El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno decidió este miércoles, “ante la gravedad de los hechos”, abrir una pieza secreta para investigar la ingente documentación que el PSOE remitió sobre los pagos en metálico efectuados a todos sus cargos y empleados de la sede nacional durante los últimos siete años (2017-2024).
Nunca un juez tuvo en sus manos una documentación parecida de ningún partido político. Ni pidió tanta información de tantos dirigentes y trabajadores de una formación con tan escasos indicios de delito.
Ni siquiera nadie se atrevió a tanto en la causa abierta por la caja b del PP, un caso investigado, juzgado por la Audiencia Nacional. El PP, condenado en ese proceso, disfrutó durante al menos 20 años de unos ingresos en metálico de ocho millones de euros abonados por empresarios, muchos de ellos contratistas de la administración pública. Con ese dinero se abonaron desde las obras de reforma de la sede del partido hasta sobresueldos para la cúpula de la organización.
El juez Pablo Ruz que investigó aquellos hechos nunca reclamó los pagos en metálico a todos los directivos y trabajadores de Génova, 13. Tan sólo pidió las cuentas oficiales del partido y comparó los ingresos declarados con los que aparecían en los papeles del extesorero Luis Bárcenas. Ese trabajo le permitió descubrir que parte del dinero en metálico ingresado en la caja b era blanqueado el mismo día mediante su ingreso en las cuentas de donativos anónimos que tenía abiertas el PP en un banco situado justo debajo de su sede principal.
La petición de esta ingente información al PSOE por parte del juez Ismael Moreno tiene su origen en las sospechas del magistrado del Supremo, Leopoldo Puente. Tras investigar un descuadre de 500 euros en los pagos en metálico al exministro José Luis Ábalos, se mostró sorprendido de que el PSOE mantuviera en pleno siglo XXI un método escasamente riguroso de compensar a directivos y trabajadores por unos gastos de comidas o desplazamientos que debían justificar con facturas.
El magistrado Puente interrogó a los responsables de la tesorería del partido y no encontró “suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico de las que el PSOE dispondría en su propia sede para hacer frente con ellas a las compensaciones de gastos que, también en metálico, satisfacían a los señores Ábalos y García y a otros posibles beneficiarios (habida cuenta de que explicaron que esta forma de pago no era entonces infrecuente)”. El magistrado sacó esa conclusión pese a que el PSOE le facilitó distinta documentación bancaria para acreditar la limpieza de esas operaciones. El dinero en metálico utilizado para los pagos llegaba a la sede del partido a través de una compañía de seguridad previa solicitud al banco donde el partido tenía abierta una cuenta con sus ingresos oficiales.
Pero eso no fue suficiente para eliminar la sospecha del magistrado, que remitió el caso al juzgado de la Audiencia Nacional que investigaba las comisiones ilegales supuestamente pagadas a Ábalos y a su asesor Koldo García por los empresarios que vendieron mascarillas al ministerio de Transportes en lo peor de la pandemia.
El juez Ismael Moreno decidió indagar en las sospechas del magistrado Puente y para eso pidió al PSOE todos los pagos en metálico a todos los dirigentes y trabajadores del partido en la sede nacional de la calle Ferraz. Inquieto ante tan abultada solicitud de documentación, el abogado del PSOE preguntó al juez si quería los pagos en metálico a todos los dirigentes y trabajadores o sólo aquellos pagos que el Supremo consideró bajo sospecha, referidos a Ábalos y Koldo García. El juez insistió en pedir toda la documentación y el PSOE envió un sobre cerrado con un pendrive y un ruego: que se investigara el caso en una pieza secreta para evitar que los datos estén al alcance de todas las partes y puedan difundirse públicamente aunque carezcan de relevancia penal.
¿Qué delito se investiga? De momento se desconoce. La única tesis no acreditada suficientemente es que Ábalos y Koldo pudieron engañar al partido endosándole gastos privados. Eso querría decir que Ábalos y Koldo robaron al PSOE un dinero que este partido había ingresado limpiamente en sus cuentas oficiales de funcionamiento ordinario.
Pero el PP interpreta que tras los últimos pasos del juez Ismael Moreno, la Audiencia Nacional está investigando en realidad la financiación ilegal del partido en el Gobierno, la puntilla necesaria, según los conservadores, para tumbar a Pedro Sánchez.
De lo que se conoce hasta ahora, nada apunta a que el dinero en metálico pagado por el PSOE a sus dirigentes esté vinculado a una caja b, pues tiene acreditado su origen en las cuentas oficiales de funcionamiento del partido.
El PSOE considera la nueva causa declarada secreta por el juez Ismael Moreno como “una investigación dispuesta sobre la nada más absoluta”. Para el instructor se trata, sin embargo, de unos hechos graves que deben ser investigados en una pieza secreta ante el “carácter reservado de la documentación aportada por el PSOE”. El partido investigado recuerda que jamás reembolsó unos gastos sin que se le presentara un recibo o una factura y considera que la Audiencia ha iniciado “una carrera al absurdo”.