Fujimori dice que el indulto “está sustentado médicamente” y no teme la revocación

El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) aseguró hoy que no teme la revocación del indulto humanitario que recibió en diciembre porque considera que “está sustentado médicamente”.

Tras acudir a un control médico en una clínica de Lima, al ser consultado sobre la revisión en el Poder Judicial peruano del indulto otorgado por el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), como lo planteó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), Fujimori dijo que confía en que la Justicia reconozca que tiene una enfermedad.

“Está sustentado médicamente que tengo fibrilación auricular paroxística y es una enfermedad riesgosa. Van a reconocer que tengo efectivamente la enfermedad”, dijo el exmandatario, de 80 años, en declaraciones a la emisora RPP Noticias a su ingreso a una clínica local.

Fujimori recibió el indulto el 24 de diciembre pasado en medio de fuertes críticas a Kuczynski porque se produjo tres días después de que una facción del partido Fuerza Popular, liderada por su hijo y congresista Kenji Fujimori, se abstuvo de votar a favor de la destitución del entonces mandatario por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.

Desde su excarcelación, Fujimori ha dado detalles sobre su estado de salud a la prensa y en abril pasado indicó que tenía un pequeño tumor en el pulmón, que tiene que controlar cada cuatro meses.

Fujimori aseguró hoy que en tanto se “mantenga en control”, estará “estable”, “procurando que no se produzca la fibrilación auricular paroxística”, una dolencia cardiológica también conocida como arritmia paroxística.

La CorteIDH dio tiempo hasta el 29 de octubre próximo para que Perú presente avances sobre el análisis de la legalidad del indulto y aclaró que tiene la potestad de pronunciarse “posteriormente”, en caso de que lo considere necesario.

Los jueces interamericanos aseguraron que corresponde a las autoridades nacionales “analizar si el ordenamiento jurídico peruano prevé otras medidas que, sin implicar un perdón de la pena por el Ejecutivo, permitan proteger la vida e integridad de Alberto Fujimori”, en caso de que “realmente su situación de salud y condiciones de detención pongan en peligro su vida”.

Fujimori fue condenado en 2009 por la Justicia peruana a 25 años de cárcel por la autoría mediata (con dominio del hecho) de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, en las que murieron 25 personas, y el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.