarlas “a las técnicas y principios propios del sector público”. Las instrucciones están plagadas de exclusiones.

La Casa Real ha incorporado así a su reglamentación interna las disposiciones recogidas en un real decreto de 2022, que modificaba otro previo de 1988, y que regula los procedimientos de contratación y presupuestarios, dentro de la gran autonomía con la que cuenta la Jefatura del Estado.

La principal novedad es la incorporación del principio de publicidad “en línea con el compromiso de la Corona con la sociedad de observar una conducta íntegra, honesta y transparente”, apunta el comunicado. La Casa del Rey contará desde este mismo mes en su página web con un “perfil del contratante”, que contendrá “la información y documentos relativos a la actividad contractual” de la institución.

Para los contratos superiores a 15.000 euros, la web anunciará la licitación, con las excepciones que la propia instrucción hecha pública este miércoles contempla. Así, cualquiera conocerá los pliegos de condiciones y podrá concursar para ganarlo, y después se sabrá a quién se adjudica y el contrato que se firme.

Para los contratos por debajo de esta cifra, como ya ocurre en otros organismos de carácter público, se establecen mecanismos más sencillos. Se solicitarán varias ofertas y “la selección del contratista se efectuará en base a la mejor relación calidad precio en base a la propuesta motivada de la unidad proponente”, según la instrucción publicada en la web de Zarzuela.

Procedimientos negociados sin publicidad y contratos excluidos

Pero la instrucción incluye abundante letra pequeña. Por ejemplo, el propio secretario general de la Casa del Rey, Domingo Martínez Palomo, podrá autorizar “la limitación de la concurrencia a un conjunto determinado de licitadores o seleccionar directamente a un contratista” en determinados casos.

Entre otras, cuando “el contrato sólo pueda encomendarse a un empresario determinado”, por “razones técnicas o artísticas o por motivos relacionados con la protección de derechos de exclusiva”. O cuando “el contrato haya sido declarado secreto o reservado, o cuando su ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente”. O por “imperiosa urgencia”. O si “la contratación es en el extranjero”.

Pero, además, hay una serie de “contratos excluidos” de la aplicación de esta nueva normativa. Primero, según la instrucción, “la contratación de bienes y servicios que guarden relación directa con el entorno personal de los miembros de la Familia Real, los contratos derivados de la organización y funcionamiento del régimen interior de sus residencias y las adquisiciones directamente relacionadas con actividades protocolarias y representativas”.

Y hay más: “Los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales, exceptuados los que recaigan sobre programas de ordenador y deban ser calificados como contratos de suministro o de servicios”. O “los contratos relativos a servicios financieros”.

O “los convenios” con entidades públicas o privadas “siempre que su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en las presentes instrucciones”. Para estos convenios, detrás de los cuáles se han producido algunos de los escándalos financieros que han golpeado a la institución, la Casa del Rey contará con el asesoramiento jurídico por parte de la Abogacía General del Estado.