De Gürtel a Púnica: las conexiones del PP de Castilla y León con los casos de corrupción más sonados del partido
La corrupción del Partido Popular nació en Castilla y León. El primer caso que tuvo que enfrentar José María Aznar como presidente del Gobierno se remonta a su etapa como presidente de esa Comunidad. El que fue su consejero de Economía, Miguel Pérez Villar, fue condenado e inhabilitado durante 8 años por el Tribunal Supremo en 1995 por prevaricación. Su mujer se había hecho cargo de un despacho que antes regentaba él y que se dedicaba a asesorar a empresas mineras. Pérez Villar le concedió 151 millones de pesetas en subvenciones. Nunca volvió a la política.
A pesar de este arranque del PP, el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, repite incesantemente que los casos que atenazan a la Junta no son “corrupción política, es corrupción de personas” o que “Castilla y León no está en el mapa de la corrupción”. Los planos que maneja Herrera están desactualizados, porque lo cierto es que en los casos más sonados del PP asoma la comunidad que preside:
Gürtel
Jesús Merino, exsenador, exconsejero, exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, exsecretario general del PPCyL, exdiputado, exportavoz del Grupo Parlamentario en el Congreso...está acusado en Gürtel. “Luis Bárcenas y Jesús Merino, con la colaboración de Jesús Sepúlveda, convinieron con Pablo Crespo y Francisco Correa prevalecerse de la autoridad e influencia que aquellos tenían sobre distintos cargos públicos de la formación política a la que pertenecían, fundamentalmente de la Comunidad de Castilla y León, para obtener adjudicaciones públicas a favor de las empresas de la confianza de Francisco Correa a cambio de la entrega a dichos cargos de gratificaciones en efectivo”, decía el auto del juez Ruz. Cohecho, blanqueo de capitales, apropiación indebida…las empresas de Merino, a nombre de familiares y testaferros, recibían cantidades de Correa, más de 800.000 euros según la Agencia Tributaria. Una de las adjudicaciones que benefició a Merino y a Bárcenas fue la adjudicación del Centro de Tratamiento de Residuos de Gomecello (Salamanca). La supuesta mordida alcanzó los 120.000 euros. La Fiscalía le pide tres años de prisión por cobrar comisiones de más de 300.000 euros por adjudicaciones en Castilla y León.
El procesado más mediático en Castilla y León es el empresario leonés José Luis Ulibarri. Es constructor y propietario de un conglomerado de medios de comunicación. Entre esos medios está entre los que se encuentra la televisión ‘semipública’ autonómica –recibe cada año entre 17 y 25 millones en ayudas directas del Gobierno regional- que comparte con otro empresario condenado por el ‘caso de la construcción’ de Burgos, Antonio Miguel Méndez Pozo. Ulibarri se enfrenta a una petición de siete años de prisión por haber pagado mordidas a cambio de adjudicaciones. En Boadilla del Monte se hizo con una parcela municipal para edificar 139 viviendas de lujo. Ganó el concurso porque su constructora sería la más rápida en construir, doce meses. Las viviendas no pudieron ocuparse hasta 2010. Su relación con Francisco Correa parece evidente: le compró un yate.
Las empresas de Ulibarri están en concurso de acreedores por deudas que rozan los 200 millones de euros. A pesar de ello mantiene su conglomerado de medios intacto. Hace una semana su cabecera El Mundo de Castilla y León entregaba unos premios a empresarios. Paradójicamente el lugar elegido fue el edificio de Soluciones Empresariales de la Consejería de Economía, conocido popularmente como el ‘Perla Negra’, y que forma parte de un caso de corrupción que mantiene imputada a parte de la antigua cúpula de la Consejería. Herrera, un habitual de estos premios, no acudió.
Hay un nexo más de Castilla y León con la trama Gürtel. En la investigación del caso Perla Negra, una documentación reveló que la Junta había adjudicado ‘a dedo’, sin concurso ni expediente, los trabajos de división interior del edificio de la Consejería de Economía. 4,4 millones de euros que fueron a parar, en teoría, a un estudio de arquitectura madrileño, Unifica Servicios Integrales. Se trata del mismo que reformó la sede del PP en Génova y que cobró en negro. Nadie ha explicado por qué para un trabajo sencillo se recurrió a una empresa de Madrid, relacionada con el PP nacional, ni cómo se llegó hasta ella.
