La imputación al presidente de Murcia pone de nuevo en jaque el pacto entre Rivera y Rajoy
A Albert Rivera no le está resultando nada fácil hacer cumplir a Mariano Rajoy el acuerdo anticorrupción que ambos firmaron para que pudiera ser investido presidente del Gobierno. La imputación del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por un presunto delito de corrupción cuando era alcalde de Puerto Lumbreras ha vuelto a poner en jaque el pacto y en una difícil tesitura a Ciudadanos, que ha dejado abierta la posibilidad de sumarse a una moción de censura contra el presidente regional en el caso de que éste persista en continuar en su cargo.
En Ciudadanos no quieren tener que llegar a ese extremo. Una solución que propugnan es que el PP promueva un candidato alternativo a Sánchez, aunque sea de manera “provisional” hasta que se despeje el horizonte judicial del presidente murciano. Pedro Antonio Sánchez está citado a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia el próximo 6 de marzo.
El malestar en el partido de Rivera ha ido creciendo al comprobar que el propio Mariano Rajoy ha decidido proteger al regidor murciano, que aspira también a presidir el PP en el próximo Congreso regional en sustitución de Ramón Luis Valcárcel.
Siguiendo las directrices de Génova, Sánchez se ha enrocado en su cargo y ha dejado claro que solo dimitirá si el juez dicta apertura de juicio oral contra él por el 'caso Auditorio'.
A los naranjas tampoco les ha gustado que el portavoz conservador, Rafael Hernando, les haya pedido que no den “más vueltas de tuerca” al tema hasta que Sánchez declare ante el juez.
El ahora presidente de Murcia arrastra este caso sobre la adjudicación de las obras del auditorio de Puerto Lumbreras - Seguir leyendo: http://www.libertaddigital.com/temas/caso-auditorio-puerto-lumbreras/desde 2006, cuando era alcalde de esta localidad. Aunque desde el PP insisten en que las posibles acusaciones que pesan sobre él se circunscriben a “irregularidades administrativas”, el juez le está investigando por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude contra la Administración y falsedad en documento oficial.
Los populares se aferran además a que en Ciudadanos han cambiado el baremo para decidir cuándo debe dejar su cargo un dirigente acusado por corrupción. Según la ley integral que acaba de presentar en el Congreso el partido de Rivera, este baremo se fija en la apertura del juicio oral y no en el momento de la imputación o de una investigación, como firmaron en el pacto de investidura.
Pero los de Rivera insisten en que en el acuerdo que rubricó su partido en la región de Murcia queda clarísimo que la dimisión se debe producir en el mismo momento de la imputación. Junto a esto, y además de apelar a la ley de Transparencia autonómica, esgrimen que el propio Sánchez dio su palabra de que se iría si finalmente era investigado, como ha ocurrido ya.
Varios miembros de la Ejecutiva naranja, empezando por el mismo Rivera, han sacado a relucir en las últimas horas ese compromiso, entre ellos, el secretario de Comunicación, Fernando de Páramo, en un entrevista con eldiario.es.
Lo cierto es que no es la primera vez que los conservadores ponen en tela de juicio ese punto del pacto anticorrupción. La inesperada muerte a finales de noviembre de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, poco después de que fuese obligada a dejar sus cargos en el PP -aunque mantuvo su escaño de senadora- por el caso del 'pitufeo' ante las presiones recibidas de dentro y de fuera de su partido, abrió una profunda reflexión en el PP. El portavoz parlamentario, Rafael Hernando, sorprendió entonces al partido de Rivera al asegurar que posiblemente habría que “darle una vuelta” al compromiso firmado entre los dos partidos, que obligaba a dimitir a los cargos públicos en el momento de ser imputados.
Dilatar los tiempos
Desde el PP están intentando dilatar los tiempos. Así, la reunión que le ha pedido por carta el portavoz regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez, a Pedro Antonio Sánchez, se ha fijado para la semana que viene. En esa carta le pide al regidor del PP que “recapacite y no ponga en juego la estabilidad de la región”.
A los de Rivera ese retraso también les viene bien ya que les da a su vez margen para seguir negociando, mientras acusan a los populares de ser los culpables de que la situación siga enconada y sin solución.
La posibilidad de una moción de censura no entusiasma a los dirigentes regionales de Ciudadanos, que han pedido “calma”. El PP cuenta con 22 parlamentarios en la Asamblea murciana; el PSOE tiene 13; Podemos, 6 escaños y Ciudadanos solo 4, pero es el partido que sustenta al gobierno conservador. Para que prosperase una moción de censura promovida por los socialistas y Podemos, Ciudadanos tendría que apoyarla para ganar por 23 frente a 22 votos.
Pero desde Madrid Rivera quiere que se vea que su partido es inflexible con la corrupción y que no va a dejar pasar ni una más. Por ello ha emplazado a Rajoy a poner encima de la mesa el nombre de un dirigente de su propio partido que sustituya a Sánchez. “Sería contradictorio que el PP no quisiera un gobierno del PP”, ha remachado.
El líder naranja ha reconocido a su vez que la reunión de la semana que viene entre el portavoz de su partido y el presidente regional será “decisiva”. Tras ella –ha dicho– el PP “tiene la oportunidad” de proponer un presidente “limpio, que no esté imputado”, un perfil que desde Ciudadanos dudan de que vaya a ser fácil de encontrar en las filas del PP murciano.
Las conversaciones desde Madrid para desbloquear la situación las están llevando el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, y el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maillo.
