El fiscal pide el archivo provisional de la causa contra Orozco en la Pokemon

El ministerio fiscal pide en el informe emitido a raíz del recurso de apelación presentado por la defensa del exalcalde de Lugo el sobreseimiento provisional de la causa contra José López Orozco en una de las piezas principales de la Operación Pokemon, la que investiga los supuestos sobornos por parte de Cechalva para conseguir el contrato de la grúa municipal.

En el escrito del ministerio público, al que EFE ha tenido acceso, el fiscal Jesús Álvarez afirma que “después de más de seis años de instrucción”, no “cabe arrastrar” a López Orozco “hasta el final del proceso sin indicios consistentes”.

De hecho, sostiene que el patrimonio del exalcalde “se corresponde” con el ejercicio “de su profesión”.

En cuanto a las acusaciones que figuran en el sumario por parte del empresario asturiano José Luis Álvarez, sobre el supuesto cobro de comisiones irregulares por parte del exalcalde, el fiscal recuerda que “este señor no aporta, en absoluto, datos de primera mano” y se limita a repetir “lo que decía” uno de los supuestos cabecillas de la trama, Javier Reguera, que era quien realmente se “hacía cargo del dinero” de las mordidas.

“Nadie da fe de que se le entregase el soborno al señor Orozco y nadie afirma que lo presenciase”, recuerda el ministerio público.

El fiscal sitúa en el epicentro de la trama al exconcejal de Economía y Urbanismo -ex presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil-, Francisco Fernández Liñares, porque “son muchos los indicios que confirman la estrecha relación existente” del edil con el propio Reguera.

A su juicio, era Liñares quien “sostenía el poder”, mientras que era Reguera quien “lo ejecutaba”, aunque “con escasa discreción”.

El fiscal mantiene que Reguera, supuesta mano derecha de Fernández Liñares , “intervino personalmente en todo el proceso desarrollado para conseguir” la concesión del contrato de la grúa municipal “a favor de Cechalva”, dado que “por su estrecha relación” con el exconcejal “consiguió información privilegiada” y la “utilizó” en “detrimento de otros interesados”.

“Ambos buscaban el beneficio económico, aprovechándose de la función pública del concejal, y hay que reconocer que los dos la consiguieron de sobra”, añade.

Es más, el fiscal sostiene que “la conducta” de Reguera en relación con Cechalva y Doal -empresa que fue concesionaria del sistema ORA y cuyas actividades son objeto de investigación en la pieza principal de la Operación Pokemon- “revela una personalidad ambiciosa y sin escrúpulos” por parte de “un hombre de muy escasas formación” que, después de “ser vigilante de la ORA”, consiguió “una plaza como conserje en el Ayuntamiento”.

Álvarez recuerda que dejó esa plaza de funcionario para “dedicarse a otras actividades más lucrativas de tipo empresarial”, hasta el punto de que “hablaba de tú a tú” con el “dueño del grupo de empresas Vendex” o con su delegado en Galicia, de modo que “aparecía como un factótum de Doal” y la “misma posición tenía en Cechalva”.

“Tanto en la empresa de la grúa como en la de la ORA, Reguera recogía físicamente el dinero, daba su porción a Liñares y ahí se cierra el conducto, porque no existe ninguna prueba de que el dinero llegase a quien era alcalde entonces”, zanja el fiscal.

Jesús Álvarez asegura en ese escrito que, mientras el “patrimonio de Reguera y Liñares aumentó considerablemente, el de Orozco se corresponde con su profesión”.

Mantiene que “cuando Reguera” pedía “mordidas para el alcalde”, realmente “estaba reforzando su propia posición, pues la participación de la primera autoridad municipal es una garantía de estabilidad”.

En cuanto a los regalos que supuestamente recibió Orozco de la concesionaria, precisa que solo consta un “vaso de 147 euros” en “tiempo de Navidad”, un objeto cuyo valor “no es elevado ni apropiado para conseguir a cambio un beneficio o para agradecer un favor”.

Por último, sostiene que “el Ayuntamiento de Lugo, como cualquier otro de su tamaño, tiene a su servicio un elevado número de funcionarios y trabajadores que desarrollan su función a través de diversos departamentos” y “en la cúspide de la administración municipal está ”el alcalde“, que firma numerosas resoluciones elaboradas por el personal municipal, sin que ello implique que ”participase en su elaboración o incluso conozca el fondo del asunto“.

Además, “el señor Orozco” había delegado “sus funciones y, según su propia declaración, se dedicaba” a tareas de “representación y políticas”.

Por todo ello, pide el “sobreseimiento provisional” de la causa, lo cual no supone “cerrar la puerta de forma definitiva” si, realmente, aparecen nuevos indicios o pruebas.