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La corrupción convierte 2017 en 'annus horribilis' para Mariano Rajoy

La entrada en prisión de Ignacio González, la dimisión del presidente de Murcia con el caso Púnica, la condena de Rodrigo Rato y la citación a Rajoy para declarar por el caso Gürtel han enmarañado los buenos augurios del Ejecutivo

El Gobierno del Partido Popular trata de centrar el relato en los buenos datos económicos y en las medidas aprobadas para luchar contra el fraude

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Rajoy celebra los 40 años de la convocatoria de las primeras elecciones en Twitter

La suerte de Rajoy ha empezado a cambiar. EFE

La corrupción está convirtiendo a 2017 en un annus horribilis para Mariano Rajoy. La estrategia diseñada en Moncloa –que sustenta en la buena imagen internacional del presidente del Gobierno trufada y en los datos de la recuperación económica– ha ido saltando por los aires con cada actuación policial o auto judicial.

La operación Lezo con la entrada en prisión de Ignacio González, el goteo del caso Púnica con la dimisión del presidente de Murcia, la condena de Rodrigo Rato y la citación a Rajoy para declarar por el caso Gürtel han enmarañado los buenos augurios que se prometían en Génova pese a las obligaciones debidas por la debilidad parlamentaria del PP en el Congreso.        

Aunque los casos de corrupción pasaron una clara factura al Partido Popular -perdió 3,6 millones de votos y 53 escaños entre las elecciones de 2011 y 2016 y fue desalojado de un gran número de ayuntamientos- Rajoy ocupaba el Gobierno gracias al acuerdo de investidura con Ciudadanos que le permitía figurar como un ejemplo en el convulso mapa político europeo, según The Economist o The Wall Street Journal.  El Ejecutivo conseguía mandar al exterior una imagen de estabilidad. El premio no tardó en llegar: Rajoy pasó a formar parte del grupo de líderes europeos invitado a Versalles para analizar con François Hollande, Angela Merkel y Paolo Gentiloni el futuro de Europa.

Para empezar el año, el ejecutivo de Rajoy consiguió solventar el escándalo por el informe  del Consejo de Estado sobre el accidente del Yak-42 que obligó al exministro de Defensa Federico Trillo a dejar su puesto de embajador en Londres. 

Hasta el momento, el Ejecutivo con ayuda del Grupo Popular en el Congreso había conseguido que esta fuera la legislatura del letargo. La derrota en la votación por la convalidación del decreto de la estiba a mediados de marzo despertó al presidente del Gobierno. La actividad legislativa está prácticamente dormida gracias a las dilaciones y trabas provocadas por la creación de comisiones y la puesta en marcha de iniciativas legislativas varias veces enmendadas que se quedan en el limbo de la Cámara baja. Cuantas menos votaciones, menos oportunidades de que quede patente la debilidad parlamentaria.

Hacía poco más de un año que Rajoy pegaba un aparente golpe en la mesa con su frase " esto se acabó y aquí ya no se pasa por ninguna" tras los indicios que apuntaban a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, que se aferraba a su condición de senadora. El fallecimiento de la exregidora valenciana en la más absoluta soledad política fue un revulsivo dentro del Partido Popular. 

La economía iba a ocupar un papel preponderante en el relato de éxito elaborado en Moncloa. Los datos acompañaban, las inversiones volvían. Rajoy lo dejaba claro con una frase impactante en el congreso regional de los populares valencianos: " Ya podemos hacer cosas que no podíamos cuando estábamos, y perdonen la expresión, en la indigencia".

Condenas de cárcel

La cosa se torció. Premonitoria fue que la primera sentencia de Gürtel, que condenaba a 13 años de prisión a los cabecillas de la trama, saliera a la luz el día que comenzaba el congreso nacional del Partido Popular en febrero de 2017. El PP respondió con "la Justicia es igual para todos". Nada de esto parecía tener coste para Mariano Rajoy en el partido, que lo reeligió con el 95% de los votos.