Púnica
Dos de los presidentes de la Diputación de León, Isabel Carrasco –asesinada a tiros- y su sucesor, Marcos Martinez Barazón, contrataron irregularmente los servicios de Alejandro de Pedro, un empresario dedicado a mejorar la reputación on line. Sin contratar periodistas y creando varias webs, De Pedro difundía notas de prensa de la Diputación. Se le pagaba con banners en sus páginas. Carrasco no podrá responder, pero Martínez Barazón sí. Entre sus objetivos no sólo estaba la mejora de su imagen. Quería afianzarse en el sillón de la Diputación, al que llegó de forma accidental, y además presidir el PP de León. Para ello, De Pedro tenía que hablar bien de él a María Dolores de Cospedal o a Carlos Floriano. En su región no estaba bien visto, no contaba con apoyos suficientes. También benefició a De Pedro con adjudicaciones relacionados con la estación de esquí San Isidro, a sus empresas. Los delitos que se le atribuyen son fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, cohecho, revelación de información continuada, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos continuada. El perjuicio a las arcas públicas es de unos 90.000 euros.
Over Marketing
El caso Over Marketing reventó cuando el juez Castro tomaba declaración a un empresario de publicidad, Daniel Mercado, por el caso Palma Arena. Sin esperarlo, el propietario de la agencia Over Marketing desgranó una serie de amaños en concursos no sólo en Baleares, también en Madrid, Valencia y Castilla y León, con administraciones del PP, supuestamente para financiar el partido. En Castilla y León se adjudicaron contratos por valor de 3,4 millones de euros. Según Mercado, le aconsejaron fraccionar contratos para facilitar su adjudicación en procesos negociados sin publicidad en los que los concurrentes eran tres de sus empresas. Las consejerías de Sanidad, Empleo, Familia, Cultura, le dieron contratos publicitarios. De algunas de esas campañas no queda rastro, y el Grupo Socialista siempre ha dudado que se realizasen todas: durante cuatro años ha pedido información a la Junta sin éxito. Mientras en Baleares, Madrid y Valencia hay investigación penal, en Castilla y León no se ha movido un papel. Castro no dio traslado a ningún juzgado. La razón es que Castilla y León no tenía ninguna investigación abierta por financiación ilegal del PP y consideró que una declaración en fase de instrucción no tiene peso suficiente para deducir testimonio o inhibirse en favor de un juzgado de la Comunidad.
Operación Lezo
Hay dos únicos imputados de Castilla y León, pero no son desconocidos. Jesús Arranz Monje y su madre, de la constructora burgalesa Arranz Acinas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró una de sus sedes empresariales cuando estalló el caso del desfalco del Canal Isabel II. El responsable de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, vía Liechtestein, ingresó más de un millón de euros en dos cuentas, la de Arranz Monje en Panamá y la de su madre en Suiza. Según Arranz Monje, Martínez Nicolás quería formar parte de una sociedad panameña del primero que estaba inmersa en la construcción de un hotel.
La familia Arranz Acinas es muy cercana al presidente Juan Vicente Herrera. De hecho, Arranz Monje y el hermano de Herrera, Francisco Javier, crearon una sociedad en Panamá, una consultora para empresas. En paralelo, la Junta firmó un convenio para que la constructora, desde su sede panameña, gestionase una oficina de internacionalización que siempre se mantuvo en secreto. La Junta nunca ha explicado por qué subcontrató a Arranz Acinas, por cuánto dinero y por qué lo ocultó.
Aunque no hay imputación, al menos por el momento, hay más relaciones del caso Lezo con Castilla y León. El que fue presidente de la Comunidad de Madrid, y principal investigado en la causa, Ignacio González, intentó junto a su mujer entrar en el negocio de las guarderías municipales y eligieron Salamanca, gobernada por Alfonso Fernández Mañueco. En conversaciones grabadas por la UCO, se oye cómo González y su hermano Pablo comentan que “Alfonso” les va a “dar” tres guarderías. Su mujer, Lourdes Cavero, que es quien estaba al frente de la sociedad que gestionaría esas guarderías, se desplazó a Salamanca antes de que se licitase el concurso, se reunió con el responsable municipal que llevaba “lo de las guarderías” e incluso las visitó. El arresto de ambos frustró sus planes, no les dio tiempo a presentarse al concurso.
