La aprobación de los Presupuestos facilita al Gobierno la continuidad de la legislatura pese a la corrupción
“Gana el realismo, la moderación, el espíritu reformista y la política de tender puentes, la política de tender la mano y la centralidad política. Y pierden los que defienden políticas de confrontación centradas en intentar erosionar al adversario o en bloquear y dilatar las soluciones que necesitan los ciudadanos”. Con estas frases el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, recogía el sentir triunfalista del Gobierno, que tras la aprobación de las enmiendas del Presupuesto de 2017 se asegura la continuidad de legislatura un año más pese la minoría parlamentaria del partido del Gobierno y a los borrones de la corrupción.
En poco más de un mes, el horizonte del Ejecutivo de Rajoy ha cambiado. Entonces la operación Lezo con la entrada en prisión de Ignacio González, el goteo del caso Púnica con la dimisión del presidente de Murcia, la condena de Rodrigo Rato y la citación a Rajoy para declarar por el caso Gürtel enmarañaron los buenos augurios que se prometían en Génova pese a las obligaciones debidas por la debilidad parlamentaria del PP en el Congreso. La corrupción había convertido 2017 en annus horribilis para Mariano Rajoy.
“Se consolida la percepción de estar ante una legislatura larga. España es vista ahora como un país más fuerte, relevante, serio y solvente que cumple sus compromisos y en el que se puede confiar”, añadió Méndez de Vigo.
Ahora con el terreno despejado para que los Presupuestos sean aprobados definitivamente, Rajoy se encuentra lo suficientemente fuerte para desdeñar la dimisión del fiscal Anticorrupción Manuel Moix y llama la atención para “dejar de ocuparse por los chismes, que es algo a lo que desgraciadamente estamos acostumbrados en los últimos tiempos”.
A esta visión le acompaña los buenos datos económicos. Los últimos datos del paro, con la creación del 223.192 empleos en mayo, refuerzan el “mensaje de credibilidad, estabilidad y confianza” que el Ejecutivo insiste en sobreponer sobre el resto de los asuntos que llenan la agenda política.
“Políticas estériles sobre cuestiones menores”
El relato del Gobierno pasa por ubicar la corrupción y sus derivadas entre “las políticas estériles sobre cuestiones menores y accesorias”. Un discurso que se contradice con sus intentos por ocupar con afines la cúpula judicial a través del Consejo General del Poder Judicial.
La aritmética parlamentaria que le ha servido a Mariano Rajoy para seguir adelante con los Presupuestos se convirtió en el antídoto elegido por el Gobierno del Partido Popular para combatir el efecto Pedro Sánchez tras las primarias del PSOE y en un argumento para tirar por tierra la moción de censura puesta en marcha por Unidos Podemos, aunque ya la habían descalificado anteriormente como “una payasada”. “El Gobierno entendía que no había razones políticas que justificaran la moción de censura, pero después de la aprobación de los Presupuestos esta semana hay todavía menos razones políticas”, añadió Méndez de Vigo.
En Moncloa no se deja de repetir que “la legislatura del diálogo se decanta por el camino del acuerdo y la cooperación política para afianzar y fortalecer la estabilidad”. En el Gobierno se asume como absolutamente factible volver a repetir la aritmética parlamentaria -el apoyo de Ciudadanos, PNV, Coalición Canarias y Nueva Canarias- que le ha permitido solventar su minoría en el Congreso para sacar adelante las cuentas de 2017.
La capacidad de llegar a acuerdos del PP con fuerzas nacionalistas, una opción que convierten en un ataque a la unidad de España cuando lo hace el PSOE, más el control de los resortes del juego parlamentario, con la aquiescencia y, a veces, la colaboración de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, le han otorgado a Rajoy la llave para alargar una legislatura que parecía condenada a una vida corta.
“Es posible articular en el Parlamento mayorías políticas para llegar a los acuerdos necesarios para mantener la estabilidad en esta legislatura”, añadió un diputado popular. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Rafael Hernando, ha repetido que la necesidad de que el pacto presupuestario de este año “igualmente sirva de escenario para tramitar a continuación el techo de gasto y los Presupuestos de 2018”.
Entramado judicial frente al problema catalán
Ni siquiera el conflicto catalán supone un gran frente de inestabilidad. El Gobierno entiende que las nuevas atribuciones del Tribunal Constitucional apoyadas en la jurisprudencia de las condenas de inhabilitación de Francesc Homs y del expresident de la Generalitat catalana Artur Mas y las exconselleres Joana Ortega e Irene Rigau impiden poner en marcha un nueva consulta como la del 9-N.
El aviso más claro ha sido la sentencia del Constitucional con un auto que recogía las consecuencias delictivas de la hoja de ruta del Parlamento catalán hacia la independencia. Esta semana, diputados del PP y Ciudadanos presentaron un recurso de inconstitucionalidad a la ley presupuestaria de Cataluña, que incluye una partida para la celebración del referéndum independentista. Con todo este entramado judicial el Ejecutivo pretende ahogar la mínima iniciativa de poner en marcha un referéndum.
La incapacidad de los partidos que promueven el referéndum para acordar una fecha de celebración es una muestra para el Gobierno de la debilidad y las dudas alrededor de un proceso que tiene cansados a los catalanes.
Tras la detención del expresidente de la Comunicad de Madrid, Ignacio González, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ya avisaba que tanto el partido como el Ejecutivo de Rajoy “han vivido situaciones similares en otras ocasiones. En el Gobierno trabajamos con la misma actividad que siempre. No vamos a entrar en una depresión absoluta que tenga efectos en la gobernabilidad del país”. A pesar de la corrupción, con el problema de Cataluña encauzado y la aprobación de los presupuestos el Gobierno se asegura una legislatura larga, una visión dudosa hace solo un mes.
