La Fiscalía pide el archivo del caso del ático de Ignacio González en Estepona
La Fiscalía de Málaga ha solicitado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona respecto al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, su mujer y el empresario y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, en relación con el ático del matrimonio en dicha localidad.
En esta causa se han investigado presuntos delitos de blanqueo y cohecho y las pesquisas estaban dirigidas a determinar cómo, cuándo y por qué llegó el inmueble a González y su mujer, quienes primero, en 2008, lo alquilaron a la sociedad Coast Investors –constituida en Delaware (EEUU)– por 2.000 euros mensuales; y en diciembre de 2012 lo adquirieron por 770.000 euros.
El fiscal responde a la petición de archivo de las defensas y considera, según han informado a Europa Press fuentes judiciales, que “no resulta de la investigación efectuada indicios suficientes que puedan apoyar la imputación” de los tres investigados en los delitos de los que trata la causa, apuntando que, además, se han “agotado” las posibilidades de continuar con la investigación.
En este sentido, la causa se encuentra con el límite de investigación que marca la ley, al haber acabado el plazo máximo, por lo que el juez instructor rechazó hace unos meses tanto una nueva prórroga como la práctica de otras diligencias solicitadas por una de las acusaciones particulares; decisiones que fueron confirmadas por la Audiencia malagueña.
A lo largo de esta instrucción se han aportado distintos informes policiales y de la Agencia Tributaria, además de enviarse peticiones de información internacional para conocer la situación patrimonial de las entidades que formaban la sociedad Coast Investors, así como las cuentas bancarias y activos; comisiones rogatorias que para el fiscal “poco o nada han aportado”, han señalado las fuentes.
El ministerio público estima acreditado cómo González y su mujer financiaron la compra, utilizando para ello dinero “no sospechoso”, según uno de los informes policiales; pero “no se ha podido conocer el origen de los fondos utilizados por la sociedad para adquirir los inmuebles” ni cómo pudo financiar la compra ni tampoco el destino del dinero obtenido con la venta al matrimonio.
También se apunta que no se aprecia indicio concluyente de delito de blanqueo imputable a González de la transcripción de una conversación entre este y el comisario Manuel Villarejo --que declaró como testigo en la causa-- y otro policía, incorporada recientemente procedente de otra causa iniciada en la Audiencia Nacional, en la que se habla de una sociedad propietaria de los inmuebles como entidad instrumental.
Respecto a la conexión con el caso Lezo, se recuerda que en la causa de Estepona se investigaba un delito de blanqueo cuyo delito precedente pudiera venir por los que se investigan en dicho procedimiento de un juzgado Central de la Audiencia Nacional, pero apunta que la Audiencia de Málaga revocó la decisión del juez de Estepona de remitir todo a Madrid.
