Un lunes de octubre de 2014 la Guardia Civil ejecutaba una de las mayores operaciones anticorrupción de la historia de España. La operación Púnica arrancaba con la detención de Francisco Granados y más de medio centenar de personas acusadas de formar parte de una red de corrupción municipal y regional asentada, sobre todo, en la Comunidad de Madrid. Casi una década después el caso acumula más de diez piezas separadas, una condena firme y tres ramificaciones a la espera de juicio. La última, hace unos días, cuando la Audiencia Nacional procesó a 21 personas por contratos irregularmente adjudicados en tres localidades madrileñas.
El caso, en realidad, había arrancado casi un año antes, cuando la Fiscalía de Suiza contactó con las autoridades españolas para explicar que habían encontrado varias cuentas sospechosas y ligadas a un político español. Meses después Francisco Granados era arrestado por orden del sexto juzgado de la Audiencia Nacional. Mano derecha de Esperanza Aguirre durante años en la Comunidad de Madrid, había dejado sus puestos en política y su escaño en el Senado meses antes por tener cuentas en Suiza desde 1999.
El estallido de la operación Púnica desveló que el problema no era solo que Granados hubiera amasado su fortuna en Suiza a espaldas del fisco español. La investigación hizo aflorar una red de corrupción que atravesaba una docena de municipios en Madrid, León, Murcia y la Comunitat Valenciana con adjudicaciones millonarias manipuladas a favor de determinados empresarios y con la financiación irregular del PP de Esperanza Aguirre de fondo.
El caso con epicentro en el Valdemoro de Granados estuvo a punto de irse a pique por un chivatazo pero finalmente se llevó por delante a media docena de alcaldes, puso a la filial española de GDF Suez en el centro de la trama de contratos amañados y sacó de las profundidades del Registro Mercantil al empresario David Marjaliza. De conseguidor de la trama a colaborador de alta gama para los investigadores, el hombre que reconoció haber quemado carros de la compra llenos de documentación comprometedora es el protagonista de la última pieza enviada a juicio por Manuel García Castellón.
El auto de procesamiento de esta ramificación del caso deja al borde de juicio a 21 personas por la adjudicación irregular de más de 30 contratos públicos a empresas ligadas a Marjaliza en Valdemoro y Torrejón de Velasco, entonces gobernadas por el Partido Popular, y Serranillos del Valle, localidad gobernada entonces por el partido independiente Unión Democrática Madrileña. La trama se quitó el corsé del ladrillo y se lanzó a captar el máximo de servicios posibles: el estacionamiento regulado, la recogida de ropa usada, la explotación de cafeterías, párquines, pistas de pádel, los comedores escolares, la grúa municipal o la asistencia jurídica del consistorio.
Según los investigadores y según ha reconocido el propio empresario, en esos años (2010-2014) David Marjaliza se convirtió en uno más en los procesos públicos de adjudicación. Influía sin mucho esfuerzo en las decisiones municipales para que sus empresas se hicieran con unos contratos que, en ocasiones, no eran muy cuantiosos pero sí garantizaban décadas de acceso a las arcas públicas. Algunas de estas concesiones estaban programadas para durar hasta 40 años. A cambio, pago de comisiones o incluso encuestas “de contenido político” para valorar la imagen del alcalde de Torrejón de Velasco por el PP.
Los datos de esta pieza separada ilustran cómo Valdemoro se convirtió en el gran feudo municipal de la trama. El ayuntamiento que dirigió Francisco Granados hasta su salto a la política regional en 2003 de la mano de Esperanza Aguirre cuenta en este caso con tres ex alcaldes en la nómina de acusados: José Carlos Boza, José Miguel Moreno y el propio Granados. Con ellos nueve altos cargos del consistorio, incluyendo varios concejales, acusados de hasta siete delitos relacionados con la corrupción política y empresarial. Entre los expedientes bajo sospecha, el proyecto de construcción de un centro comercial con bolera y gimnasio con 75 años de negocio por delante.
De Cofely a la financiación ilegal del PP
La operación Púnica pertenece a la época dorada del naming de las causas de corrupción. En la actualidad una causa se bautiza como 'Mediador' si hay un empresario que hace de mediador, o 'Cuarteles' si la trama se desarrolla en cuarteles de la Guardia Civil. Pero hubo una época de filigranas en la que la Guardia Civil o la Policía Nacional llamaban 'Gürtel' a una causa porque así se decía en alemán el apellido de Francisco Correa, o 'Pokémon' si había tantos imputados que era imposible hacerse con todos. La Púnica debe su nombre al término en latín para referirse al árbol del granado, y eso lleva directamente al PP de Madrid, su cúpula y su financiación con Francisco Granados al frente.
