La Fiscalía insiste en la “finalidad terrorista” de los jóvenes de Alsasua por ser “herederos” de la violencia de ETA
La conclusión de la Fiscalía después de nueve días de juicio contra los jóvenes de Alsasua es clara: hubo “finalidad terrorista” en la supuesta agresión a dos guardias civiles y sus parejas que tuvo lugar en el bar Koxka de Alsasua en la madrugada del 15 de octubre de 2016. Un ataque “premeditado y organizado” para demostrar que los acusados “mandan” en el pueblo y para impulsar la “expulsión” de la Guardia Civil y otros cuerpos policiales de Navarra y del País Vasco. Una estrategia que, según él, formaba parte del “frente de masas” de ETA y que pretende también infundir “miedo” a la población de Alsasua. “Si no se aprecia terrorismo en casos como estos retrocederíamos veinte años, a aquellos momentos en los que Segi y Jarrai y Haika campaban a sus anchas por los pueblos del País Vasco y Navarra y algunos decían que eran cosas de los chicos de la gasolina, de la kale borroka”, ha concluido.
Con esas palabras se ha expresado este jueves el fiscal José Perals durante el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional. Ha considerado que quienes impulsaron ese ataque fueron Jokin Unamuno y Adur Ramírez de Alda –ambos en prisión provisional y para quienes pide 50 años de cárcel– que quisieron agredir “de manera salvaje y violenta” a los guardias civiles y sus parejas para “obligar su expulsión” del pueblo e infundir el “terror al resto de la población” para que no se relacionen con agentes del cuerpo armado ni entablen relaciones con otros cuerpos policiales.
“No fue una pelea de bar que surgió de una borrachera”, ha apuntado, porque considera asimismo probado que fue Ramírez de Alda el que llamó a Unamuno para organizar esa agresión. Este último entró al bar Koxka sabiendo que allí estaban los guardias civiles y sus parejas. Y los acusados Jon Ander Cob y Julen Goikoetxea participaron en los “golpes, patadas y empujones” que infligieron a las víctimas. También lo hicieron Aratz Urriozola e Iñaki Abad, otros dos acusados, aunque estos, según la Fiscalía, participaron en la paliza fuera del bar. Todos ellos, ha dicho el fiscal, se organizaron “a través de sus teléfonos”.
El “frente de masas” heredero de Ekin
El Ministerio Público ha vinculado a los encausados con la “violencia de baja intensidad” del “frente de masas” de ETA dirigido por Ekin hasta su ilegalización y que a su juicio permaneció tras el cese de la violencia armada de la organización terrorista con el fin de hostigar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los jóvenes son “herederos” de esas ideas y consideran, en su opinión, que se “pueden defender con la violencia”. La agresión a los guardias civiles refleja, en definitiva, “que aún persiste la herencia del terrorismo de baja intensidad” que a su juicio forma parte de la estrategia ETA y que fue asumido por organizaciones juveniles de su entramado. “Es la prolongación del terrorismo vivido en el País Vasco, Navarra, resto de España e incluso Francia”, apunta.
El argumento principal para relacionar a los jóvenes que se sientan en el banquillo de los acusados con ese movimiento es su participación en actos del Ospa Eguna, un movimiento que ha colocado pancartas contra la Guardia Civil en Alsasua. Este rechazo representa a juicio de la Fiscalía “lo peor de la naturaleza humana”. “Es lo que desgraciadamente llevó a la Europa del siglo pasado a una de las mayores atrocidades y eso lo estamos viendo aquí en España en el siglo XXI, a gente que pide que otros se vayan de su pueblo; es la xenofobia, el racismo y el fascismo en estado puro como hemos visto en el juicio. Y esto es lo que defienden estos supremacistas abertzales, un nacionalismo trasnochado que quiere la expulsión de unas personas porque hacen un trabajo que a ellos no les gusta y única y exclusivamente no quieren fuerzas de seguridad en su pueblo”, ha dicho.
Perals ha recordado cómo las mujeres agredidas –las parejas de los guardias civiles– declararon que “tenían mucho miedo a no poder reconocer que tenían un novio, a no poder pasear por el pueblo en el que querían vivir, a poder comprar el pan y a expresarse libremente”. Y esa es, en su opinión, “la parte visible del terror que ha imperado en el País Vasco y Navarra desde hace muchísimos años y que por lo visto sigue existiendo”. “Ese miedo de la patria con mayúsculas es el que pretenden imponer los radicales abertzales”, ha insistido.
En ese trabajo, ha añadido, estas personas cuentan “con el apoyo de políticos melifluos pero también peligrosos, porque visitan a las familias de los acusados pero no a las de las víctimas”. Así actuó el alcalde de Alsasua, Javier Ollo (Geroa Bai), que además usó durante el juicio “el lenguaje del conflicto” y ha dejado que haya en su pueblo “pancartas de Alde Hemendik ”. “No queremos que vengan dentro de veinte años a pedir perdón porque entonces no valdrá, es ahora cuando se precisan hombres y mujeres de talla que den un paso adelante y estén con todas las personas que sufren”, ha remarcado.
Se mantienen las peticiones principales de penas
En la exposición de sus conclusiones, el fiscal ha elevado a definitivas las peticiones principales de penas y ha modificado las alternativas. Rebaja estas penas, ya que antes pedía entre 18 y 30 años de cárcel y no incluía a la mujer acusada y ahora el rango de penas alternativas van de 6 años y medio a 17 años y medio de cárcel incluyendo a la joven. En estas alternativas solo les imputa un delito de carácter terrorista, concretamente en el de desórdenes públicos.
Las peticiones principales para los acusados quedan igual. Para la única joven encausada, Ainara Urquijo, reclama la pena más baja (12 años y medio) solo por un delito de amenazas terroristas, mientras que para otros seis pide condenas de 50 años por lesiones terroristas y para un séptimo, Ohian Arnanz, 62 años y medio al añadir a las lesiones un delito de amenazas terroristas. El resto de acusados para los que pide 50 años son Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda, Jon Ander Cob, Julen Goicoechea, Aratz Urrizola e Iñaki Abad.
En cuanto a la petición alternativa, reclama la más baja para Ainara Urquijo, de 6 años, 6 meses y un día de cárcel por desórdenes públicos terroristas y amenazas no terroristas. La alternativa más alta es también para Ohian Arnanz: 17 años y medio por desórdenes públicos terroristas, atentado a agente de la autoridad en concurso con lesiones y tres delitos de lesiones, que en el caso de las mujeres añade una agravante de género. Para Unamuno, Cob, Goicoechea, Arnanz, Ramírez y Urrizola pide 17 años de cárcel por los mismos delitos que Arnanz menos el de amenazas, y para Abad 13 años al aplicarle solo lesiones a una de las mujeres.
