La Fiscalía se niega a entregar el informe de Antiblanqueo que apunta al Ayuntamiento de Madrid en el caso mascarillas

La Fiscalía Anticorrupción se niega a entregar el informe del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales del Banco de España (Sepblac) que dio origen a la causa y que apunta a la posible responsabilidad el Ayuntamiento de Madrid en el caso mascarillas. A petición de la acusación popular que ejerce Más Madrid, el juez Adolfo Carretero solicitó la incorporación del citado informe a la causa, a lo que la Fiscalía responde: “No se aporta para ser incorporado el informe por estar expresamente prohibido por el artículo 46.1 de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales”.

Anticorrupción detectó un delito atribuible al Ayuntamiento en el informe que originó el caso mascarillas

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El informe de Antiblanqueo advertía a Anticorrupción de los posibles delitos de blanqueo y malversación. Fue entregado a la Fiscalía en julio de 2020 y en noviembre, el Ministerio Público incoó diligencias de investigación por los mismos delitos. El delito de malversación de caudales público es solo atribuible a “autoridad o cargo público”, por lo que la responsabilidad se dirigiría también hacia el Consistorio.

Anticorrupción mantuvo ese criterio hasta marzo de 2021, pero después de la declaración de Elena Collado, la responsable de compras del Consistorio, decidió que no había ningún indicio contra el Ayuntamiento y en abril de 2022, al día siguiente de que elDiario.es revelara la existencia de unas diligencias secretas, presentó su querella por los delitos de estafa, falsificación y blanqueo.

El artículo 46 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, que cita el fiscal para exponer su negativa a entregar el informe, precisa que éstos no podrán ser incorporados a las diligencias judiciales “directamente”.

Cuentas de Medina

La Fiscalía, por contra, pone en conocimiento del juez información facilitada por el Sepblac. Por una parte la existencia de la sociedad Sextante Trade Desk, ya conocida, y creada a nombre de Luis Medina el 14 de mayo de 2020, un mes y medio después de cobrar la comisión de un millón de euros. Esa sociedad alquiló un todoterreno de lujo al Banco Santander, añade el Sepblac. Esa sociedad llegó a tener tres cuentas activas en Banco Santander, aunque una de ellas fue cerrada en julio de 2020. No se informa acerca de si esas cuentas disponen de fondos.

En el mismo escrito de Anticorrupción, fechado el pasado 4 de mayo, la Fiscalía pide que se incorpore a la causa una “nota de prensa” de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) de París en la que ésta afirma que Alberto Luceño utilizó “un falso modelo” que incluía un “antiguo logotipo” del organismo para justificar ante el banco la operativa que le llevó a cobrar 5 millones de euros en comisiones por la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid.

De igual modo, el fiscal quiere que la ICC informe de “cuáles son las consecuencias de utilizar el logotipo de la ICC en la redacción de contratos, tanto si esta utilización tiene lugar en modelos aprobados por la II como si se hacen en modelos no autorizados”

La Fiscalía Anticorrupción se niega a entregar el informe del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales del Banco de España (Sepblac) que dio origen a la causa y que apunta a la posible responsabilidad el Ayuntamiento de Madrid en el caso mascarillas. A petición de la acusación popular que ejerce Más Madrid, el juez Adolfo Carretero solicitó la incorporación del citado informe a la causa, a lo que la Fiscalía responde: “No se aporta para ser incorporado el informe por estar expresamente prohibido por el artículo 46.1 de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales”.

Anticorrupción detectó un delito atribuible al Ayuntamiento en el informe que originó el caso mascarillas

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El informe de Antiblanqueo advertía a Anticorrupción de los posibles delitos de blanqueo y malversación. Fue entregado a la Fiscalía en julio de 2020 y en noviembre, el Ministerio Público incoó diligencias de investigación por los mismos delitos. El delito de malversación de caudales público es solo atribuible a “autoridad o cargo público”, por lo que la responsabilidad se dirigiría también hacia el Consistorio.

Anticorrupción mantuvo ese criterio hasta marzo de 2021, pero después de la declaración de Elena Collado, la responsable de compras del Consistorio, decidió que no había ningún indicio contra el Ayuntamiento y en abril de 2022, al día siguiente de que elDiario.es revelara la existencia de unas diligencias secretas, presentó su querella por los delitos de estafa, falsificación y blanqueo.

El artículo 46 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, que cita el fiscal para exponer su negativa a entregar el informe, precisa que éstos no podrán ser incorporados a las diligencias judiciales “directamente”.

Cuentas de Medina

La Fiscalía, por contra, pone en conocimiento del juez información facilitada por el Sepblac. Por una parte la existencia de la sociedad Sextante Trade Desk, ya conocida, y creada a nombre de Luis Medina el 14 de mayo de 2020, un mes y medio después de cobrar la comisión de un millón de euros. Esa sociedad alquiló un todoterreno de lujo al Banco Santander, añade el Sepblac. Esa sociedad llegó a tener tres cuentas activas en Banco Santander, aunque una de ellas fue cerrada en julio de 2020. No se informa acerca de si esas cuentas disponen de fondos.

En el mismo escrito de Anticorrupción, fechado el pasado 4 de mayo, la Fiscalía pide que se incorpore a la causa una “nota de prensa” de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) de París en la que ésta afirma que Alberto Luceño utilizó “un falso modelo” que incluía un “antiguo logotipo” del organismo para justificar ante el banco la operativa que le llevó a cobrar 5 millones de euros en comisiones por la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid.

De igual modo, el fiscal quiere que la ICC informe de “cuáles son las consecuencias de utilizar el logotipo de la ICC en la redacción de contratos, tanto si esta utilización tiene lugar en modelos aprobados por la II como si se hacen en modelos no autorizados”

La Fiscalía Anticorrupción se niega a entregar el informe del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales del Banco de España (Sepblac) que dio origen a la causa y que apunta a la posible responsabilidad el Ayuntamiento de Madrid en el caso mascarillas. A petición de la acusación popular que ejerce Más Madrid, el juez Adolfo Carretero solicitó la incorporación del citado informe a la causa, a lo que la Fiscalía responde: “No se aporta para ser incorporado el informe por estar expresamente prohibido por el artículo 46.1 de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales”.

Anticorrupción detectó un delito atribuible al Ayuntamiento en el informe que originó el caso mascarillas

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El informe de Antiblanqueo advertía a Anticorrupción de los posibles delitos de blanqueo y malversación. Fue entregado a la Fiscalía en julio de 2020 y en noviembre, el Ministerio Público incoó diligencias de investigación por los mismos delitos. El delito de malversación de caudales público es solo atribuible a “autoridad o cargo público”, por lo que la responsabilidad se dirigiría también hacia el Consistorio.

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