Hacienda investiga al rey emérito por sus cacerías tras la abdicación

La Agencia Tributaria solicita a Juan Carlos I que justifique quién pagó los gastos de las cacerías a las que asistió entre 2014 y 2018, después de que abdicara, según ha adelantado El Mundo. Además del dinero con el que se financiaron las cacerías y los vuelos, también se pide la justificación de otros regalos que recibió el rey emérito de menor importe.

A diferencia de en ocasiones anteriores, la apertura formal de un procedimiento inspector, impide que Juan Carlos de Borbón puede acogerse a una regularización voluntaria de los fondos no declarados a la Agencia Tributaria. La clave a partir de ahora es determinar la cantidad con la que se incrementó su patrimonio mediante estos regalos sin declarar al fisco, teniendo en cuenta que el delito contra la Hacienda Pública está fijado en los 120.000 euros y que según esta información, por el momento, ninguno de los importes fiscalizados supera ese umbral.

No es la primera vez que Juan Carlos de Borbón se enfrenta a una investigación por sus gastos, aunque hasta ahora había logrado salir airoso. Según la información de El Mundo, los hechos ahora investigados están completamente desligados de las operaciones que el rey emérito regularizó entonces.

Las dos regularizaciones que realizó el rey emérito, y que fueron dadas por buenas por el Tribunal Supremo, sumaron algo más de cinco millones de euros. Una primera, de 678.393,72 euros en diciembre de 2020, fue llevada a cabo para hacer frente a una posible acusación de delito fiscal por los fondos opacos que recibió del empresario Allen Sanginés-Krause, un uso de fondos opacos revelado por elDiario.es.

La segunda regularización, de más de 4,4 millones de euros, llegó dos meses después por todos los gastos que la Fundación Zagatka de su primo Álvaro de Orleans sufragó durante años al rey emérito, sobre todo vuelos para el monarca. Según informó en su momento el diario El País, el dinero fue aportado por empresarios amigos de Juan Carlos de Borbón que optaron por la opción más favorable ante el fisco a la hora de dejarle este dinero.

Triple investigación archivada

El pasado marzo, la Fiscalía archivó la triple investigación que mantenía en torno al emérito alegando esas regularizaciones, que los presuntos delitos habían prescrito y que otros se cometieron cuando gozaba de inviolabilidad a pesar de reconocer que se enriqueció de espaldas a Hacienda en lo peor de la crisis económica. La Fiscalía señaló entonces que había “detectado cuotas defraudadas por parte del rey emérito entre 2008 y 2012, todas prescritas menos las de 2012, cuando también estaba protegido por la inviolabilidad”. Los hechos investigados ahora son posteriores a la abdicación, en principio no están prescritos y el emérito no puede acogerse ya a la regularización al haberse abierto de manera formal un procedimiento inspector.

Los escritos de la Fiscalía, que recogían la información recabada por el Ministerio Público, revelaron que Juan Carlos I había amasado una fortuna en el extranjero a espaldas del fisco y que había gestionado el dinero sin dar cuenta a las arcas públicas pero también que estaba protegido por su inviolabilidad, la prescripción y las regularizaciones.

Este martes se ha conocido que Juan Carlos de Borbón no regresará este fin de semana a Sanxenxo tras su polémica visita del mes pasado en la que evitó dar ningún tipo de explicación sobre su fortuna oculta, hasta el punto de ironizar sobre la posibilidad de hacerlo. Aunque la intención inicial del rey emérito era acudir a las regatas que llevan su nombre y que se celebrarán este fin de semana en la localidad pontevedresa, su entorno de amigos ha comunicado que la que iba a ser la segunda visita a España del emérito desde que en agosto de 2020 trasladó su residencia a Abu Dabi no se iba a producir por “razones estrictamente privadas”.

Este nuevo frente se suma al que Juan Carlos de Borbón tiene abierto en los tribunales británicos por la denuncia de su antigua amante, Corinna Larsen, por acoso. La aristócrata, pieza clave en la gestión de la fortuna del rey emérito, afirma que en un momento dado tanto el monarca como l entonces director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, pusieron en marcha una estrategia de acoso y difamación contra ella.

Ese proceso, que no se trata de un proceso penal sino de reclamación de una indemnización ante los tribunales británicos, ha puesto encima de la mesa el debate sobre el alcance de la inviolabilidad del rey emérito que en España le sirvió para evitar el banquillo. Los jueces de Reino Unido han determinado que, en este caso, las leyes británicas sobre inviolabilidad no pueden impedir que sea juzgado.

La Agencia Tributaria solicita a Juan Carlos I que justifique quién pagó los gastos de las cacerías a las que asistió entre 2014 y 2018, después de que abdicara, según ha adelantado El Mundo. Además del dinero con el que se financiaron las cacerías y los vuelos, también se pide la justificación de otros regalos que recibió el rey emérito de menor importe.