Hay otras dos piezas listas para juicio de la docena que llegaron a abrirse. Una de ellas ahonda en la vertiente municipal de la trama: 37 personas al banquillo, entre ellas alcaldes de Torrejón de Velasco (PP), Moraleja de En Medio (PP), Parla (PSOE), Alcalá de Henares (PP), Valdemoro (PP), Collado Villalba (PP), Móstoles (PP) y Serranillos del Valle (UDM) por adjudicaciones irregulares a la multinacional Cofely por valor de casi 224 millones de euros y con David Marjaliza nuevamente como conseguidor para que los contratos de eficiencia energética cayeran en manos de la filial española del gigante gasístico francés GDF Suez. El mayor pelotazo de la trama fueron los 60 millones que Móstoles adjudicó a Cofely con Daniel Ortiz, diputado regional del PP hasta 2016, como alcalde.
La tercera pieza, ya acabada y lista para juicio, llevó a los investigadores a las cuentas del Partido Popular de Esperanza Aguirre y al centro de su autoproclamado estanque de ranas. García Castellón propuso el pasado mes de octubre que ocho personas fueran juzgadas por la financiación irregular del PP en dos elecciones regionales y unas generales entre 2007 y 2011, aunque una parte importante estuviera prescrita. Ocho procesados entre los que está Francisco Granados, el gerente del partido Beltrán Gutiérrez y el exconsejero madrileño Borja Sarasola. Y también 71 sobreseimientos, entre ellos el de Esperanza Aguirre, que una vez más evitará el banquillo de los acusados.
Según el juez, los años faraónicos de Esperanza Aguirre fueron también los años de la financiación irregular de su partido y algunas de las campañas que la encumbraron en política. En 2011 el partido afirmó ante la Cámara de Cuentas que había gastado algo menos de tres millones de euros en las elecciones regionales en las que Aguirre había doblado en votos al PSOE. La realidad era que habían gastado más de siete millones, muy por encima del límite legal, y la diferencia estaba en la 'caja B' de dinero opaco que amasaba y gestionaban Granados y Gutiérrez.
Un dinero que salió de una docena de empresas que trabajaron en la campaña y que facturaban los trabajos de forma irregular para que la cuenta real del PP no llamara la atención y sacar adelante la contratación de espacios publicitarios en prensa y radio, comprar más de 300 banderas de poliéster o una campaña publicitaria relacionada con Nuevas Generaciones, entre otras cosas. Según la investigación hubo más pero está todo prescrito: por ejemplo en las elecciones de 2007, con la inauguración bajo sospecha de la línea de Metro que a día de hoy se traga las casas de los vecinos de San Fernando de Henares.
La financiación supuestamente irregular del PP, emulando a sus primos segundos de la Gürtel en Majadahonda o Pozuelo de Alarcón, no salpicará legalmente a Esperanza Aguirre. El juez García Castellón decidió dejar a la principal beneficiada de esa financiación fuera del procesamiento en una decisión que terminó por confirmar la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. No hay pruebas, afirman los jueces, que permitan acusar a Aguirre de conocer y permitir estas irregularidades.
Todas las ramas del punica granatum
Con la trama Gürtel ya en buena parte juzgada y sentenciada, la Púnica es la que promete copar el calendario de corrupción de la Audiencia Nacional en los próximos años, y no solo por estas tres piezas separadas con auto de procesamiento ya dictado. El negocio urbanístico de Valdemoro, los trabajos de imagen de Alejandro de Pedro o los manejos de Francisco Granados en la propia Comunidad de Madrid siguen en la cola de asuntos pendientes de la Audiencia.
Las dimensiones de la causa, con varios cientos de imputados a lo largo de su tramitación, han dejado hueco para las confesiones de David Marjaliza y Francisco Granados, hilo conductor de todas las piezas y supuestos cabecillas de la trama, con el dedo del segundo apuntando sin éxito a Aguirre. Pero algunas derivadas han llevado, por ejemplo, hasta la política actual.
Fue en 2016 cuando, tal y como ha contado elDiario.es, el nuevo equipo de Gobierno de la localidad de Arroyomolinos afirmó que había descubierto a la ex concejala de Juventud destruyendo documentación que tenía guardada en tres bolsas de basura. Esa concejala es la hoy alcaldesa de la localidad pero también vicesecretaria de organización territorial del PP de Madrid, en la práctica número 3 de Isabel Díaz Ayuso y está imputada por un juzgado de Navalcarnero. Acusada de adjudicar más de 670.000 euros a un empresario del que, además, cobraba por el alquiler de un piso al doble del precio de mercado. Varios de sus familiares trabajaron, además, para este empresario.
Esa denuncia del nuevo consistorio acabó en 2016 en manos del juez del caso Púnica porque en ese momento la lupa estaba puesta en los contratos de este ayuntamiento con Waiter Music, otra de las empresas con mayor protagonismo en el entramado.
Eclipsada por las primeras sentencias del caso Gürtel, la operación Púnica adquiere protagonismo en un momento en el que las macrocausas de corrupción se extinguen poco a poco en la dinámica investigadora de la Audiencia Nacional. Una nueva bomba de racimo que dibuja el poder que los empresarios y políticos supuestamente corruptos adquirieron, sobre todo, en la Comunidad de Madrid de la mano del Partido Popular con una decena de juicios por delante.