Un grito de “maricón” o la orientación sexual de la víctima obligará a enfocar la investigación como posible delito de odio

El Ministerio del Interior ha dictado una instrucción a las Fuerzas de Seguridad del Estado para que crímenes como el de Samuel originen desde su inicio una investigación por posible delito de odio. De esta forma, el departamento de Fernando Grande-Marlaska intenta evitar que se repitan polémicas como la surgida a raíz de la muerte del joven en A Coruña, en la que se cuestionaba si la principal hipótesis era que la homofobia motivó a sus asesinos a golpearlo hasta la muerte. 

La instrucción 6/2021 de la Secretaría de Estado de Seguridad, a la que ha tenido acceso elDiario.es, establece que la sola “concurrencia de uno o varios factores de polarización” bastará para que los agentes arranquen su investigación enfocados a si se ha cometido un delito de odio. Esos “factores de polarización” están recogidos en un protocolo de actuación aprobado el pasado año y entre ellos figura que la víctima pertenezca a una minoría discriminada por razón de raza, religión u orientación sexual o que el agresor profiera determinadas “expresiones o comentarios”. 

En el caso de Samuel Luiz, amigas de la víctima aseguraron desde el inicio que sus agresores le habían llamado “maricón” cuando le golpeaban. En el caso de que hubiera estado vigente la nueva instrucción, hubieran bastado estos testimonios o la orientación sexual del joven para que la Policía abriera un atestado por homicidio o asesinato con el agravante de posible delito de odio.

La existencia de alguno de estos “factores de polarización”, dice el texto de la Secretaría de Estado de Seguridad, “conllevará ineludiblemente la orientación de la investigación policial al fin de desvelar la existencia de una motivación racista, xenófoba o de otra naturaleza en el delito cometido”.

Por la misma instrucción, la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio podrá tener acceso en todo momento a las investigaciones de la unidad policial encargada del posible delito de odio, “siempre dentro del ámbito de sus competencias” y con el objeto de que los agentes investigadores hagan “una correcta interpretación y aplicación de lo previsto en el Protocolo de Actuación” de las Fuerzas de Seguridad en estos casos. 

En la práctica, la nueva instrucción supone que el Ministerio del Interior tenga un control directo de investigaciones policiales como la del crimen de Samuel Luiz, con enorme repercusión social. De hecho, la Oficina Nacional contra los Delitos de Odio se ubica en la propia Secretaría de Estado de Seguridad. 

El Ministerio fiscalizará los casos de mayor repercusión

El Ministerio del Interior no quiere dejar a criterio exclusivo de los grupos de policía judicial, en este caso la Brigada de A Coruña, crímenes como el de Samuel Luiz. Por ello, los policías y guardias civiles de la Oficina contra los Delitos de Odio podrán “efectuar un seguimiento directo y específico de aquellos casos de delitos de odio que adquieran especial relevancia, ante la alarma social que representen, la complejidad o la gravedad de los hechos delictivos”, recoge la instrucción de la Secretaría de Estado.

Tal es así que los agentes de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio podrán “desplazarse físicamente” a cualquier dependencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “ya sea a iniciativa propia o a solicitud de las unidades policiales de investigación”, según el texto, que lleva la firma del número dos de Interior, Rafael Pérez.  

La Oficina Nacional de Delitos de Odio pertenece al Gabinete de Estudios y Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad, una estructura que, pese a su anodino nombre, es uno de los principales centros de mando del departamento. La decisión de crear la Oficina Nacional de Delitos de Odio y ubicarla en el Gabinete de Estudios fue tomada en 2018 cuando el ministro del Interior era Juan Ignacio Zoido y al frente del Gabinete de Coordinación estaba el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. Ahora ese puesto lo ocupa el comisario de Policía jubilado José Antonio Rodríguez.