A diferencia de en ocasiones anteriores, la apertura formal de un procedimiento inspector, impide que Juan Carlos de Borbón puede acogerse a una regularización voluntaria de los fondos no declarados a la Agencia Tributaria. La clave a partir de ahora es determinar la cantidad con la que se incrementó su patrimonio mediante estos regalos sin declarar al fisco, teniendo en cuenta que el delito contra la Hacienda Pública está fijado en los 120.000 euros y que según esta información, por el momento, ninguno de los importes fiscalizados supera ese umbral.

No es la primera vez que Juan Carlos de Borbón se enfrenta a una investigación por sus gastos, aunque hasta ahora había logrado salir airoso. Según la información de El Mundo, los hechos ahora investigados están completamente desligados de las operaciones que el rey emérito regularizó entonces.

Las dos regularizaciones que realizó el rey emérito, y que fueron dadas por buenas por el Tribunal Supremo, sumaron algo más de cinco millones de euros. Una primera, de 678.393,72 euros en diciembre de 2020, fue llevada a cabo para hacer frente a una posible acusación de delito fiscal por los fondos opacos que recibió del empresario Allen Sanginés-Krause, un uso de fondos opacos revelado por elDiario.es.

La segunda regularización, de más de 4,4 millones de euros, llegó dos meses después por todos los gastos que la Fundación Zagatka de su primo Álvaro de Orleans sufragó durante años al rey emérito, sobre todo vuelos para el monarca. Según informó en su momento el diario El País, el dinero fue aportado por empresarios amigos de Juan Carlos de Borbón que optaron por la opción más favorable ante el fisco a la hora de dejarle este dinero.

Triple investigación archivada

El pasado marzo, la Fiscalía archivó la triple investigación que mantenía en torno al emérito alegando esas regularizaciones, que los presuntos delitos habían prescrito y que otros se cometieron cuando gozaba de inviolabilidad a pesar de reconocer que se enriqueció de espaldas a Hacienda en lo peor de la crisis económica. La Fiscalía señaló entonces que había “detectado cuotas defraudadas por parte del rey emérito entre 2008 y 2012, todas prescritas menos las de 2012, cuando también estaba protegido por la inviolabilidad”. Los hechos investigados ahora son posteriores a la abdicación, en principio no están prescritos y el emérito no puede acogerse ya a la regularización al haberse abierto de manera formal un procedimiento inspector.

Los escritos de la Fiscalía, que recogían la información recabada por el Ministerio Público, revelaron que Juan Carlos I había amasado una fortuna en el extranjero a espaldas del fisco y que había gestionado el dinero sin dar cuenta a las arcas públicas pero también que estaba protegido por su inviolabilidad, la prescripción y las regularizaciones.

Este martes se ha conocido que Juan Carlos de Borbón no regresará este fin de semana a Sanxenxo tras su polémica visita del mes pasado en la que evitó dar ningún tipo de explicación sobre su fortuna oculta, hasta el punto de ironizar sobre la posibilidad de hacerlo. Aunque la intención inicial del rey emérito era acudir a las regatas que llevan su nombre y que se celebrarán este fin de semana en la localidad pontevedresa, su entorno de amigos ha comunicado que la que iba a ser la segunda visita a España del emérito desde que en agosto de 2020 trasladó su residencia a Abu Dabi no se iba a producir por “razones estrictamente privadas”.

Este nuevo frente se suma al que Juan Carlos de Borbón tiene abierto en los tribunales británicos por la denuncia de su antigua amante, Corinna Larsen, por acoso. La aristócrata, pieza clave en la gestión de la fortuna del rey emérito, afirma que en un momento dado tanto el monarca como l entonces director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, pusieron en marcha una estrategia de acoso y difamación contra ella.

Ese proceso, que no se trata de un proceso penal sino de reclamación de una indemnización ante los tribunales británicos, ha puesto encima de la mesa el debate sobre el alcance de la inviolabilidad del rey emérito que en España le sirvió para evitar el banquillo. Los jueces de Reino Unido han determinado que, en este caso, las leyes británicas sobre inviolabilidad no pueden impedir que sea juzgado.

La Agencia Tributaria solicita a Juan Carlos I que justifique quién pagó los gastos de las cacerías a las que asistió entre 2014 y 2018, después de que abdicara, según ha adelantado El Mundo. Además del dinero con el que se financiaron las cacerías y los vuelos, también se pide la justificación de otros regalos que recibió el rey emérito de menor importe.

A diferencia de en ocasiones anteriores, la apertura formal de un procedimiento inspector, impide que Juan Carlos de Borbón puede acogerse a una regularización voluntaria de los fondos no declarados a la Agencia Tributaria. La clave a partir de ahora es determinar la cantidad con la que se incrementó su patrimonio mediante estos regalos sin declarar al fisco, teniendo en cuenta que el delito contra la Hacienda Pública está fijado en los 120.000 euros y que según esta información, por el momento, ninguno de los importes fiscalizados supera ese umbral.