La Fiscalía rechaza la querella de IU contra Rajoy y elogia el acuerdo con Turquía sobre refugiados
La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha pronunciado en contra de admitir a trámite la querella presentada por Izquierda Unida-Unidad Popular (IU-UP) contra Mariano Rajoy por el acuerdo suscrito entre la Unión Europea y Turquía sobre refugiados. Lejos de encontrar indicios de delito en la conducta del presidente del Gobierno, que rubricó dicho acuerdo, el fiscal Juan Ignacio Campos aprecia actitud “bienintencionada” y “solidaridad” en el pacto para que Turquía se encargue de las personas que huyen de la guerra en Siria y otros países que Europa no quiere en su territorio, y lo hace con argumentos políticos similares a los utilizados por el Gobierno.
“El acuerdo adoptado solo puede contemplarse como el desarrollo institucional de los principios de solidaridad y reparto equitativo en una crisis dramática de inmigración masiva provocada por el temor a las represalias de un conflicto bélico”, señala Campos en su escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es. Con el informe fiscal, cinco miembros de la Sala de lo Penal decidirán sobre la admisión a trámite, con su presidente, Manuel Marchena, al frente.
En el sentido opuesto, la querella de IU asegura que el acuerdo rubricado el 18 de marzo encierra “un propósito criminal” consistente en hurtar el derecho a la solicitud de asilo llamando “inmigrantes irregulares” a aquellos que en realidad son refugiados. Izquierda Unida-Unidad Popular aprecia cuatro delitos en la conducta de Rajoy, como firmante del acuerdo, entre ellos uno de lesa humanidad.
Para los querellantes, la evidencia de las ilegalidades que esconde el acuerdo está en las contraprestaciones que recibe Turquía: 6.000 millones de euros, la negociación de la exención de visado a sus ciudadanos en el espacio Schengen, que aún no ha culminado con éxito, y la “revitalización” de las conversaciones para la incorporación del país a la UE. La actual situación política de Turquía hace muy difícil que estos dos últimos puntos puedan prosperar.
Otro de los aspectos claves de la querella de la formación de Alberto Garzón es el cuestionamiento que hace de Turquía como un país seguro para los refugiados, en la línea de organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional. El fiscal Campos, por el contrario, dice que el acuerdo envía a los refugiados a “territorios en los que pueden ejercer aquellos derechos fundamentales y políticos que la persecución o huida del conflicto bélico les han impedido violentamente desarrollar”.
Izquierda Unida considera que el acuerdo entre Bruselas y Ankara ignora “deliberadamente las violaciones de los derechos humanos de las autoridades turcas en todos los ámbitos y, especialmente, con los refugiados”. Entre las irregularidades que recoge la querella están las “amenazas” para que los sirios firmen bajo amenaza de detención documentos de deportación escritos en el idioma local, sin asistencia jurídica ni traducción y de los que se les deniega una copia.
La inmensa mayoría del Congreso de los Diputados rechazó el acuerdo cuando Mariano Rajoy acudió a la Cámara a presentarlo, antes de viajar a Bruselas.
El fiscal disiente de todos los grupos parlamentarios de la oposición: “Lejos de suponer un trato degradante o de menoscabar la integridad, el Acuerdo, dentro de las posibilidades institucionales y financieras de la Unión Europea, intenta ubicar a los inmigrantes en un espacio en el que, recuperando su condición de personas, se ponga fin a su persecución con pleno respeto a su integridad moral”.
Próxima parada, Tribunal de La Haya
El fiscal despacha en diez folios la querella de más de 140 páginas que presentó Izquierda Unida. En el plano procesal se opone porque la Ley dice que deben ser el “agraviado” o el Ministerio Público quien denuncie el delito cometido por un español en el extranjero y que Izquierda Unida-Unidad Popular no es ninguna de las dos cosas. La querella también alude a que Rajoy adoptó decisiones en España al respecto y, por tanto, parte del delito se cometió en territorio nacional.
Los abogados de Izquierda Unida advierten en el texto que siempre les quedará el recurso del Tribunal Penal Internacional (TPI) si no prospera la causa en el Supremo, de acuerdo al Estatuto de Roma. Ahí coincide el fiscal: “La única solución que se antoja plausible sería la de encomendar el hipotético enjuiciamiento al Tribunal Penal Internacional”. Y añade: “Innecesario es constatar que ello no parece posible en el momento actual”.
En la argumentación del fiscal Campos se habla del “fenómeno migratorio” como consecuencia del “irrefrenable deseo de las capas desfavorecidas de la población de salir de situaciones de angustiosa necesidad”, ya sea por una situación de “endémica pobreza” o por “despiadados conflictos armados”.
En esta línea, la Fiscalía ve normal que los países destinatarios de esos flujos “traten de ponerse de acuerdo para adoptar resoluciones que lo regulen”. En consecuencia, el acuerdo “no puede entenderse como un hecho delictivo; estamos en presencia de soluciones políticas, tal vez criticables, no siempre acertadas, pero bienintencionadas y que intentan dar satisfacción a todos los intereses en presencia”, añade el fiscal.
La Fiscalía no aprecia delito de lesa humanidad porque la “eventual discrepancia” del acuerdo con el derecho de asilo “en absoluto puede configurarse ni como forma de ataque generalizado o sistemático contra la población civil”, ni como el intento de “represaliar a las víctimas por su pertenencia a grupos perseguidos por razones políticas”, según los supuestos que recoge el Código Penal.
Además de un delito de lesa humanidad, la querella de IU aprecia otro contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, un tercero contra la integridad moral y un último cometido por funcionario público contra las garantías constitucionales. A todos ellos se opone la Fiscalía del Tribunal Supremo con los argumentos expuestos.
La querella dice que el acuerdo con el Gobierno de Tayyip Erdogan supone un enmascaramiento de las intenciones reales de los gobiernos de los Estados miembros de la UE, que no son otras que impedir por la fuerza que los refugiados lleguen hasta la UE, ignorando deliberadamente, de paso, las violaciones de derechos humanos de las autoridades turcas en todos los ámbitos y, especialmente, con los refugiados“.
Los querellantes consideran “de extrema gravedad las noticias más recientes” sobre el asesinato de al menos 16 personas, entre ellas tres menores, que intentaban cruzar la frontera entre Siria y Turquía, según una información del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.
El escrito de IU-UP incluye un relato de la dramática situación de los refugiados y los números de la tragedia, entre ellos 270.000 muertos desde el inicio de la guerra en Siria; los 7,6 millones de desplazados y los 4,8 millones de refugiados, que huyen de las violaciones de los derechos humanos que practica el régimen de Al Asad y algunos de los grupos que contra él combaten, entre ellos ISIS.