Posteriormente llegó la condena a cuatro años de cárcel de Rodrigo Rato por el uso fraudulento de las tarjetas black. El argumentario para aislar del Partido Popular al que fuera compañero de Ejecutivo de Rajoy y "artífice del milagro económico" del Gobierno de José María Aznar fue simple: no está en el partido desde 2014, cuando pidió la baja.

La malas noticias se aceleraban. Para no escenificar otra derrota en el Congreso, el Partido Popular votó a favor de la comisión de investigación de su financiación, impulsada por Ciudadanos, PSOE y Podemos. El diputado Eloy Suárez Lamata justificó el cambio de parecer en el cumplimiento "del pacto firmado con Ciudadanos", aunque acusó al resto de las formaciones de "no querer investigar la corrupción de todos los partidos".

Empezaba el abril negro (con toga judicial) para el Partido Popular. El siguiente resbalón llegó desde Murcia. La petición de imputación del presidente de esta región, Pedro Antonio Sánchez, por el caso Púnica, doblegó al PP frente a Ciudadanos, sus socios de investidura, que exigían la salida del político murciano por su relación con otros casos de corrupción. Fernando Martínez-Maillo, vicesecretario general de Organización de la formación conservadora, tuvo que presionar a Pedro Antonio Sánchez para que se fuera. No se podía permitir dar la imagen de debilidad con la pérdida de un Gobierno regional. La negociación de los Presupuestos estaba también sobre la mesa. 

Así se llegó a la peor semana para Rajoy y los suyos.  Ocho años después de proclamar solemnemente ante la plana mayor de su partido, que la red Gurtel "es una trama contra el PP", la Audiencia Nacional dictaba un auto por el que Mariano Rajoy tendrá que declarar como testigo en el juicio sobre el escándalo de corrupción que ha marcado las últimas tres legislaturas de la política española.

Ataque a la independencia judicial

El Partido Popular lanzó un duro ataque a la independencia judicial. Rajoy rebajó la tensión institucional reconduciéndolo hacia la "pura normalidad" y asegurando que estaría "encantado" de ir a declarar.  

Todavía estaba por llegar una operación judicial que dejaría al partido en "shock total".  El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, fue detenido por el desfalco de la empresa pública Canal Isabel II en la operación Lezo de la Guardia Civil. La investigación partía de la lucha interna de clanes del PP por el cobro de comisiones a constructoras.

Frente a las denuncias de Génova de conspiración judicial socialista, las tornas cambiaron: se descubrió que el nuevo fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, nombrado por su afinidad al PP, había intentado trabar la operación contra González

No ha sido el único episodio en el que miembros del PP confunden las instituciones con brazos del partido. Pese al escándalo que supuso la visita de Rato al despacho del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández, dirigentes del Partido Popular volvían a tropezar en la misma piedra: el hermano de Ignacio González, Pablo González, hoy en prisión por la operación Lezo, se pasó por el despacho del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, para preguntarle si estaba siendo investigado. Según Interior, el número dos del ministro Juan Antonio Zoido desconocía la operación Lezo. 

Ante la inundación de noticias relacionadas con casos de corrupción, el Ejecutivo se encierra en los buenos datos económicos y en las medidas aprobadas para luchar contra el fraude como la reforma de la financiación de los partidos políticos, el nuevo Código Penal o la creación de la oficina de gestión recuperación de activos. El Gobierno intentar dar una imagen de normalidad y recuerda que Rajoy ya ha pasado por situaciones de tensión similares por parecidos motivos, aunque la minoría parlamentaria del PP acrecenta la debilidad del presidente del Gobierno.

Mientras, la maquinaria judicial sigue dando pasos con el PP como protagonista: Piezas separadas del caso Gürtel, el caso Púnica o la reapertura por parte de  la Audiencia Nacional del caso de la 'caja B' del Partido Popular, donde se dan muchos argumentos para que Mariano Rajoy vuelva a ser llamado como testigo para declarar. El 'annus horribilis' parece no tener fin. 

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