El Gobierno asume que la legislatura permanecerá a medio gas hasta un año después de las generales

Cuando el próximo 23 de julio se cumpla un año de las elecciones generales la legislatura apenas habrá echado a andar. Así lo asumen tanto en el Gobierno como en el conjunto de sus socios parlamentarios, resignados a una producción legislativa de muy baja intensidad por la 'súper primavera electoral' que encadenará las campañas vascas, catalanas y europeas. Un calendario político de alto voltaje que ha llevado incluso a Pedro Sánchez a tirar la toalla con los Presupuestos Generales del Estado. 

“Es una noticia que altera el tablero político, lo sensato es trabajar en los Presupuestos de 2025”, reconoció María Jesús Montero tras el adelanto electoral de Catalunya. La asunción de que, hasta nuevo aviso, el Ejecutivo de Sánchez tirará adelante con las cuentas prorrogadas, encierra un diagnóstico político que trasciende a lo presupuestario: que la complejísima y raquítica mayoría parlamentaria sobre la que se sustenta el Gobierno apenas le permite, realmente, gobernar. 

El resultado salido de las urnas el 23J ya dejaba atisbar un escenario turbulento para esa gobernabilidad. Esa noche, y a pesar de sus propias expectativas, el PP se estrelló contra la evidencia aritmética de su incapacidad para ahormar una mayoría en el Congreso por su dependencia de la extrema derecha, por mucho que fuese la fuerza política más votada. Sin embargo, Alberto Núñez Feijóo decidió desplegar la ceremonia de una investidura fallida. 

En ese camino a ninguna parte, que tuvo paradas tan destacadas como la de proponer a Pedro Sánchez gobernar dos años cada uno tras explorar las posibilidades de un acuerdo con Carles Puigdemont a espaldas de Vox, se fueron los dos primeros meses de legislatura. No fue hasta el 29 de septiembre cuando la mayoría de la Cámara Baja tumbó definitivamente la escenificación del líder del PP. Y dio paso a la verdadera negociación entre el PSOE y las fuerzas independentistas catalanas para investir a Pedro Sánchez presidente a cambio de una ley de amnistía. 

La corrupción marca la agenda

Pero aún pasarían otros dos meses de tiras y aflojas entre el PSOE, Junts y ERC, con las maniobras del juez García Castellón de fondo, para que Sánchez pudiera revalidar su permanencia en la Moncloa. El 16 de noviembre la mayoría del Congreso lo reeligió presidente, aunque el mandato que se abrió a partir de entonces empezó un recorrido a trompicones. 

La propia tramitación parlamentaria de la ley de amnistía enfrentó a los socios independentistas catalanes entre sí y provocó además un choque entre el propio PSOE y Junts. Una circunstancia que hizo peligrar incluso la aprobación de paquetes económicos básicos para el Ejecutivo que a punto estuvieron de ser tumbados. 

Con la tramitación de la amnistía varada y con el Ejecutivo atado de pies y manos para sacar adelante reformas de calado en el Congreso, llegó la primera cita electoral del año. Los comicios gallegos del 18 de febrero volvieron a suponer un paréntesis en la política nacional que acabó con otro descalabro autonómico de la izquierda en favor de la mayoría absoluta del PP. 

Sin tiempo para digerir las consecuencias de esa resaca electoral, la corrupción volvió a marcar la agenda política después de muchos años. El ‘caso Koldo’ estalló como primer escándalo del Gobierno de Pedro Sánchez y se cobró la carrera de José Luis Ábalos, el exministro de Transportes y Secretario de Organización del PSOE que fue expulsado del partido y desterrado al Grupo Mixto. 

A ese escándalo sucedió otro: el de los delitos fiscales reconocidos por la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y desvelados por elDiario.es. Y la actividad parlamentaria se convirtió entonces en un campo de batalla en el que el fuego cruzado entre el Gobierno y la oposición pasó a ser casi el único punto del orden del día. 

El desbloqueo de la amnistía

Entremedias, el PSOE, Junts y ERC consiguieron, por fin, desbloquear la ley de amnistía. Lo hicieron tras una complejísima negociación en la que todas las partes concluyeron que la luz verde a la medida gracia debía hacer pivotar una legislatura medianamente estable. Lo apalabrado, de hecho, era que a la tramitación de la amnistía sucediera la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Pero entonces todo volvió a saltar por los aires. 

La falta de acuerdo entre las fuerzas progresistas catalanas para la aprobación de las cuentas de la Generalitat llevó a Pere Aragonès a precipitar un final abrupto de legislatura en el Parlament y convocar elecciones para el 12 de mayo. Y ahora, incrustados entre los de Euskadi y los del parlamento europeo, los comicios catalanes dejan definitivamente la legislatura en el aire. 

Con el anuncio de que Carles Puigdemont será candidato de Junts a presidir la Generalitat, todas las incógnitas sobre la viabilidad de la legislatura para Pedro Sánchez permanecen intactas. Ni siquiera la aprobación y entrada en vigor de la ley de amnistía garantiza ya un horizonte político mínimamente despejado, habida cuenta de que la conformación del próximo Govern catalán podría alterar nuevamente el equilibrio de fuerzas en el Congreso. No esconden los socialistas que, a pesar de las buenas expectativas del PSC y de Salvador Illa para el 12 de mayo, la duda sobre si los de Puigdemont podrán o no formar parte del próximo Govern y qué influencia tendrá eso luego en sus siete diputados en Madrid mantiene en vilo al Ejecutivo. 

Pedro Sánchez, mientras, mantiene en público su discurso de estabilidad. “Tendrán que esperar cuatro años, se les va a hacer muy largo. Lo entiendo pero es así”, dijo a su llegada a Bruselas para participar en la cumbre europea. En la última sesión de control, y ante los reproches de algunos socios parlamentarios por la deriva de la legislatura, el presidente replicó: “Hemos prorrogado unos presupuestos expansivos, pero este Gobierno está siendo activo. Hemos subido el SMI un 5%, hemos revalorizado las pensiones, hemos aumentado el Ingreso Mínimo Vital, hemos prolongado muchas de las medidas para protegernos ante el conflicto en Ucrania…”, defendió.  

Durante la primera legislatura del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos el presidente hizo gala de haber sido capaz de dotar de estabilidad institucional al país con una legislatura de cuatro años, presupuestos “aprobados en tiempo y forma” y haber aprobado “doscientas leyes” para imprimir a su mandato un carácter eminentemente reformista. Ahora, toda ambición en la Moncloa se reduce a que, a la vuelta de la maratón de elecciones, el Ejecutivo pueda mantenerse en pie.